Andalucía se tiñe este viernes de su verde y blanco característico para celebrar el día de la autonomía. Un 28 de febrero en el que las ocho provincias de la comunidad se unen para poner en relieve los valores, la cultura y la identidad del pueblo andaluz.
Sin embargo, la gestión que lleva realizando el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en los últimos años no pasa desapercibida en este 28F, con una sociedad que no cesa en la exigencia de la mejora de los servicios, la calidad de vida y el balance general de la situación en la región.
Coincidiendo en el tiempo con una semana en la que la condonación de la deuda de todas las autonomías por parte del Gobierno ha protagonizado la agenda política, la postura sostenida por la Junta evidencia de nuevo las incongruencias en el Ejecutivo autonómico de Moreno Bonilla. Si se echa la vista atrás apenas dos años, el discurso que entonces sostenía la Junta no tiene nada que ver con el del rechazo a la deuda que abanderan ahora.
En 2023, el Ejecutivo conservador solicitaba una condonación de 17.000 millones de euros para Andalucía, es decir, 1.891 euros menos de lo que ahora Hacienda les ofrecía -18.891 millones de euros-. Por ese entonces, la consejera del ramo en Andalucía, Carolina España, afirmaba en una entrevista concedida al ABC de Sevilla que se mostraba abierta a llegar a un acuerdo con el Gobierno para hacer posible esta condonación: “Lo aceptaríamos, pero tiene que llegar a los 17.000 millones de euros”.
Pese a ello, ahora, justo en el momento en el que la cartera que lidera la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ofrece a esta región una condonación de 18.891 millones de euros, convirtiéndola además en la autonomía mayor beneficiada, seguida de la Comunidad Valenciana (11.210 millones) y la Comunidad de Madrid (8.644), el líder del ejecutivo autonómico anunció este miércoles su rechazo a la medida.
“Diremos que no a una quita de deuda. Porque Andalucía no tiene un problema de deuda porque hemos hecho un esfuerzo. Se ha hecho una solución 'ad hoc' para un acuerdo político con Cataluña y lo que no podemos hacer el resto de los españoles es pagar la fiesta del 'procés' y del independentismo. Se ha hecho deuda y se han gastado fondos públicos con un objetivo que era la desconexión de España. Y ahora el resto de los españoles lo pagamos. No es un buen mensaje para la sociedad”, señalaba Moreno Bonilla.
Este incoherente rechazo por parte del Gobierno autonómico ha despertado las críticas de la oposición que, de manera similar al conjunto de la sociedad andaluza, lamenta la degradación a la que se están enfrentando los servicios públicos en la región. En esta línea, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha tildado la postura de Moreno Bonilla como “la mayor traición a esta tierra”. A ello, ha sumado la crítica de que ante el “mapa desolador” en sanidad, educación y políticas sociales, “Moreno Bonilla se atreve a renunciar a 18.700 millones de la quita de la deuda”.
Privatización, listas de espera y recortes en sanidad
Esta postura de los populares tampoco resulta coherente si se tiene en cuenta la delicada situación que atraviesa la sanidad pública en la autonomía. Desde que en 2019 el Partido Popular se hizo con la presidencia de la comunidad, este ámbito ha sido uno de los más afectados por las consecuencias de la gestión de Moreno Bonilla.
Entre sus principales líneas de actuación, la privatización de los servicios sanitarios ha sido uno de los pesos grandes. Servicios clave como las ambulancias, los laboratorios o la limpieza de hospitales y centros de salud han pasado a estar gestionados por empresas privadas, lo que ha mermado la calidad de atención a los pacientes y ha agravado las condiciones. De hecho, en 2022 los trabajadores del sector ya denunciaron falta de personal, sobrecarga laboral y recortes.
Ello se suma también al notable aumento de las listas de espera en la sanidad pública. Según un informe fechado en 2023, más de 200.000 personas en Andalucía esperaban más de seis meses para ser atendidas, superando así la media nacional. Lo que se agrava todavía más con el recorte de presupuesto y de plantillas de profesionales sanitarios.
