La mendicidad, a consulta en la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento de la capital ha emitido un cuestionario en el portal ciudadano Decide Madrid para “garantizar la convivencia” con la idea de, si así lo consideran los madrileños, proyectar una nueva ordenanza de Convivencia.

"Mendicidad coactiva u organizada"

Entre las preguntas, abiertas a toda persona que, a título individual o de colectivo, quiera participar de ellas, se erige la siguiente: “¿Consideras necesaria la existencia de normas de convivencia ciudadana en el espacio público establecidas por el Ayuntamiento de Madrid con respecto a las siguientes cuestiones?”.

Y la enumeración contempla los siguientes aspectos: Degradación y vandalismo; Limpieza y uso del espacio, bienes y servicios públicos; Molestias generadas por el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública; Mendicidad coactiva u organizada; Venta ambulante ilegal; Grafitis; Hacer acampada o fogatas y Uso inadecuado de espacios municipales (pistas deportivas, zonas verdes…)

Los votantes deben valorarlo del 1 al 5 y tienen la posibilidad de contestar abiertamente si creen que “hay más aspectos que puedan favorecer la convivencia ciudadana en nuestra Ciudad que deberían regularse o modificar su actual regulación para mejorarla”.

Hace unos días, la delegada del área de Seguridad, Inmaculada Sanz, ya explicaba que la posible normativa que prepara su área incluirá medidas para “evitar conductas incívicas”. A partir de ahí, la Junta de Gobierno dio el primer paso para desarrollar la mencionada ordenanza, la cual no se puede llevar a cabo sin someterla antes a examen ciudadano.

El consistorio define el objetivo último como un “texto regulatorio de las normas de convivencia en el espacio público, donde las personas puedan desarrollar en libertad actividades de libre circulación, de ocio, de encuentros y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás, así como a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas existentes”.  

“Se busca garantizar que Madrid siga siendo la gran ciudad para vivir, trabajar, visitar y que mantenga y mejore su calidad de vida y bienestar presente y futuro (…) Proteger el derecho de todos a disfrutar del espacio público y de los bienes y servicios de titularidad pública en unas condiciones de seguridad, tranquilidad, dignidad y adecuada conservación”, añaden en una nota de prensa remitida a este periódico. Para ello, se contemplarán “mecanismos y medidas de intervención municipal encaminadas a evitar conductas incívicas”.

“(…) Se abrirá un amplio proceso de diálogo con todos los interlocutores sociales que deseen aportar su experiencia y propuestas: sindicatos policiales, asociaciones de vecinos, entidades del tercer sector, plataformas de afectados por comportamientos incívicos, entidades deportivas y culturales, organizaciones empresariales, comunidades educativas”, añaden desde Cibeles, siendo éste otro de los puntos sobre los que recaen dudas habida cuenta de que tanto las asociaciones vecinales como la oposición y los sindicatos -entre otros- reprochan históricamente al equipo de Almeida la falta de diálogo frente a cuestiones mollares.

Endurecer el consumo de alcohol en la calle o los grafitis

En la actualidad, la normativa municipal contempla penas para el consumo de alcohol en la calle y el grafiti, las dos cosas castigadas con sanciones de entre 100 y 600 euros la primera (500 para menores de edad) y entre 2.000 y 3.000 euros la segunda (hasta 6.000 en el caso de los reincidentes).

Normativa franquista

En Madrid existió hasta 2021 una ordenanza que prohibía la mendicidad. Nacida en 1948, durante el franquismo, se denominaba Ordenanza Municipal de Policía Urbana y prohibía este ejercicio “bajo cualquier forma y en todo lugar”. Pedir una limosna en la calle ya era motivo de castigo, pues las personas que lo hacían podrían “ser amonestadas por primera vez y conducidas, si reincidieren, a los Albergues de Mendigos”. Allí se procedía “a su clasificación y a la incoación de expediente”.

Ciudades que ya lo llevaron a cabo

Hay ciudades de nuestro país que ya se mueven en esta línea. Un caso llamativo y reciente es el de Alicante, donde el Ayuntamiento aprobó en 2022 multas de hasta 1.500 euros para quienes ejercían la mendicidad, una cantidad que podía elevarse hasta los 3.000 euros en el supuesto de se tratara de empleados menores para este fin. La norma preveía también amonestaciones por dormir sobre un colchón en la calle y fue sacada adelante con el beneplácito del PP, Vox y Ciudadanos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tumbó la ordenanza y el consistorio recurrió al Tribunal Supremo.

En Reus, el Ayuntamiento también trató de prohibir la mendicidad, en su caso en 2019 e igualmente mediante una ordenanza que en esta ocasión censuró el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque el tema excedía las competencias municipales.