La Asamblea de la Comunidad de Madrid inicia este jueves el trámite parlamentario de la llamada Ley Mbappé con la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere premiar a las grandes fortunas con una nueva norma de deducciones fiscales que les permita evitar el pago de impuestos en la región. Los tres grupos ajenos a Ayuso (Más Madrid, PSOE de Madrid y Vox) van a votar en contra de la tramitación, aunque esta soledad parlamentaria del PP no afecta a su mayoría absoluta. Quienes también han alertado contra este cambio legal es el sindicato de Técnicos de Hacienda, que avisan de que las grandes fortunas podrán evitar pagar impuestos, con el consecuente perjuicio a los servicios públicos.
Desde la oposición, los argumentos están divididos. Mientras que Vox critica que el beneficio fiscal se dedique a extranjeros, la izquierda madrileña centra sus críticas en la ingeniería fiscal de la norma, que permitirá arrebatar ingresos a la Hacienda madrileña a base de que los millonarios inviertan dinero en empresas y activos que ni siquiera tienen por qué estar en Madrid. Ni siquiera en España. Y con unas ventajas fiscales que no disfrutan los madrileños.
José María Mollinedo, secretario general de GESTHA, el sindicato de técnicos de Hacienda, explica la desigualdad de la norma, porque sus deducciones “son mucho más bajas para las personas que ya residen en Madrid, que la deducción que se aprueba para ciudadanos extranjeros”.
En conversación con Radio Madrid, Mollinedo alertaba de que la deducción a los extranjeros carece de límite, de manera que pueden llegar a deducirse el total del 20% de la renta que tienen que ingresas en las arcas madrileñas, por el tramo autonómico del IRPF: “Si estas personas extranjeras obtienen grandes rentas, no tributarían a la Comunidad de Madrid por el impuesto de la Renta”.
El secretario general de los Técnicos de Hacienda hacía una última observación, centrada en cómo estos regalos fiscales afectarían a los servicios públicos, especialmente en una región como la Comunidad de Madrid, que se queja de injusticias en la financiación autonómica para justificar los problemas en prestaciones como la Sanidad y la Educación. “No deja de ser contradictorio que quien se queja de falta de financiación haya aprobado estas deducciones y bonificaciones fiscales que generan un gran coste en las arcas regionales”.
Enmiendas a la totalidad
Desde la oposición, van más allá y alertan de otras cláusulas escondidas en este cambio legal que Ayuso pretendía tener aprobado a finales de la anterior legislatura, hasta que Vox se opuso. Aunque la mayoría absoluta del PP en este nuevo ciclo promete dejar en agua de borrajas las enmiendas a la totalidad que hoy defienden PSOE, Más Madrid y Vox.
Fernando Fernández Lara, diputado socialista en la Asamblea y experto en materia fiscal, explica a ElPlural.com las cifras de esta ley: “Los extranjeros o españoles que vuelvan al país, sin tener ni siquiera que invertir en la región, podrían pagar de IRPF lo mismo que un mileurista, un despropósito”.
Y es que uno de los principales rechazos a la propuesta es el cambio que ha sufrido en su tramitación, porque si bien estaba enfocada para inversiones inmobiliarias, esa propuesta se eliminó. Y también acabó decayendo la posibilidad de exigir inversiones en la Comunidad de Madrid, porque según la jurisprudencia europea, no se pueden aprobar otorgar ventajas fiscales vinculadas al territorio.
Ahora, la bonificación de impuestos se otorga con solo invertir en cualquier lugar de España o de Europa. “Un millonario que tiene unos ingresos en España de 10 millones de euros pagaría unos 4,48 millones anuales, más o menos de IRPF, de los que unos 2,44 irían para las arcas del Estado y otros 2,04 acabarían en las madrileñas”, explica Fernández de Lara. “Si ese millonario, invierte al llegar cinco millones de euros en activos que no estén situados siquiera en nuestro país, se deduce el 20%, es decir un millón de euros que no paga de la cuota autonómica. Si son 10, se ahorraría la totalidad del tramo madrileño del impuesto”, señala el diputado socialista.
Pero esto va más allá, porque si la inversión es mayor de 10 millones, la parte que no puede bonificarse de los impuestos “se guarda para el siguiente”, algo a lo que no tienen acceso los españoles. Y otra desigualdad: “Este proyecto de ley no tiene topes máximos a la desgravación, como sí tienen las aportaciones a planes de pensiones privados o como sí tenía la desgravación de la hipoteca”, señala el diputado.
“Si el millonario que se instala en Madrid compra el año de su llegada 10 millones en acciones de Apple, los mete en un fondo de Goldman Sachs que invierte en empresas contaminantes de Oriente Medio, en una empresa de armas israelí o en bonos de deuda china, se ahorraría unos dos millones de euros en impuestos sin que ni un solo euro recaiga en la economía madrileña y sin que genere un solo empleo”, lamenta el diputado socialista.
