El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha rechazado investigar las comunicaciones de los periodistas que destaparon el presunto doble fraude fiscal relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Tal y como adelanta elDiario.es, en su auto, el magistrado enfatizó la protección del secreto profesional y las fuentes de información.
"En ningún caso cabe acceder a lo solicitado, dada su condición de periodistas en activo, y la afectación que la medida pudiera tener para su secreto profesional, y la especial protección que merecen las fuentes de información", ha disertado el juez. González puso sobre la mesa una ristra de peticiones para que se investigase quién había cruzado mensajes en marzo de 2024 con el fiscal general o la fiscal provincial de la Comunidad de Madrid. Dentro de esa lista se encontraban cuatro periodistas de elDiario, el peridoista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos y Cynthia Coiduras, de este periódico.
El juez Hurtado, que tomará declaración al fiscal general el próximo 29 de enero en calidad de investigado, sí que ha aceptado poner en marcha algunas diligencias sobre el teléfono de Álvaro García Ortiz, como pedir información a la Fiscalía sobre protección de datos y el uso de teléfonos y e-mails. Sin embargo, los periodistas han quedado eximidos de las presiones exigidas por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En este sentido, el auto acepta algunas de las peticiones de González Amador, pero se niega categóricamente a recabar información sobre las comunicaciones de periodistas con los investigados, en caso de que existieran. "En ningún caso, y cualquiera que fuere ese resultado, se accederá a diligencia alguna que puede suponer afectación al secreto periodístico", expone el texto.
A su vez, las acusaciones también habían pedido al magistrado que profundizase en la investigación sobre la posible participación de Moncloa en lo ocurrido, después de que el ex secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, declarase que Pilar Sánchez Acera, asesora de Presidencia, había tenido acceso a la confesión del empresario antes de que fuera publicada en los medios de comunicación.
Por otra parte, también hay otras personas que han sido solicitadas para declaración, pero el juez ha decidido aplazar la decisión de su llamamiento. Entre ellas, Francesc Vallés o Ion Antolín, entonces responsables de comunicación en el Gobierno y el PSOE respectivamente. "Sin perjuicio de lo que pueda requerir el avance de la instrucción, entre lo cual conviene valorar, previamente, hasta qué punto puede ser relevante su toma de declaración de cara al esclarecimiento de los hechos, que deberá ser ponderado en resolución aparte", ha decidido. En esencia, esto implica que por el momento no tendrán que declarar, pero la puerta a que lo tengan que hacer sigue abierta.
