Para muchas entidades DomusVi es la empresa privada dedicada a la explotación de residencias de mayores mejor tratada por la Xunta de Galicia y, en la actualidad, la principal del sector en todo el Estado con alrededor de 26.000 plazas y 23.000 trabajadores.

Sin embargo, tal y como ha subrayado varias veces la Federación e Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias, REDE, la pandemia ha mostrado a la opinión pública las deficiencias graves que presentan los centros adscritos a esta compañía. Al frente de la misma se encuentra su consejera delegada, Josefina Fernández, sobre quien desde REDE se ha puesto el punto de mira de la responsabilidad.

Sus buenas relaciones con el presidente gallego se han abordado en diferentes ocasiones y en distintos ámbitos. El último, tal vez el más mediático, se produjo hace aproximadamente un mes, cuando se descubrió que Fernández había sido vacunada (así como su hermano, también directivo de la corporación de residencias) cuando aún no le correspondía según los criterios establecidos. El propio Núñez Feijóo justificó esta vacunación asegurando que trabaja con personas mayores. Pocos aceptaron la explicación.

Detrás de las denuncias en los juzgados, se encuentra la parte humana. Esta la representan la persona mayor ingresada y sus familiares. Normalmente destrozados por vivencias muy duras. Es el caso de Carmen Barreiro, mujer ingresada en julio de 2020 en la residencia de DomusVi de Monforte, situada a dos horas de su residencia habitual en Vigo. Lo primero que llama la atención es que ese traslado a un centro ubicado en otra provincia y a tanta distancia de su vivienda está justificado por razones de “emergencia social”.

Su nieta Iria ha dado lo ha dado a conocer despúes de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Monforte de Lemos (Lugo) haya admitido a trámite la querella criminal por presunto delito de negligencia médica contra la máxima responsable de DomusVi, Josefina Fernández, la directora de la residencia de la marca en el municipio lucense, Raquel Castro; con la jefa de los Servicios de Inspección de Mayores de la Consellería de Política Social del Gobierno regional, María Berta Besada; contra el director general de Mayores de la misma Consellería, Fernando González Abeijón; así como contra las sociedades propiedad de la corporación DomusVi, es decir, Geriatros S.A.U. (precisamente encargada de la gestión de la residencia de Monforte) y GERIAVI S.A.U.

Hasta el momento, esta corporación acumula 6 querellas criminales admitidas a trámite interpuestas a través de REDE por familias gallegas de usuarias de residencias.

Los denunciados, en el caso de Carmen Barreiro y a tenor de la petición de sus abogados, se enfrentan a presuntos delitos de omisión del deber de socorro previsto y penado en los artículos 195 y 196 del Código Penal; de abandono del incapaz (persona dependiente), tipificado en el artículo 229 del mismo texto legal, y de lesiones por imprudencia profesional grave.

Hasta llegar el caso a los tribunales, esta mujer, tras ingresar en la citada residencia por su propio pie acabó hospitalizada en estado crítico con úlceras en talón y sacro del tamaño de un puño, malnutrida, con un trombo pulmonar, el intestino "lleno de heces" y una infección de orina. Y todo esto apenas dos meses después de su traslado a DomusVi Monforte.