ElPlural.com ha accedido a todos los contratos que la Xunta de Galicia concedió a dedo a la empresa Eulen entre 2018 y 2024, de la que es responsable para la zona noroeste la hermana de Alberto Núñez Feijóo, Micaela Núñez Feijóo.

Se trata de más de 1.500 acuerdos cerrados por parte de la administración pública hacia la firma señalada sin que el Gobierno de Galicia los sometiera al concurso público pertinente. Dar con el número exacto de documentos es complicado, pues la información estaría en una actualización permanente. Sin embargo, lo que sí se puede señalar es que las concesiones que aparecen en la plataforma de contratos de Galicia superan el número mencionado.

Este periódico tiene una lista de al menos 1.568 contratos, pero todo apunta a que la cifra es mayor. Así las cosas, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) -partido que impulsó la comisión de investigación en la comunidad autónoma ahora liderada por Alfonso Rueda- sacaba la semana pasada una lista inmensa en el Parlamento que contenía 1.579 contratos con la compañía

El encargado de desenrollar el listado fue el diputado Oscar Insua, quien, además de dejar una imagen para el recuerdo, se refirió -en su caso coincidiendo con la comparecencia del responsable de compras del Servicio Galego de Saúde, Alberto Baz- a los 1.311 contratos menores por valor de cerca de cinco millones de euros que la Xunta había llevado a cabo con la familiar del presidente del PP a nivel nacional.

Los contratos que ha recogido este medio y que aparecen -aunque no son fáciles de encontrar- en la plataforma de contratos de Galicia oscilan entre 2018 y 2023, ya que hallar nada referido a esta cuestión y previo a es fecha es poco menos que un espejismo.

Desde 30 euros a 222.000

Sea como fuere, es evidente que el Gobierno regional cerró entre estos años más de 1.500 acuerdos por el procedimiento coloquialmente conocido como ‘a dedo’ por servicio prácticamente de todo tipo y cantidades muy dispares; desde los apenas 30 euros hasta los más de 220.000.

El BNG denunció los contratos y los entregó en la comisión de investigación impulsados por ellos mismos a pesar del veto ininterrumpido del PP. Cabe destacar que en este caso el partido de Ana Pontón pudo promover la comisión de investigación de forma unilateral porque se trata de una herramienta que los partidos tienen a su alcance al contar con cierta representación; en este caso 25 diputados en la Cámara regional.

Asimismo, señalar que el objeto de estudio de la misma no son solo los contratos menores y a dedo del entorno de Feijóo, sino también los que la Xunta llevó a cabo durante la pandemia del Covid por el procedimiento de urgencia y que los ‘populares’ pretenden ocultar a toda costa, así como el sobrecoste de 470 millones de euros del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Antes de 2018 es difícil encontrar contratos mediante el mismo mecanismo por el que se han conseguido los que aparecen en estas líneas (sencillamente, no están en la plataforma de contratos. No aparecen). De hecho, una de las cosas que afea la oposición es, precisamente, ese ocultismo del ahora equipo de Alfonso Rueda, antes de Alberto Núñez Feijóo, que vulneraría la Ley de Transparencia de 2013. “Piden transparencia desde Madrid y en el Senado y ellos lo ocultan sistemáticamente”, lamentan desde el BNG en declaraciones a ElPlural.com.

En este sentido el partido lamenta la “odisea” que supone encontrar información, sobre todo cuando ésta puede comprometer a los políticos que en los últimos años han gobernado Galicia. La formación nacionalista  no solo recuerda lo arduo que les está resultando tanto a ellos como al resto de la oposición obtener datos que en última instancia pudieran servir como prueba para comprometer a la derecha en la autonomía, sino que apunta también cómo la Cámara, en la que el PP disfruta de mayoría absoluta, no les permita llevar a ningún compareciente. De igual manera, denuncian que no se les facilita a los grupos ni uno solo de los documentos que piden.

Una historia de favores, sobrecostes y cerrojazo informativo

La izquierda se dirigía hace unos días al propio Alfonso Rueda en su insistencia de poner negro sobre blanco respecto de las tres cuestiones que centran la comisión impulsada por el BNG -los contratos menores con compañías del entorno del responsable de Génova, los contratos de emergencia en pandemia y los más de 470 millones de euros de sobrecoste del Álvaro Cunqueiro- con muchas preguntas y pocas o ninguna respuesta.

Ana Pontón preguntó sin éxito al presidente regional sobre los contratos a dedo por valor cercano a los siete millones de euros, el reiterado bloqueo informativo, la relación entre la relación existente entre la Xunta y el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en cuanto a los contratos durante el Covid o por qué una empresa de la que era directivo el cuñado de Feijóo -Telemarket- ha resultado ser una de las más beneficiadas en los últimos años. Cuestiones que también el PSOE de Galicia (PSdeG) ha puesto sobre la mesa con el mismo resultado: el silencio absoluto.