La comisión de investigación creada en el Parlamento gallego a instancias del Bloque Nacionalista Galego y con el apoyo de los socialistas no está cumpliendo los objetivos marcados debido a las trabas constantes del Partido Popular y su mayoría.
Al veto de comparecencias consideradas claves, como las de Alberto Núñez Feijóo y su hermana Micaela Núñez Feijóo, así como otros familiares presuntamente beneficiados por contratos con la Xunta de Galicia, se suma la no aportación o hacerlo de manera incompleta de la documentación reclamada.
Con el nombramiento de la actual vicepresidenta de la Cámara autonómica, Elena Candia, como presidenta de la comisión ya se vislumbraban nubarrones para las intenciones de nacionalistas y socialistas. No hay que olvidar que Candia es persona muy próxima a Feijóo, quien la encumbró dentro del PPdeG tras su labor en el seno de la formación en Lugo, lo que propició una rápida carrera de ascensos.
Cabe subrayar que su nombre apareció tras las denuncias anónimas que al cabo de años se quedaron en nada contra el actual máximo dirigente de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro. Casualmente, esas notas cuyo origen era desconocido y que aparecieron en los juzgados lucenses, propiciaron el fin temporal de quien estaba llamado a ser el sucesor de Feijóo al frente de la Xunta.
Ese papel de Elena Candia en la comisión de investigación que lleva semanas desarrollándose ha provocado las quejas continuas de los representantes del BNG y PSdeG, y los primeros han anunciado que dan un paso más y judicializan, precisamente, esas maniobras 'populares'.
De este modo, la portavoz nacional, Ana Pontón, adelantó que el Bloque presenta hoy mismo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional debido a las “imposiciones y vetos del PP” en el citado órgano que ha de aclarar que ha ocurrido con numerosos contratos de la administración autonómica y el sobrecoste del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Decisiones "autoritarias y antidemocráticas"
Pontón volvió a denunciar que las trabas del PP en la comisión que “investiga sus chanchullos” suponen una clara vulneración de los “derechos fundamentales de los diputados del BNG”.
A la hora de argumentar el recurso, la líder de los nacionalistas gallegos citó las decisiones "autoritarias y antidemocráticas" de un Partido Popular que “en primer lugar vetó de plano y sin motivación el plan de trabajo” de su formación. A su juicio, este movimiento ha impedido la incorporación de comparecencias y documentación “claves en la investigación”; asimismo, otra de sus consecuencias es la imposición unilateral de su propio plan, lo que “lesiona los derechos fundamentales de los diputados e impide el normal funcionamento de la comisión”.
Según sus palabras, “denunciamos ante el Tribunal Constitucional la vulneración de nuestro derecho fundamental como representantes de la cidadanía a la participación política y a ejercer el control de la acción del Gobierno".
Los nacionalistas gallegos tienen claro que el principal objetivo que persigue el PP y el Gobierno de la Xunta es “liquidar cuanto antes” la comisión, para lo cual se sirven de una serie de maniobras con las que “cercenan” su funcionamento”. Entre otros pasos en este sentido mencionó Pontón la imposición unilateral de comparecientes, impedir el acceso a documentación que considera “fundamental" para arrojar luz sobre lo que se investiga y el uso “arbitrario” de los tiempos de la propia comisión.
Precisamente, desde mucho antes de que este órgano echara a andar, se afirmaba desde la oposición que el PP no podía negarse a la comisión, puesto que, en caso de ser así, entonces tenía algo que ocultar. Ahora, aunque se está celebrando, Ana Pontón indicó que "el Partido Popular teme esta investigación porque tiene mucho que ocultar", en referencia a los más de 1.500 contratos por valor de “siete millones de euros a dedo en los últimos seis años a la empresa que dirige en Galicia la hermana del ex presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo”.
