Las sospechas nacidas al instante de haberse publicado la convocatoria electoral se han confirmado. Las elecciones catalanas fijadas para el 14-F se aplazan hasta el 30 de mayo con el apoyo de todos partidos políticos, excepto el PSC, que no asume la nueva fecha. Esta vez sí se hará caso de los epidemiólogos, los mismos que advirtieron inútilmente que las restricciones aplicadas para pasar las fiestas navideñas facilitarían un agravamiento del contagio y de la situación hospitalaria que impediría celebrar los comicios en el día señalado.
El vaticinio de la escalada del virus por la ineficacia de las medidas navideñas se ha cumplido y también las filtraciones de un desinterés manifiesto de Waterloo por acudir a las urnas tan pronto. Un par de sondeos pronosticando un triple empate (ERC-PSC-JxCat), atribuido al efecto Illa, y el temor de ERC a tener que asumir la responsabilidad de una alta movilidad en la jornada electoral que acabara de colapsar los hospitales han hecho el resto. Otros factores han ayudado a tomar la decisión de retrasar la fecha de las elecciones, el más significativo habrá sido la proyección de unos 200.000 ciudadanos que no podrían ejercer el derecho al voto por estar contagiados o confinados como contactos directos.
El aplazamiento abre automáticamente otras incógnitas. La primera, porqué un gobierno tan celoso de sus competencias como el formado por JxCat y ERC ha apelado al consenso de los partidos para tomar esta decisión, cuando el acuerdo político con la oposición viene brillando por su ausencia desde hace años en la política catalana. La respuesta es cristalina. Por miedo a cargar en solitario con la responsabilidad de una decisión que habría sido polémica en cualquiera de las opciones posibles; y para evitarse, en el supuesto del aplazamiento unilateral, un recurso judicial de la oposición dadas las dudas existentes sobre la capacidad de la Generalitat para modificar la fecha de unas elecciones.
Otra de las incógnitas se corresponde con el cambio de opinión de ERC respecto de la posibilidad de votar el 14-F con plenas garantías democráticas y sanitarias. Durante muchos días, a cada advertencia de médicos o epidemiólogos sobre los peligros de convocar a los ciudadanos a ir a votar, los portavoces y consejeros de ERC respondieron en el sentido de que se estaban tomando las medidas necesarias para poder hacerlo de forma segura. Ahora, aducen la gravedad de la situación para aplazar la jornada electoral, aceptando que las medidas navideñas fueron insuficientes, aunque tampoco han incrementado sensiblemente dichas restricciones a pesar del clamor de los expertos.
ERC ha caído en el escenario imaginado por JxCat desde el primer día y la candidata a la investidura de JxCat, Laura Borràs, se ha permitido el lujo de cuestionar el aplazamiento impulsado por los republicanos, apelando al caso de Portugal (que votará en pleno confinamiento) y criticando el no haberse tomado medidas para ampliar las modalidades para ejercer el voto, especialmente de forma telemática. La posición de Borràs es cuanto menos paradójica. El retraso de las elecciones puede complicarle su posición personal, pendiente del Tribunal Supremo por un caso de malas prácticas administrativas, pero su apoyo a la celebración de los comicios el 14-F contradice un secreto a voces: Carles Puigdemont, su jefe de filas, las quería para más adelante por sus propios intereses y por dar más tiempo a ERC a acumular el desgaste de una gestión errática de la pandemia.
Los expertos coinciden en las dificultades para identificar una argumentación jurídica para el aplazamiento (aunque los precedentes de Galicia y País Vasco deberían ayudar a interpretar la excepcionalidad) y también comparten la opinión de la posibilidad de haber introducido en la legislación electoral mecanismos para atender tanto la opción del retraso como para haber ampliado las modalidades de votación. Así lo recogía el consejo jurídico asesor de la Generalitat, sin embargo nadie hizo nada. Y ante la nueva convocatoria habrá que empezar todo el procedimiento de cero, con la opción de cambiar candidatos.
Los partidos de la oposición se sumaron de inmediato a las tesis de ERC para apoyar el aplazamiento, excepto el PSC que insistió hasta última hora en el cumplimiento del decreto de convocatoria. Los socialistas han aducido que el cambio de posición de los republicanos se debía al miedo escénico creado por los sondeos que vaticinan un notable ascenso de la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa, ampliando el temor al resto de fuerzas a las que las encuestas apuntan al descalabro, especialmente a Ciudadanos y en menor medida a los Comunes. Finalmente, en verse aislado (solo la patronal le apoyaba), el PSC propuso retrasar la fecha hasta finales de marzo y al no ser aceptada su sugerencia, no han asumido la fecha del 30 de mayo.
La última incógnita es conocer los criterios por los que se ha elegido precisamente el 30 de mayo. La situación epidemiológica de estos días es muy parecida a la que se daba a finales de octubre, cuando la consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia presentó el protocolo de actuaciones para poder celebrar los comicios en febrero sin problemas Nadie parece estar en condiciones, de momento, de avanzar una mejora de las circunstancias para votar sin riesgo en la nueva fecha o en cualquiera otra, a menos que se alejara a finales de año, cuando los cálculos del plan de vacunación prevén alcanzar un porcentaje de la población suficientemente tranquilizador como para autorizar una movilización mayoritaria. En todo caso, habrá que ver los efectos de las vacaciones de Semana Santa sobre un nuevo repunte.
El 29 de enero se cumplirá un año desde que el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, diera por finiquitada la legislatura por desacuerdo manifiesto entre los socios del gobierno, resistiéndose sin embargo a convocar los comicios, esperando a ser inhabilitado por el Tribunal Supremo. Durante todos estos meses, se ha valorado como insostenible la situación del gobierno.
