Más allá de quién se lleva el protagonismo de los compromisos que salen del apoyo del único diputado del Bloque Nacionalista Galego a la investidura de Pedro Sánchez, tras la polémica de la semana pasada, hoy ha tenido lugar la firma del documento que garantiza un apoyo absolutamente necesario para que den las cuentas.
Del documento compuesto por un total de 22 puntos se han ido conociendo en los últimos días diferentes compromisos, como los relacionados con la rebaja de hasta del precio de las autopistas AP-9 (que recorre toda la región de norte a sur) y la AP-53 (Santiago-Ourense).
El acuerdo también garantiza que Galicia ostente la misma posición que las otras dos nacionalidades históricas -Cataluña y Euskadi-; en el documento se explicita que esto será así mediante, por parte del candidato y el Gobierno, un compromiso para que "cualquier modificación de la estructura del Estado asegurará a Galicia el mismo estatus que las otras dos".
A pesar de lo dicho por Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, negando un posible beneficio de la comunidad autónoma en forma de condonación de deuda, el pacto entre nacionalistas y socialistas indica con claridad que, de haber condonaciones totales o parcialesd de deuda en las regiones adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica se fijarán “medidas compensatorias análogas” para la comunidad gallega, en el marco de las “compensaciones" a aquellos territorios que no hicieron uso del FLA, como es el caso gallego.
A la firma del documento entre ambas formaciones han acudido la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. Junto a ellas también han estado el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, y José Ramón Gómez Besteiro como integrante de la comisión negociadora y que, desde hace algunas semanas, es el candidato socialista a la Xunta en las elecciones del próximo año.
Además, ambas formaciones también han centrado un parte importante del compromiso en materia de infraestructuras. A la ya conocida de la mejora e impulso de la red ferroviaria, con la inclusión de un pacto para llevar a cabo un plan integral para su modernización, entre otras acciones, suma acuerdos sobre determinadas carreteras o tramos especialmente conflictivos.
Carreteras, trenes, lengua y Santiago
En concreto, se ha incluido la mejora de la N-541 en el punto donde se produje un grave accidente de autobús el día de nochebuena en el que fallecieron 7 personas, siniestro ocurrido en el término del municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade. En el compromiso entre ambas formaciones, además de esta vía, se incorpora un plan plurianual 2024-2028 de actuaciones urgentes en la red gallega, en particular en zonas de especial siniestralidad. Asimismo, incluye la finalización el próximo años de la autovía Santiago-Lugo, la agilización de los trabajos en el viaducto de O Castro en la A-6 o el soluciones para terminar el segundo tramo del paseo Pontevedra-Marín, entre otros proyectos.
Otro apartado importante del acuerdo firmado hoy es el relativo al autogobierno. En el documento aparece un compromiso para "avanzar en el refuerzo de capacidad de decisión" de autogobierno mediante la propuesta de una convocatoria de comisión mixta de transferencias Estado-Xunta, antes de finalizar el año 2023. El objetivo, dice literalmente el documento, es "programar a lo largo de la presente legislatura la activación de la transferencia de la totalidad de competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Galicia".
En relación con lo anterior, el Bloque ha incluido también la lengua. Así, entre los 22 puntos se encuentran algunos dedicados al idioma gallego, con el compromiso de financiar su adaptación a la nueva era digital, dotando con 15 millones de euros, en el periodo 2024-2027 los proyectos con implicación de la Universidade de Santiago de Compotela y la Xunta, así como dar más peso del gallego en el conjunto del Perte 'Nuevas Tecnologías de la Lengua'.
Asimismo, el Gobierno "dará eficacia" a lo regulado en la ley del Audiovisual en lo referido a garantizar los contenidos destinados al público menor de 12 años, y hará un auditoría sobre el uso de las lenguas oficiales en las webs de la Administración General del Estado para "corregir deficiencias o incidencias detectadas".
