En diciembre del pasado 2024, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, informó de que se había cerrado el procedimiento por sanción urbanística contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. El motivo partía de unas obras en su vivienda, que finalmente provocó la multa por la instalación ilegal de unos aparatos de aire acondicionado. Según el primer edil madrileño, esta fue la única infracción en la que habría incurrido el novio de Isabel Díaz Ayuso, independientemente de que la inspección consistorial detectara la ausencia de título urbanístico que habilitase los trabajos, incluyendo las labores de derribo de tabiques la redistribución de habitaciones o la sustitución de la carpintería externa, según expone la Cadena SER.
El primer edil madrileño destacaba que la resolución con la que se daba carpetazo al expediente era pública y de acceso para cualquier ciudadano de a pie. No obstante, esa afirmación no es del todo cierta. Máxime cuando la documentación continúa sin aparecer en el portal municipal de consultas urbanísticas. Tampoco se ha permitido a las fuerzas de oposición acceder a ella pese a las ya innumerables solicitudes de acceso que se han cursado. De hecho, los grupos del a oposición al PP reclamaron hasta en tres ocasiones acceder al expediente de disciplina. Lo hicieron el 4 de diciembre y el 10 y el 20 de enero. Por supuesto, sin suerte, pues el consistorio no ha resuelto aún tales requerimientos.
Trabas de Almeida
Recuerdan desde la oposición que tanto la Ley reguladora de las bases de régimen local como la normativa del Pleno del consistorio madrileño garantizan el derecho de los ediles que lo conforman a obtener del Gobierno local toda la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones, siempre que no obren en manos de los servicios municipales. Por ello, en esta dirección, desde Más Madrid, según expone la Cadena SER, precisan que la solicitud tiene una relevancia excepcional. Arguyen que, al tratarse de un expediente vinculado a las obras en el piso de la pareja de la presidenta madrileña, que denunciaron desde el propio grupo. En este sentido, los ediles de la formación municipal han reclamado el acceso al expediente del recurso contencioso administrativo que presentó González Amador contra la orden emitida por Almeida para legalizar las obras.
El Consistorio ha respondido negativamente a esta última solicitud, argumentando, en base a un informe de la Asesoría Jurídica Municipal, que la información solicitada es de carácter judicial. Por tanto, la autoridad judicial, no el Ayuntamiento, es quien tiene la competencia para autorizar o no el acceso a la misma. Para Más Madrid, resulta claro que el alcalde ha decidido obstaculizar el control y la fiscalización de su gestión por parte del principal grupo de la oposición, violando la normativa vigente y vulnerando los derechos fundamentales de la oposición.
El portavoz adjunto, Eduardo Rubiño, asegura que Almeida está infringiendo de forma deliberada el derecho de los concejales de la oposición a participar en los asuntos públicos, derecho que establece el artículo 23 de la Constitución. De este modo, está impidiendo que se ejerzan las funciones de control y fiscalización del equipo de gobierno. Rubiño también le ha solicitado al alcalde que "deje de tapar los asuntos turbios de Alberto González Amador, que deje de proteger a su jefa y se ponga del lado de la ciudadanía, no de un delincuente confeso".
