La gestión política de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana ha trascendido fronteras, llegando a recibir un toque de atención desde Bruselas. En concreto, la Comisión Europea ha emitido una respuesta formal sobre las tasas retroactivas impuestas por la Generalitat a los barcos de ayuda humanitaria por los rescates en el Mar Mediterráneo, siendo uno de los casos más conocidos el del Aita Mari.
A respuesta de la pregunta del eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, el Gobierno europeo alegó dudas sobre la legalidad de estos cobros, alertando a su vez de los riesgos en clave de seguridad jurídica que esto puede acarrear. Cabe reiterar que el montante que reclama el Consell de Mazón a estas embarcaciones por tasas acumula hasta 450.000 euros.
La Comisión Europea, liderada por Ursula Von der Leyen, considera que las tasas del Ejecutivo de Mazón provocan “reservas relacionadas con la seguridad jurídica”; es decir, la aplicación de estas medidas podría poner en riesgo los derechos de las organizaciones humanitarias, afectando por ende a sus capacidades para maniobrar de manera adecuada y legal. Y es que las decisiones sobre estas tasas a puertos tampoco están reguladas a nivel europeo en puertos como los de Burriana, Dènia y otros de propiedad de la Generalitat.
De esta manera, Bruselas sitúa la última palabra sobre la gestión de esta cuestión en los tribunales españoles. Sin embargo, sí que ha matizado que deben ser los estados miembros de la Unión Europea (UE) los que están obligados a garantizar que las operaciones de rescates humanitarios en el mar no se vean obstaculizadas por motivos legales, ya que podría tener graves perjuicios en las vidas de las personas migrantes.
A la vez, también podrían ser motivo de vulneración de los derechos humanos y normativas mundiales recogidas en la Convención de la ONU sobre el Derecho de Mar, así como el Convenio Internacional sobre Investigación y Salvamente Marítimo.
Cabe recordar que fue el pasado mes de septiembre cuando trascendió que, en tasas portuarias, se reclamaron 450.000 euros a nueve embarcaciones de salvamento marítimo que, entre 2021 y 2024, atracaron en puertos de gestión autonómica para tareas de reparaciones o descanso de personal, entre las que destacaron, además del Aita Mari, otras de Open Arms, Mission Lifeline o Salvamento Marítimo Humanitario, entre otras, encargadas de rescatar a miles de migrantes en alta mar.
Compromís culpa a Mazón de “incoherencia moral”
Ante tal resolución de la Comisión Europea, en voz de su europarlamentario, Compromís ha subrayado que la postura de Bruselas “deja claro que salvar vidas en el Mediterráneo no sólo no es un delito, sino una obligación moral de la administración pública”. Y es que reiteraron que esta denuncia contra las tasas de la Generalitat ya venía de tiempo atrás al considerar que estas son “barreras legales que PP y Vox” ponían para dificultar las tareas de rescate.
Poniendo sobre la balanza así la gestión tras la devastadora DANA, con más de 220 muertos sólo en la provincia de Valencia, así como las medidas aplicadas sobre esta cuestión humanitaria vía marítima, el eurodiputado de Compromís tachó de “hipocresía” la política aplicada por los populares valencianos: “Cuando mueren personas ahogadas cada día en el Mediterráneo, lo que hace la Generalitat valenciana es perseguir a aquellos que intentan salvar vidas. La incoherencia moral del PP es casi tan grande como su incompetencia”, afirmó.
