El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un plan de doce medidas, divididas en tres objetivos, para abordar la crisis de la vivienda. “Más vivienda, mejor regulación y más ayudas”, ha proclamado el jefe del Ejecutivo, que ha recitado el abordaje “contundente” que la coalición quiere sacar adelante este 2025 para dar solución al que consideran “el principal problema de las clases media y trabajadora”. La construcción y rehabilitación del parque existente, las exenciones fiscales y las limitaciones a los pisos turísticos y la especulación han vertebrado el discurso.

Los principales ministros socialistas han estado presentes en el acto al que no ha acudido ningún miembro de la parte minoritaria de la coalición, que defienden otras políticas frente a un “problema grave, muy serio de enormes implicaciones y que requiere una respuesta decidida”. No obstante, el jefe del Ejecutivo no se ha detenido en esta ausencia y ha querido rememorar las "políticas neoliberales del Partido Popular (PP)", que explotaron por los aires la burbuja y dejaron a cientos de miles de familia en la calle; contraponiéndolas con las medidas que se han aplicado estos últimos años.

“No son suficientes", ha reconocido Sánchez, "podemos convertirnos en una sociedad dividida en dos clases: propietarios ricos e inquilinos pobres”, ha defendido, considerando que existen muchos indicadores que apuntan a que estamos cada vez más cerca de ello. “Por mucho que digan los economistas libertarios”, ha proseguido, “la evidencia científica demuestra que el control de precios funciona cuando viene acompañado de medidas estructurales”, ha continuado, antes de presentar las doce medidas con la que pretende dar un vuelco a la crisis habitacional y pedir a las autonomías que abandonen el modelo de especulación impulsado por Aznar.

Las 12 medidas para vivienda

“Doce medidas contundentes, muchas de ellas sin precedentes, con tres objetivos: más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas”, ha presentado el socialista su estrategia para combatir el desfase de viviendas construidas y hogares creados cada año.

  1. Transferencias de viviendas y suelos a la nueva Empresa Pública de Vivienda: El Estado ha transferido ya 3.300 inmuebles y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir más. Asimismo, se sumarán 13.000 viviendas de la Sareb, conocido como el banco malo, y otras 17.000 de forma progresiva.
  2. Dotación de prioridad en la compra de vivienda y suelos para la empresa pública, con carácter supletorio respecto al derecho de las CCAA.
  3. Blindaje de la vivienda protegida del Estado, garantizando por ley que su titularidad sea pública de forma indefinida.
  4. PERTE de Vivienda: Proyecto estratégico destinado a innovar y modernizar el sector de la construcción para poder más casas en menos tiempo y con menos coste. Este se desarrollará en Valencia, buscando colaborar con la reconstrucción del tejido económico, sumamente dañado con la DANA.
  5. Creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible, asegurando al propietario el cobro de la renta de alquiler y al inquilino una mayor oferta a precio asequible y equidad en el acceso.
  6. Creación de un nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible: ayudas para la reforma de pisos para poner en alquiler asequible durante mínimo cinco años.
  7. Aprobación (si así lo quiere el Congreso de los Diputados) de exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda basándose en el Índice de Precios de Referencia, aunque no se ubiquen en zonas tensionadas.
  8. Aprobación (Congreso de los Diputados) de tributación de los pisos turísticos como actividad económica, incluyendo la aplicación de IVA en zonas con mayor dificultad habitacional o de saturación turística.
  9. Condicionamiento de las ventajas fiscales de las SOCIMI únicamente a la promoción de vivienda en alquiler asequible.
  10. Limitación de la compra de viviendas por parte de extranjeros no comunitarios y no residentes, multiplicando la tasa de compra hasta el 100% del valor.
  11. Endurecimiento de la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada y creación de un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda.
  12. Nuevo Plan de Estatal de Vivienda (entrada en vigor en 2026): Aumentará los programas de ayuda vigentes y prestará una especial atención a las personas mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a aquellas que residen en zonas degradadas.

Todas estas medidas, además, vendrían acompañadas de la reforma de la Ley del Suelo, actualmente en trámite parlamentario, con la que el Gobierno quiere volver a probar suerte en la Cámara Baja. Esta modificación, aseguran, facilitaría la reducción de burocracia, aceleraría los procesos de construcción y ampliaría la disponibilidad de suelo para la construcción privada.