Más Madrid ha presentado este jueves sus alegaciones al Plan Reside de José Luis Martínez-Almeida alertando del “impacto negativo” que esta nueva normativa puede tener en los barrios de Madrid. En concreto, la portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita Maestre, es la que ha presentado las alegaciones a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y ha destapado punto por punto su letra pequeña.
“El Plan Reside de Almeida es el Plan Expulsa, ya que es totalmente contrario a lo que proclama: sirve en bandeja la ciudad a los fondos buitres y es un plan sin límites para las viviendas turísticas ilegales”, ha señalado Rita Maestre. Así, ha remarcado que además de las miles de Viviendas de Uso Turístico (VUT) ilegales que ya existen, con este plan podría llegar a haber hasta casi 400.000 nuevas en la ciudad; así como también destruirá el comercio de barrio, desprotegerá el patrimonio arquitectónico y profundizará en la turistificación.
Más Madrid ha presentado cinco alegaciones al plan de Almeida tras haber realizado una evaluación del impacto de esta modificación en el uso residencial mediante el análisis de datos espaciales y urbanísticos. Con estas cinco alegaciones alertan del negativo impacto que la nueva normativa de regulación del uso turístico va a tener sobre el conjunto de la ciudad, en palabras de Rita Maestre.
La letra pequeña del plan de Almeida, al detalle
La portavoz de Más Madrid ha ido desgranando las trampas del plan del Gobierno de Martínez-Almeida para, según ha considerado, dejar la ciudad en manos de fondos buitre y grandes operadoras turísticas mientras las personas son expulsadas de sus barrios y Madrid se convierte en un decorado para los turistas.
En primer lugar, Maestre ha señalado que “este plan dice una cosa y hace la contraria”, ya que promete proteger las viviendas habituales y el pequeño comercio, así como poner en valor el patrimonio arquitectónico en la zona central (Área de Planeamiento Específico APE), pero “sirve en bandeja” el centro de Madrid a los fondos buitre y a las grandes operadoras turísticas; también deja el resto de la ciudad en manos de los “superanfitriones” de Airbnb y no combate el problema real que suponen las viviendas de uso turístico ilegales.
Más Madrid ha vuelto a alertar de que más del 98% de la oferta de vivienda turística es ilegal, y el Ayuntamiento dirigido por el popular sigue sin hacer nada para cerrarlas. “Hoy hay más de mil viviendas ilegales más que cuando Almeida lanzó su plan hace diez meses”, ha advertido Maestre. Al respecto, han informado desde el grupo líder de la oposición que al ritmo actual de inspecciones se tardarán casi cuatro décadas en clausurar las 16.000 viviendas ilegales y 75 años en recuperarlas para el parque de vivienda habitual.
En el mismo sentido, han remarcado que gran parte de los edificios del APE están protegidos y podrían pasar a ser edificios completos de viviendas turísticas, según el plan de Almeida, algo que haría a los barrios perder identidad y generar un impacto turístico todavía mayor: de 15.300, casi 10.000 edificios residenciales tienen algún nivel de protección (64%) y si la rehabilitación del patrimonio del plan de Almeida pasa por transformarlo en hospedaje, los barrios pierden identidad y el impacto de la turistificación es mucho mayor.
En el APE, de la misma forma, se concentran más edificios de propiedad vertical y más viviendas en alquiler. Esto hace que aumente la vulnerabilidad de residentes e inquilinos ante potenciales expulsiones, y en el área afectada por el plan de Almeida, casi 26.000 viviendas podrían convertirse en VUT y se pondría mucho más fácil la oportunidad para los grandes tenedores.
La norma del alcalde popular permite transformar dotaciones privadas en viviendas para alquiler asequible o coliving a cambio de la rehabilitación patrimonial. ¿Para qué?, se ha preguntado la líder de la oposición, “¿no sería mejor recuperar las viviendas turísticas ilegales? ¿por qué perder dotaciones y calidad residencial en el centro para tapar su incompetencia?”.
Además de las VUT ilegales que ya existen, con este plan podría llegar a haber en Madrid hasta casi 400.000 nuevas (315.000 viviendas en edificios residenciales completos y 66.000 en locales comerciales), y se sigue sin regular nada, tal como ha afeado Maestre.
Asimismo, desde Más Madrid han denunciado que la normativa restringe el cambio de uso de locales de planta baja a VUT en el APE y en los ejes comerciales de la capital, con lo que se limita el desarrollo de las actividades económicas comerciales. “En Madrid estamos perdiendo miles de comercios cada año y esta tendencia seguirá y se incrementará sin duda alguna: una ciudad al servicio de la economía de plataformas: Airbnb, Amazon, Uber, Glovo…, mientras el comercio de barrio agoniza”, ha denunciado Maestre.
Las alegaciones de Más Madrid
En sus alegaciones, Más Madrid ha señalado que la zonificación propuesta genera desigualdades al no aplicar criterios unificados en la regulación del uso residencial y turístico, provocando una redistribución de la presión turística hacia barrios periféricos. Su análisis revela al respecto que el Ayuntamiento identifica los problemas que afectan al uso residencial, pero las medidas normativas que plantea contradicen o pueden agravar dichos problemas y generar efectos adversos como una mayor exclusión residencial en las áreas más vulnerables.
Por otra parte, en la zona central, en lugar de blindar el uso residencial habitual en áreas donde se ha detectado una mayor pérdida de vivienda, el planeamiento utiliza la rehabilitación patrimonial como excusa para incentivar el cambio de uso hacia usos distintos al residencial.
Y la propuesta de reconvertir dotaciones privadas en uso residencial supone un grave perjuicio para la ciudad al disminuir los ya escasos equipamientos y servicios en las zonas centrales; así como el concepto de “alquiler asequible” carece de una definición precisa y normativa que garantice su implementación efectiva, lo que deja abierta la puerta a interpretaciones que podrían desvirtuar el objetivo de esta medida.
Más Madrid también ha remarcado que el estudio económico que acompaña a la modificación carece del rigor necesario para sustentar las decisiones planteadas: no se proporcionan análisis detallados ni datos suficientes que permitan valorar adecuadamente los impactos económicos, sociales y urbanísticos de las medidas propuestas, lo que incumple los requisitos mínimos de fundamentación de un planeamiento de estas características.
Y, por último, el grupo líder de la oposición en el Ayuntamiento ha denunciado que el Gobierno de Almeida está planteando la modificación del Plan General mientras se desarrolla legislación de carácter superior o sectorial: en concreto, el proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 79/2014, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid, y el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.
