El Govern de Cataluña ha presentado este lunes un acuerdo con las entidades del Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA) para comenzar la tramitación de la Ley de la Dirección Pública Profesional para que los directivos de la Generalitat tengan que pasar procesos de selección y nombramientos que incorporen criterios de evaluación de competencias directivas y de control de resultados. Con esta iniciativa se pretende impulsar un sector público centrado en los méritos, transparente y “desvinculado de la lógica exclusivamente política o funcionarial”, así como promover la transformación de la Administración mediante “la implementación de una cultura de responsabilidad institucional”. 

Previamente al anuncio del acuerdo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, se han reunido con representantes del FERA, así como de algunas de las entidades que forman parte de este, como el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, y el presidente de la patronal catalana CECOT, Xavier Panés. Asimismo, el encuentro también ha contado con representación del Comité de Expertos de la Reforma de la Administración (CETRA) y de los sindicatos CCOO y UGT. La reunión tenía una clara finalidad, impulsar medidas para mejorar los servicios públicos. 

"O colapso o transformación"

“O colapso o transformación”, ha sentenciado el conseller Dalmau en referencia a la situación de la Administración Pública. “Aquellos que creemos en el servicio público, tenemos que ser aquellos que más defienden la transformación de nuestra administración para servir mejor a nuestra sociedad”, ha reivindicado. También ha abogado porque se preste la atención necesaria al sector público para garantizar la igualdad de oportunidades y hacerle la vida fácil a la gente. “Será un proceso de mejora continúa”, ha asegurado.

Respecto a la Ley de la Dirección Pública Profesional, Dalmau ha explicado que, a pesar de que la competencia para nombrar a los cargos directivos seguirá siendo del Govern, tan solo podrá hacerlo con quienes hayan superado el proceso selectivo. Por lo tanto, servirá para "reducir el espacio de decisión política arbitraria de los altos cargos de la Generalitat". La medida afectará a cerca de 900 cargos entre directores y subdirectores generales.

Una apuesta por el mejor talento, independientemente de su procedencia

Además, a diferencia de en el caso de las subdirecciones generales, para ocupar un cargo en una dirección general o dirección de servicio no será necesario ser funcionario, profesionalizando estos puestos. “Queremos atraer el mejor talento, venga del ámbito público o venga del ámbito privado”, ha afirmado Dalmau.  

La memoria preliminar de esta normativa basada en los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) será aprobada por el Consell Executiu este martes. Posteriormente, el Govern abrirá un proceso de diálogo con el resto de los grupos parlamentarios para que puedan realizar aportaciones que impulsen definitivamente la normativa.

Convenio entre el Govern y las universidades para ofertar más de 2.000 puestos de prácticas a estudiantes en la Administración

En el marco del refuerzo del sector público, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, firmó el pasado 4 de julio un convenio con los rectores de siete universidades públicas catalanas para poner en marcha un programa que se espera que haga posibles 2.000 puestos de prácticas remuneradas en la Administración de la Generalitat para estudiantes universitarios y de Formación Profesional (FP). Una iniciativa que aportará personal a unos servicios públicos que cuentan con alrededor de 24.000 empleados que cumplirán 65 años antes de que acabe 2030. 

Las universidades firmantes son la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL) y la Universitat Rovira i Virgili (URV). Se prevé que las prácticas para universitarios empiecen el próximo octubre, mientras que para estudiantes de FP en el primer trimestre de 2026

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