Sigue adelante el proyecto "ilegal" del Gobierno de la Comunidad de Madrid en San Sebastián de los Reyes. ElPlural.com desveló en exclusiva que el Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso había dado luz verde a la construcción de 488 viviendas del Plan Vive sobre el cauce del Arroyo de la Dehesa, en el municipio madrileño. Esto lo hizo sin contar con la concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo, lo que debería haber impedido la legalización de las obras. Para más inri, las viviendas no contaban con licencia de primera ocupación, algo imprescindible para que los inquilinos puedan acceder al inmueble.
Todas estas irregularidades no han impedido que el plan del Gobierno regional siga según lo establecido. Ni siquiera la acción de numerosas plataformas vecinales y ecologistas, que denunciaron la ilegalidad "manifiesta" de estas construcciones, han parado los pies al equipo de Ayuso. El pasado 9 de julio, como estaba previsto, se llevó a cabo el sorteo de las 488 viviendas, como ha confirmado Diario de Sanse. Los resultados de este no son públicos, pero esto confirma que la Comunidad de Madrid ha hecho oídos sordos y llevará este "disparate", como lo califican desde la plataforma 'Dehesa Viva', hasta el final.
El "ataque medioambiental" de las viviendas ilegales del Plan Vive
El Gobierno de Ayuso era consciente un año antes, como se demostró, que estaba construyendo viviendas sobre un arroyo. La Confederación Hidrográfica del Tajo les advirtió de que esto era ilegal, y que no contaban con la correspondiente autorización. Nada pareció importar al Ejecutivo madrileño, que ha seguido adelante con este proyecto que, además de su ilegalidad "manifiesta", supone un enorme impacto ambiental en uno de los pulmones de la Comunidad de Madrid.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, una vez terminadas las obras, resolvió que al menos 150 de las 488 viviendas construidas como parte del Plan Vive eran ilegales. Esto era debido a que se asentaban sobre el cauce del Arroyo de la Dehesa, que es de dominio hidrográfico público. En concreto, su construcción habría vulnerado la Ley de Aguas, que impide que se exploten los cauces de los ríos sin la correspondiente autorización. Esto obligaría a la Comunidad de Madrid a demoler aquellos inmuebles que no hubieran recibido el visto bueno, algo que, por el momento, se ha ignorado pese a las numerosas protestas.
La plataforma 'Dehesa Viva' destaca que la Dehesa Boyal, lugar donde se encuentran las 488 viviendas del Plan Vive, es una zona con una "enorme" biodiversidad y denuncia que el proyecto es "un completo ataque medioambiental". En declaraciones a este medio, Ivan Flores, portavoz de la asociación, ha querido poner el foco en que se haya realizado el sorteo público de un proyecto "con un proyecto sancionador en curso" del organismo hidrográfico público. Del mismo modo lamentan que se ponga en jaque esta área natural perteneciente a la Cuenca Alta del Manzanares.
Además del impacto medioambiental que supone explotar un espacio natural como la Dehesa Boyal, el cuestionable proyecto del Gobierno de Ayuso supone un riesgo de fraude para los adjudicatarios del reciente sorteo. Esto también lo destaca Flores, que advierte a los inquilinos de la "completa inseguridad" que supone ser arrendatarios de unas viviendas que se encuentran en medio de un procedimiento sancionador "cuyo desenlace no sabemos cual puede ser". El grupo ecologista busca proteger la biodiversidad de la zona, pero también a los vecinos que se verán envueltos en este polémico proyecto del Plan Vive.
Las 488 viviendas se sortean, a pesar de ser "ilegales"
Las viviendas del lote tres del Plan Vive (ConVive Madrid) se asientan en la Dehesa Boyal, un entorno natural único en la Comunidad de Madrid y uno de los pulmones de San Sebastián de los Reyes. Se trata de 488 inmuebles de entre 44 y 76 metros cuadrados, cuyos precios de alquiler oscilan entre 750 y 1.300 euros mensuales. A pesar de que el sorteo ya se ha realizado, hasta que se verifique que los ganadores cumplen con los requisitos establecidos es posible que los interesados se sigan inscribiendo.
Los requisitos para alquilar estos inmuebles han sido otro punto de conflicto en este proceso lleno de sombras. Se exigía a los candidatos que sus ingresos mensuales tripliquen el precio del alquiler, lo que implicaría una renta mínima de entre 2.000 y 3.500 euros. El desembolso para arrendar la vivienda no podrá superar el 35% del salario del inquilino, un cálculo al que se deberá sumar hasta un 18% del precio que se podrá retener para enfrentar gastos comunitarios, IBI o tasa de basuras.
Sobre estos requisitos, la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández, salió a defender el proyecto del Gobierno de Ayuso. A pesar de formar parte de un plan de vivienda pública, la alcaldesa popular argumenta que el Plan Vive promociona vivienda "asequible", y no "vivienda social". El proceso que envuelve estas construcciones culminará en el mes de noviembre, fecha en la que, según la hoja de ruta del Ejecutivo de Ayuso, entrarán a vivir los primeros inquilinos a estas viviendas públicas.
