La segunda sesión del Pleno de las Cortes de Castilla y León correspondiente al mes de febrero vuelve a situar al Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco del lado de su compañero de viaje en el Gobierno autonómico, la ultraderecha, cediendo a sus exigencias y rechazando propuestas que, hasta hace un año, cuando se firmó el acuerdo que llevaría a Vox al poder, habría sido impensable no sólo que tuvieran que plantearse, sino que fueran refutadas por la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

De este modo, el PP ha dicho no a una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que instaba a la Junta de Castilla y León al cumplimiento de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, y, por tanto, a oponerse a la declaración como bienes de interés cultural de símbolos franquistas que aún perviven en Castilla y León, reciente iniciativa de Vox que pretende “salvar” esos vestigios de la dictadura de Francisco Franco que siguen en pie en la Comunidad Autónoma.

De igual forma, los procuradores de Mañueco en las Cortes han ayudado a los de extrema derecha a tumbar otra propuesta socialista, una moción en materia de empleo, (una de las carteras del Gobierno que dirige Vox, la del consejero anti-comunistas Mariano Veganzones), que pedía al Gobierno de Mañueco el restablecimiento de la aportación nominativa a las organizaciones sindicales y empresariales, los programas de formación y orientación laboral, y reforzar las políticas activas de empleo. 

La moción socialista solicitaba, además, la comparecencia del propio consejero de Empleo e Industria en las Cortes para informar de los acuerdos del Dialogo Social.

PP y Vox sumaban su mayoría, de nuevo, en este caso, contra la propuesta de blindar los derechos de trabajadores y empresarios, y de proteger a los más vulnerables, oponiéndose al conjunto de medidas recogidas en la moción, que incluían la recuperación del Dialogo Social y la financiación del Servicio de Relaciones Laborales, Serla, que subsiste estos primeros meses del año con la escasa caja que le queda, pero que fue castigado sin presupuesto para 2023 por decisión de Vox, poniendo en riesgo así el empleo de seis personas y el trabajo por la paz social de ese organismo, que ha respaldado el Tribunal Supremo.

Ultraje al Estatuto de Autonomía

La portavoz socialista de Industria, Comercio y Empleo, Alicia Palomo, defendió en su intervención que la batería de medidas socialistas implica el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, que precisamente cumple 40 años el próximo día 25, y que, en su opinión “PP y Vox están ultrajando.”

Palomo calificó de “aberrante el resultado del circo de gobierno del PP y la extrema derecha” y se preguntó cómo puede decir la Junta que fomenta el Diálogo Social, mientras el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dirige a los suyos a votar contra los acuerdos y consensos alcanzados y celebrados durante décadas, consintiendo que el consejero ultra desprecie constantemente a las organizaciones sindicales y empresariales, y el portavoz del PP llame egoístas a estos últimos.

“En vez de fomentar el Dialogo Social, lo están destrozando”, aseveró Palomo, que reprocho al Gobierno regional haber eliminado los programas más importantes de formación y orientación laboral, los programas de ayudas de inserción laboral a mujeres víctimas de violencia de género, atención a migrantes, las ayudas a trabajadores en ERTE y los programas de integración y empleo.

“¿Con qué cara van a celebrar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, si, no solo no lo respetan, sino que lo están ultrajando”, se preguntó la representante socialista, denunciando el flagrante incumplimiento de la Ley y 8/2008 de 16 de abril, que regula el Consejo del Diálogo Social, al eliminar en los Presupuestos la obligación legal de fomentar la participación institucional consignando anualmente una partida presupuestaria como subvención nominativa.

En el texto legal se recoge que esa subvención irá destinada a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, con independencia de las subvenciones que éstas perciben para el fomento de su actividad como organizaciones de interés general en el ámbito económico y social.

“Y ya para rematar la faena y cuadrar el círculo", enfatizó Palomo, "eliminan el sistema autónomo de solución de conflictos laborales en Castilla y León, incumpliendo de nuevo la ley y haciendo saltar por los aires por el Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución autónoma y determinados aspectos de la negociación colectiva”, denunció .

“Lo de Vox ya lo sabemos… Pero, ¿dónde está el PP?, se preguntó, finalmente, la portavoz socialista.

Protegiendo el recuerdo de la dictadura

Por otro lado, el Partido Popular de Mañueco ha apoyado con sus votos el propósito de Vox de vulnerar la Ley de Memoria Democrática y declarar Bien de Interés Cultural (BIC) 190 elementos (placas y emblemas) franquistas que aún permanecen en Castilla y León, impidiendo que prosperara la propuesta del PSOE para frenar la declaración como Bienes de Interés Cultural, (BIC), de estos elementos, que promueve la extrema derecha, sorteando la Ley estatal existente.

El procurador socialista José Ignacio Martín Benito señaló en su intervención que “detrás del intento de declaración BIC de los símbolos franquistas en Castilla y León está el intento de VOX de exaltar la memoria y el pasado totalitario de España” con la complicidad del PP de Mañueco. 

De hecho, el portavoz socialista recordó que la Ley “no habla para nada de destrozar símbolos, sino de retirada y depósito, con un registro de los mismos”. 

De igual forma, el portavoz del PSOE criticó el cambio de postura del PP, que impulsó la memoria democrática en las legislaturas de Juan Vicente Herrera, pero que ahora “traga” con las exigencias de la extrema derecha para mantenerse en el poder.

Martín Benito también afeó al PP el intento de justificar y respaldar la posición de Vox, que “no pretende salvaguardar todo tipo de elemento con valor documental” sino “los vestigios franquistas”. Por eso, fue claro al preguntar al PP “si está con la memoria democrática o con la memoria totalitaria”. 

La propuesta socialista fue respaldada por C’s, UPL y Podemos. De hecho, la Unión del Pueblo Leonés sostuvo que Vox «defiende cuestiones nostálgicas de un dictador», y no entender la «equidistancia» del PP en esta materia