El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está remando para opacar la investigación sobre las obras del piso de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Desde que el pasado mes de diciembre diera carpetazo al procedimiento de sanción urbanística alrededor de la vivienda del barrio de Chamberí en la que el empresario vivía con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la oposición ha tratado hasta en tres ocasiones de ejercer su derecho constitucional a acceder al expediente para fiscalizar al Ejecutivo municipal. El consistorio, tras más de un mes de peticiones, respondió con un informe jurídico negando la información a Más Madrid.
El procedimiento partía de unas obras en la mencionada vivienda, y Almeida lo cerró con una simple multa por la instalación ilegal de unos aparatos de aire acondicionado. Según el primer edil madrileño, esta fue la única infracción cometida por el novio de Isabel Díaz Ayuso, ignorando la inspección municipal que expuso que no existía un permiso urbanístico que habilitase los trabajos, incluyendo las labores de derribo de tabiques la redistribución de habitaciones o la sustitución de la carpintería externa, según publica la Cadena SER.
Las tres peticiones de Más Madrid ignoradas por Almeida
La primera de las tres peticiones de información, a las que ha tenido acceso ElPlural.com, fue registrada por María del Mar Barberán, concejala de Más Madrid, ante el área de Gobierno de vicealcaldía el 4 de diciembre del pasado año. En ella, la edil solicitaba “copia íntegra” del expediente de disciplina urbanística y del expediente contencioso sobre las obras del piso de Alberto González Amador. Más de un mes después, el partido de Rita Maestre seguía sin recibir respuesta por parte del Ayuntamiento, por lo que el 10 de enero presentaron una reiteración a la misma petición de Barberán, la cual repitieron el pasado lunes 20.
Pasado más de un mes de la primera petición de Más Madrid, el Ayuntamiento tuvo a bien responder a Barberán. El Ejecutivo de Almeida denegó las peticiones de la oposición, amparándose detrás de un informe de la Asesoría Jurídica Municipal, al que también ha tenido acceso este medio. En este, se expone que la solicitud del expediente de disciplina urbanística “debe dirigirse al Distrito de Chamberí pues no es un expediente sobre cuyo acceso corresponda a esta asesoría jurídica pronunciarse”. Del mismo modo, sobre el segundo documento solicitado, se argumenta que “al tratarse de información que obra en expedientes judiciales, debemos considerar que la autoridad competente para otorgar dicha información no es el Ayuntamiento de Madrid, sino la autoridad judicial”.
Por ello, el informe concluye que “no procede acceder a la petición de información solicitada”. Una negativa que, desde Más Madrid creen, responde a que Almeida “juega para proteger sus intereses y los de Ayuso”, en palabras de la portavoz de la formación, Rita Maestre: “Volvemos a exigir aquí que se respete el derecho constitucionalmente reconocido de concejales y concejalas para ejercer nuestra tarea de fiscalización y control del Gobierno”, reclamó ante los medios de comunicación. El principal partido de la oposición a Almeida exige también al primer edil “que trabaje en el interés de todos los madrileños y no actúe como la defensa y el abogado” del novio de Ayuso, “porque no es su papel como alcalde de Madrid”.
Almeida no publica la resolución del expediente casi dos meses depués de asegurar que "es de acceso libre"
En medio del juego político entre el líder municipal y la Comunidad de Madrid, para tratar de salvar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de este caso y de sus confesos delitos fiscales -gracias a los que habría podido pagar las obras que Almeida trata de opacar-, el Ayuntamiento aseguró que la resolución de cierre del expediente era pública y de acceso libre para los madrileños. Sin embargo, a día de hoy sigue sin aparecer en el portal municipal de consultas urbanísticas, hecho que se suma a la negativa de facilitarlo por la vía política a los concejales de la oposición. Más Madrid recuerda que tanto la Ley reguladora de las bases de régimen local como el reglamento del Pleno consistorial recogen el derecho a obtener esta información de parte de la Administración municipal.
Eduardo Rubiño, portavoz adjunto del partido, aseguró que el líder del PP madrileño está vulnerando el artículo 23 de la Constitución, impidiendo ejercer el derecho a la participación en los asuntos públicos a los representantes de los madrileños en la oposición a Almeida. Del mismo modo, está poniendo trabas a la labor de control y la fiscalización al Gobierno que, se supone, es la primordial de dichos concejales. Rubiño pide a Almeida que “deje de proteger a su jefa y se ponga del lado de la ciudadanía y no de un delincuente confeso”.
