Oriol Pujol, ex número dos de Convergència e hijo de Jordi Pujol, comparecerá el día 12 en los juzgados como imputado para aclarar si aceptó sobornos al participar en las deslocalizaciones de las empresas Sharp, Yamaha y Sony y utilizar su acceso al presidente de la Generalitat, Artur Mas, para lucrarse, como cree la juez del caso.

El mensaje
Así lo adelanta este martes el diario El Mundo en una información firmada por Germán González. Según el rotativo de Unidad Editorial, el 7 de junio de 2011, el empresario Sergi Alsina mandó a su amigo y entonces diputado de CiU Oriol Pujol el siguiente mensaje: “Si tienes oportunidad de comentar la entrevista con Mas y puedes hacerle visible nuestro papel en la operación me lo dices. Gracias. Sergi”.

Cohecho y falsedad documental
Este es uno de los mensajes que fundamentan la decisión del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona de imputar al ex secretario general de Convergència por los delitos continuados de cohecho y falsedad documental. En concreto, la magistrada considera que Pujol uso “sus múltiples influencias políticas en beneficio propio, de su esposa y de su amigo, de tal modo que Sergi Alsina contaba con un indudable apoyo político en el Parlament y en la Gobierno de la Generalitat que le facilitaba su labor profesional”.

La posible actuación de Mas
Según El Mundo, para poder tener éxito en estos negocios empresariales que tenía junto Pujol podría haber llegado a pedir ayuda a Artur Mas. La actuación del president habría consistido en hablar con los directivos de algunas de las sociedades catalanas que iban a participar en el proyecto, tal y como se desprende de algunos pinchazos telefónicos intervenidos a los sospechosos.

“Intervención decisiva”
Al menos, la juez considera que “la intervención de Oriol Pujol Ferrusola fue decisiva gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaba, pues intervino directa o indirectamente en las negociaciones para la venta de Sharp hablando con los dueños de Cirsa, facilitando el acceso al presidente de la Generalitat de Cataluña, así como al director de la Agencia Tributaria catalana y a altos cargos del Departament d'Indústria; coordinando llamadas y actuaciones con el imputado Sergi Alsina, o incluso fijando la estrategia de comunicación del éxito de la operación”.