Ante la comunicación oficial del Ministerio de Hacienda a la Junta de Andalucía de que no podrá salir a los mercados a captar financiación en 2020 por haber incumplido el objetivo de déficit, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018, parece haberse abierto una competición patriótica entre el Partido Popular y Vox para ver cuál de los dos llega más lejos en su defensa de una Andalucía que estaría siendo injustamente acosada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Por ahora, la partida la va ganando Vox. Si el Gobierno andaluz ha centrado su argumentario en torno la idea de una ‘intervención de las cuentas públicas andaluzas’, el partido de ultraderecha ha ido mucho más lejos al interpretar la comunicación del Ejecutivo central nada menos que como la aplicación a Andalucía al artículo 155 de la Constitución. Tal cual.

Estos son los términos en que se ha expresado al respecto en su cuenta de Twitter el diputado autonómico Benito Morillo:

"Pedro Sánchez aplica el 155 en Andalucía. La vendetta para que nuestra región no salga jamás del abismo al que nos llevó el PSOE-A y su pandilla de mangantes. Estamos ante la intervención de una comunidad prospera para pagar a traidores y sediciosos".

Pero Morillo no está solo en su sobreactuación. El secretario de Comunicación de Vox Andalucía, Rubén Pulido, no le ha ido a la zaga: “El PSOE se instala en el totalitarismo. Era claramente clientelar y caciquil en Andalucía y ahora exporta ese modelo a toda España: palos a las regiones enemigas y dinerito a las amigas. Así implantará su modelo de ruina económica en toda la nación, con (Pablo) Iglesias como monaguillo".

Como se sabe, en su comunicación a la Junta, Hacienda insta a la Administración autonómica a presentar un plan de ajuste que incluya medidas que garanticen “el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública y que sea consistente con su plan económico-financiero".

Para el consejero de Hacienda, Juan Bravo, con esta “intervención” el Gobierno de España está dando a Andalucía un trato que no da a otras comunidades, y ello a pesar de que los incumplimientos del plan de estabilidad fueron del Ejecutivo de Susana Díaz, no del de Juanma Moreno.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Bravo considera la carta de Hacienda de “extrema gravedad”, aunque no conseguirá su objetivo de que la Junta revierta “las medidas de fiscalidad que tan buenos resultados están dando". También ha asegurado el consejero que el Gobierno andaluz no recortará en sanidad, educación ni servicios sociales.

Por su parte, el departamenteo que dirige María Jesús Montero, que ocupó la cartera de Hacienda en el Gobierno andaluz hasta mediados de 2018, ha negado rotundamente que se trate de una intervención: simplemente, arguye, Andalucía no ha cumplido los objetivos establecidos en la Ley de Estabilidad de 2018 y por eso no podrá acudir a los mercados, aunque sí financiarse sin problema alguno a través del Fondo de Liquidez Autonómica.