El pasado miércoles, la Comisión Europea señaló al Ejecutivo de la Comunidad Valenciana por un nuevo escándalo. Desde Bruselas dieron un toque de atención a la entidad autonómica, que dirige Carlos Mazón, por el cobro de tasas portuarias a barcos de ayuda humanitaria con carácter retroactivo. Esto ya fue denunciado el pasado mes de agosto por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, y ha resurgido ahora tras la pregunta ante la Eurocámara de Vicent Marzà, de Compromís.
La Comisión respondió al diputado valenciano lo siguiente: "Las decisiones en materia de tasas recaen en las autoridades portuarias, pero las tasas retroactivas pueden suscitar reservas relacionadas con la seguridad jurídica, reservas que los órganos jurisdiccionales nacionales están en mejores condiciones de examinar". El cobro de estas tasas, contraviene además la propia legislación de la Generalitat. Amaia Iguaran, responsable del ‘Aita Mari’, una de las embarcaciones afectadas, lo dice claramente en su entrevista con ElPlural.com: "Mazón ha incumplido la ley de Puertos".
Mazón "incumplió la ley" y cobró hasta 450.000 a embarcaciones humanitarias
Esto es lo que dice el artículo 4 de la Ley 1/1999 de Tarifas Portuarias -aprobada bajo el mandato de Zaplana- en los embarcaderos de la Generalitat Valenciana: “Quedan exentos del pago de las tarifas portuarias (…) el material y las embarcaciones de la Cruz Roja Española dedicados a las labores propias que tiene encomendadas esta institución, y de otras entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas”. El Consell previo al de Mazón, el del Botànic, recalcó este punto en su Ley 13/2016 de medidas fiscales, gestión administrativa y financiera y de organización, cubriendo además las paradas técnicas que estos barcos realizan en los puertos de la Generalitat.
Desde Bruselas, dejan la solución del caso en manos de los tribunales españoles, pero si que matizan que deben ser los estados miembros de la Unión Europea (UE) los que están obligados a garantizar que las operaciones de rescates humanitarios en el mar no se vean obstaculizadas por motivos legales, ya que podría tener graves perjuicios en las vidas de las personas migrantes. A la vez, también podrían ser motivo de vulneración de los derechos humanos y normativas mundiales recogidas en la Convención de la ONU sobre el Derecho de Mar, así como el Convenio Internacional sobre Investigación y Salvamente Marítimo.
En septiembre, se conoció que la Generalitat reclamó 450.000 euros en tasas a embarcaciones humanitarias. La ONG Salvamento Marítimo Humanitario, que opera, entre otras embarcaciones, el ‘Aita Mari’, denuncia que la Generalitat les ha cobrado un total de 63.300 euros en concepto de tasas portuarias con carácter retroactivo. La organización recurrió en el momento en el que recibieron la primera de estas reclamaciones, pero el Consell “no ha contestado”, como expone Iguaran: “Si tenemos que llegar a tribunales, pues llegaremos a tribunales. Pero primero agotaremos las vías administrativas”.
Vox calificó al 'Aita Mari' como "negreros y cooperadores de mafias"
Mientras se resuelve este caso, el Ejecutivo de Mazón no solo no ha dado respuesta a la ONG, que rescata migrantes en el Mediterráneo, sino que ha mandado otra factura de 1.205 euros por las tasas portuarias que reprocha la Comisión. La responsable del ‘Aita Mari’ es clara: “Nos parece que están incumpliendo la ley y vamos a seguir adelante”. Iguaran lamenta también el perjuicio que esto supone a su labor humanitaria: “Que no se le olvide a nadie que nosotros salimos a salvar vidas”.
Esta labor no ha tenido un gran recibimiento por parte de la administración valenciana. Además de las tasas cobradas por Mazón, algo que “nunca había pasado” en el resto de regiones en las que opera el ‘Aita Mari’, la ONG está inmersa en un procedimiento por una querella presentada contra Vox. El motivo de la demanda de conciliación fueron las declaraciones de Jesús Albiol, diputado en Les Corts, secretario de Vox Castellón y concejal del Ayuntamiento de Burriana, en la Cadena SER, donde dijo que “el Aita Mari es un barco negrero y cooperador necesario de las mafias que trafican con personas”.
Desde Salvamento Marítimo Humanitario consideran “calumnias” las palabras del diputado de ultraderecha, y decidieron presentar su querella porque “no todo vale”. La responsable del ‘Aita Mari’ explica que ya hubo un acto de conciliación previo a la demanda, que tuvo lugar en Burriana, pero que Albiol “no se presentó”, por lo que el caso va ahora por la vía judicial.
