Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la Comunidad y la ciudad de Madrid no pueden más, y así se lo hicieron saber el pasado fin de semana mediante una manifestación en los aledaños de la Puerta del Sol que reunió a cerca de 1.000 personas -5.000 según las organizadoras- a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida.
La situación lleva atascada desde diciembre, en tanto en cuanto las profesionales están en huelga indefinida desde el día 16, aunque las reclamaciones por sus condiciones laborales son poco menos que históricas; si bien la situación se ha encrudecido recientemente a partir de la reciente prórroga de sus contratos, en contra de los cuales las trabajadoras exigen una renovación total de los documentos que deberían ampararlas.
Y es que esta continuidad -hasta abril de este año en el caso de Sol y hasta junio en el caso de Cibeles- no considera la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ni el aumento del coste de la vida, ni el crecimiento salarial para las trabajadoras que prevé el convenio colectivo sujeto a la adjudicación de los nuevos pliegos de condiciones, según denuncian los sindicatos UGT, CGT y OSAD.
La oposición mantiene esta línea. De hecho, la portavoz de Más Madrid en el Consistorio, Rita Maestre, no duda en tachar de “rácana” y “tacaña” la justificación del equipo de Almeida para esta decisión: comparar los precios de otros contratos actualmente vigentes para defender que el precio de los contratos municipales son inferiores y, en consecuencia, beneficiosos para la administración pública. “Vulnera principios como los de proporcionalidad y deja al descubierto la incapacidad del PP de gestionar adecuadamente los servicios públicos”, emite la formación progresista.
El razonamiento hace aguas en tanto en cuanto la comparación se hace sobre contratos adjudicados hace dos o tres años y frente a algunos de otras comunidades autónomas en las que no se aplica el convenio colectivo firmado en 2024.
Asimismo, la instrucción se dictó en un marco normativo anterior al que se encuentra en vigor (es decir, la ley de contratos del sector público) y no consideró la aplicación de la normativa sobre prohibición de revisión de precios.
Los precios del contrato municipal son un 7,29% inferiores para los días laborales y un 13,55% para los días festivos a los precios del contrato de la región. Si se compara con el salario que perciben las compañeras de otras ciudades, por ejemplo, en Tarragona cobran un 17,27% más y en algunos lugares del País Vasco más de la mitad. Entretanto, destacar que esta situación, que la parte disidente califica de precaria, afecta a 17.000 personas en toda la Comunidad y a más de 12.000.
En declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración y remitidas a este periódico, la responsable primera de Más Madrid en el Ayuntamiento exige a Almeida y su equipo que “cumplan de forma inminente” con las trabajadoras, lo cual pasa por “dejar de prorrogar los pliegos existentes y dar forma a unos nuevos”.
Dos o tres millones de euros de un total de 6.500
Y hace especial hincapié en la justificación del Consistorio: “No puede ser una decisión más rácana y tacaña que la de no querer gastarse dinero”. “Almeida compara con otros servicios como el País Vasco o Tarragona, diciendo que allí pagan mucho más y que lo que ellos quieren es pagar menos (…) Ni siquiera hace falta irse de Madrid. Aquí mismo, otros ayuntamientos como el de Rivas Vaciamadrid paga 26 euros la hora, mientras que el Ayuntamiento de Madrid con un presupuesto de 6.500 millones de presupuesto y un récord en las transferencias que el Estado le va a hacer a la Comunidad no llega a los 18 euros la hora”, dicta.
En consecuencia, Más Madrid considera evidente que se trata de una decisión “política” que solo responde a la “tacañería de un partido que pretende “gastarse dos o tres millones de un presupuesto que pasa los 6.000”.
Como resultado a la operación, la formación presentaba 10.000 firmas. y ha pedido formalmente al Ayuntamiento de Madrid una reunión con la formación y las trabajadoras a la vez que recuerda una enmienda que presentó su grupo para dotar de ocho millones a este servicio: “No vamos a parar. Se van a cansar de oírnos, sobre todo a las trabajadoras, que están dando un ejemplo de firmeza y valentía en un contexto muy difícil, con una huelga que roza el SMI (…)”.
Desde el PSOE de Madrid en la ciudad, Reyes Maroto pide Ayuso y Almeida que no prorrogue los contratos, así como la incorporación de mejoras laborales y salariales que patronal y sindicatos han acordado, que pasan, entre otras cosas, porque se les pague más de los 1.080 euros que perciben actualmente estas profesionales. “Detrás del trabajo de estas mujeres está la dignidad de nuestros mayores”, refrenda.
Igualmente, la portavoz socialista lamenta que las dos administraciones están “dejando tiradas a las trabajadoras”, no el Gobierno Central con esas transferencias. “Una comunidad y una ciudad como Madrid no se pueden permitir tener salarios de pobreza”, asevera.
