El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se sentó el pasado lunes en sede judicial para hablar acerca de sus presuntos delitos fiscales. Era la quinta vez que era llamado con el objetivo de que declarase sobre sus negocios polémicos, ya que las cuatro veces había evitado hacerlo, la última de ellas aludiendo que la fecha le coincidía con un trabajo de negocios.
Evidentemente, todas las miradas estaban puestas sobre él -que finalmente se ha acogido a su derecho a no declarar-, pero no es el único que estaba citado alrededor del caso. Así las cosas, los nombres y los motivos del resto de personas que han tenido que acudir a las dependencias judiciales, aunque con el mismo resultado que el empresario son:
- Agustín Carrillo Saborido: Miembro del Partido Popular en la localidad hispalense de Arahal que se habría deducido de manera “indebida” facturas por valor de 41.200 euros por servicios no prestados por Baluarte Desarrollo Centro Especial de Empleo y Desarrollo Social del CEE el Manantial SL.
- José Miguel Carrillo Saborido: Hermano del anterior, habría llevado a cabo la misma gestión que él con “cinco facturas” por valor de 66.000 euros de “la sociedad Blanconera de Servicios Profesionales”, y por “10.500 euros” por “Blanconera SPA SLU”.
- David Herrera Lobato: En su caso dispone de 18 empresas en el mismo municipio de Sevilla y habría elaborado las facturas falsas con una de las compañías del compañero sentimental de Ayuso, mientras que González Amador se habría deducido ilegalmente con Bianconera de Servicios Profesionales, una de las muchas empresas de Herrara. El montante económico habría sido de 66.000 euros.
- Maximiliano Eduardo Niederer González: Otro empresario, en su caso mexicano y presunto testaferro del novio de la presidenta regional en las dos mayores facturas falsas con las que habría defraudado a Hacienda entre 2020 y 2021. La jueza ordenó a las autoridades localizarle el pasado 31 de enero, dado que su defensa no había facilitado su dirección.
Relaciones con el PP de Andalucía
La denuncia que llegó hace ya cosa de un año a la Fiscalía Provincial de Madrid contra González Amador iba también dirigida a las cuatro personas mencionadas anteriormente. En este sentido, tal y como pudo saber ElPlural.com, una de ellas -Agustín Carrillo Saborido- era miembro del PP andaluz y tenía vínculos familiares con los conservadores en la capital andaluza. De hecho, la relación entre Carrillo Saborido y el Partido Popular es tan estrecha que éste llegó a ir como número 11 de la formación en los comicios.
El ‘Día D’ de Alberto González Amador
Cuatro citaciones más tarde, la pareja de Ayuso ha acudido al Juzgado de Primera Instancia número 46 por dos presuntos delitos fiscales por valor de 350.000 euros. A pesar de que su defensa ha pedido una nueva suspensión, mientras que la Audiencia Provincial resuelve el recurso del empresario que le imputa dos nuevos de fraude en los negocios y administración desleal, la jueza se ha negado. Ha sido entonces cuando el novio de Ayuso se ha acogido a su derecho a no declarar.
Según ha conocido ElPlural.com de primera mano por fuentes presenciales, el letrado de González Amador ha pedido la suspensión alegando que, al no encontrarse resuelto el recurso por parte de la Audiencia, la magistrada estaría vulnerando los derechos de su cliente, pero que en cuanto quede resuelto pedirá la declaración voluntaria del novio de la presidenta.
Pero la jueza ha denegado su petición. En marzo se cumplirá un año desde que la instrucción diera el pistoletazo de salida y, como ya advirtió la Fiscalía, para que la causa continúe había que tomarle declaración, aunque el implicado se acogiera a su derecho a no declarar, antes de que se cumpliera el plazo. Desde el pasado lunes, ya se pueden pedir las prórrogas de las investigaciones contempladas en la normativa.
Las veces que el novio de Ayuso ha escapado a la Justicia
Hasta cuatro veces el novio de Ayuso ha escapado de declarar ante la Justicia. La primera se remonta a junio de 2024, cuando fue la acusación popular, representada en PSOE y Más Madrid, la que pidió el aplazamiento para investigar cinco nuevos supuestos delitos registrados en un informe de la Agencia Tributaria.
Más adelante, en octubre, la jueza Inmaculada Iglesias acordó abrir un caso aparte para investigar si la pareja de la presidenta regional habría cometido un delito al emplear una compañía con la que “ocultar sus ingresos” con el grupo sanitario con el que trabajaba.
