Con el telón de fondo del nuevo proyecto que pretende impulsar el Ejecutivo de la Puerta del Sol sobre macrorresidencias, la oposición a Isabel Díaz Ayuso ha venido esgrimiendo, además de su negativa, las características de la iniciativa que imposibilitarían su puesta en marcha tanto por las buenas condiciones para los mayores como por el escenario laboral para ejecutarla. Teniendo en cuenta que el proyecto ‘marca Madrid’ dista del pacto entre el Ministerio de Derechos Sociales con las comunidades autónomas en 2022, y del que el Gobierno de Díaz Ayuso se desmarcó en su momento, éste radica en que estos centros de gestión público-privada tendrán más plazas de las recomendadas a nivel estatal y ratios menores en sus profesionales, lo que podría generar una probable situación de saturación nada más arranquen sus funciones.
“Ayuso va a perpetuar un modelo de macrorresidencias que son verdaderos infiernos para las personas mayores porque su único objetivo es el negocio. Además, se vuelve a declarar insumisa de las buenas propuestas que vienen del Gobierno de España para que las residencias sean lo más dignas posibles y lo más parecidas a un hogar”, lamenta Lorena Morales, diputada y portavoz de políticas sociales del Grupo Socialistas de la Asamblea de Madrid en conversaciones con ElPlural.com.
De esta manera, los socialistas madrileños hacen el inciso de que, con esta nueva normativa autonómica, queda exento que las residencias “puedan hacer la remodelación que camina a un modelo más digno y centrado en los cuidados para las personas mayores”: “Todo por la pasta en esta Comunidad, aunque eso le cueste el sufrimiento y la vida a las personas mayores”, reprocha la portavoz.
En similares términos se postulan desde Más Madrid, al puntualizar que Ayuso “ignora” la resolución del Consejo Territorial que realizó Derechos Sociales al respecto y que dicta cómo se debe proceder en ratios y plazas en las residencias de mayores: “Lo ignora a pesar de que los sindicatos le hicieron constar el obligado cumplimiento de la resolución en la mesa sectorial de políticas de Protección Social en 2023. La Orden 2680/2024 de la Comunidad de Madrid sigue apostando por las macrorresidencias, a costa de seguir afectando gravemente la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia”, expone la diputada Diana Paredes en conversaciones con este periódico.
Desde la formación liderada por Manuela Bergerot dictan así que el problema de la presidente de Sol es que “pone a las empresas que se lucran del sector de la atención y los cuidados por encima de las necesidades de las personas mayores y dependientes”. Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y a la hora de publicación de este artículo, no ha recibido respuesta sobre esta cuestión.
Pladigmare denuncia un acuerdo por debajo del carácter de mínimos
Por otra parte, ElPlural.com se ha puesto en contacto con Miguel Vázquez, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (PLADIGMARE), quien sostiene que "el acuerdo de acreditación de Madrid debería ser invalidado porque empeora el carácter de mínimos impuesto por el Consejo Territorial".
"El acuerdo a nivel nacional establece que, en las zonas rurales, el máximo de plazas de nueva creación debe ser de 75, en las intermedias de 90 y en las zonas urbanas de densidad de población grande, de 120. Sin embargo, la Comunidad de Madrid establece 150 plazas para cada residencia sin distinguir en función de la densidad de población. (...) Tiene que haber un 65% de habitaciones individuales, mientras que la Comunidad de Madrid lo reduce al 50%. También establece que tiene que haber un protocolo de maltratos a conocer por usuarios, familiares y trabajadores, y en la Comunidad de Madrid esto desaparece. Se empeora notablemente el acuerdo adoptado a nivel estatal, y además con un afán de hacer oposición al Gobierno central, aunque quien lo pague sean las personas mayores", lamenta Vázquez.
"Así las cosas, el acuerdo de la Comunidad de Madrid empeora las condiciones mínimas y hace que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid reciban una atención de peor calidad con relación a los de cualquier otra comunidad autónoma que sí esté dispuesta a mantener los estándares mínimos", ahonda en declaraciones a este periódico.
Ayuso, a la contra del Gobierno con su proyecto de macroresidencias
Fue en 2022 cuando la cartera gubernamental -entonces dirigida por Ione Belarra, ahora por Pablo Bustinduy- pactó con todas las autonomías, excepto Madrid, no acometer esta clase de modelo de residencias en aras de aumentar las ratios de sus profesionales y limitar las plazas de residentes a 75, con un límite por lo alto de 120. Sin embargo, Ayuso tomó la dirección contraria. Así las cosas, el pasado mes de noviembre cuando el Ejecutivo de Sol formalizó, a través de su consiguiente publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el impulso de este nuevo modelo de residencias a instancias del dictamen del Ministerio de Derechos Sociales.
Con un horizonte de materialización a corto plazo, el Ejecutivo de Ayuso ya ha adelantado que construirá hasta 40 centros de estas características, empezando por el que se asentará en el barrio de Las Rosas, en San Blas, con una capacidad para 150 interinos, es decir, superando los límites dictaminados por el Gobierno central. Las diferencias entre ambas administraciones son claras: Moncloa propone ratios de trabajadores del 0,51, mientras que Madrid del 0,45; el Ministerio establece unidades de convivencia de hasta 15 personas, mientras Sol lo fija en 25.