Entre otras cosas, durante los años de Moreno Bonilla al frente de la Junta, también se ha conocido la adjudicación de contratos millonarios irregulares por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En 2021 se conocía que varias empresas adjudicatarias de contratos mantenían relación estrecha con altos cargos del gobierno andaluz. Así, en 2022 se registraron denuncias que alegaban que algunas empresas adjudicatarias de contratos de limpieza y mantenimiento contaban con sanciones e incumplimientos.
En el mismo orden de las cosas, más reciente es el conocido caso de las “ITV sanitarias”, que pretende que los ciudadanos andaluces se sometan a chequeos periódicos para poder mantener sus derechos sanitarios, lo que fue abiertamente criticado al considerarlo una medida perjudicial para personas vulnerables, migrantes en situación irregular o personas sin recursos.
Colapso de la dependencia
Y si de espera se trata, la población andaluza más vulnerable también tiene que enfrentarse a una gran demora para poder acceder a los servicios de Dependencia, con un tiempo medio de espera de dos años, el mayor en toda España.
Esta materia ha sido objeto de debate en recurrentes ocasiones, al situar a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor tiempo de espera para acceder a este servicio. Según el Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, en 2023 fallecieron en la región 8.771 personas que habían solicitado la ayuda y se encontraban a la espera de la resolución.
En esta línea, la gestión de Moreno Bonilla en este ámbito también ha tenido como consecuencia la disminución del número de beneficiarios y personas con derecho a prestación. Esto mismo ha sido duramente criticado por la oposición, desde donde el portavoz de Inclusión Social del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ya alertó de la situación señalando que “con estas cifras se reduce el número de personas con derecho a prestación durante el año 2024, e incluso se ha reducido el número de solicitudes, por tanto, el número de personas con dependencia que presentan esta solicitud”.
Una situación que no se corresponde con el nivel de financiación que se aporta desde el Gobierno de España. De hecho, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se financia cerca del 40% el coste de la Dependencia, una cifra muy superior a la registrada durante la legislatura de Mariano Rajoy, cuando el PP únicamente financiaba el 15%.
Algo no demasiado fuera de lo común si se atiende al hecho de que a pesar de que en 2023 el Gobierno central incrementó la financiación en Andalucía para Dependencia en 159,5 millones de euros, la Junta redujo su aportación en 51,6 millones de euros, según se desprende del Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia.
Barracones, recortes y caso omiso a la educación especial
Con todo ello se dibuja un panorama insostenible en el que la comunidad que este viernes celebra su día, lamenta por otra parte el retroceso en derechos y servicios que viene padeciendo. La educación pública se consolida como otro de los juguetes rotos del presidente andaluz. Durante los últimos años de legislatura conservadora, el sistema público de educación de Andalucía ha sufrido numerosos retrocesos en diferentes áreas que ponen en jaque el desarrollo y el crecimiento de niños y jóvenes de la región.
Partiendo del dato de que la educación pública en esta comunidad es la que menos invierte por alumno en España, los datos siguen reflejando un mayor fomento de lo concertado, para lo que en 2024 se incrementaron en 72 millones de euros los recursos. De manera paralela, los centros públicos han visto cómo las aulas iban cerrando progresivamente, con 2.600 cierres desde 2019 y 706 en 2024. Por provincias, y según los datos de la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía, los datos quedan de la siguiente manera: 163 aulas menos en Sevilla, 120 menos en Cádiz, 88 menos en Málaga, 62 menos en Granada, 47 menos en Córdoba y Jaén, 39 menos en Huelva y 31 menos en Almería.
No solo la gestión del PP se ha visto reflejada en estos datos, sino también en las condiciones en las que estudian miles de alumnos y alumnas. Según marca la norma, las ratios legales en Andalucía son 25 alumnos en Primaria, 30 en la ESO y 35 en Bachillerato y FP. Sin embargo, la realidad dista mucho de ello, lo que ha llevado a que se registren más de 230 denuncias de docentes que alegan ratios superiores y sobrecarga laboral.
Una realidad que se recrudece todavía más para el alumnado con necesidades educativas especiales. Recientemente se conocía el caso de un menor con autismo, cuyos padres solicitaban profesionales con formación específica para estos casos. La respuesta del delegado territorial de Desarrollo Educativo, Miguel Ángel Araúz, reflejó con bastante precisión la realidad genérica de la situación de la educación en Andalucía: “¿Para qué quiere un niño con autismo un personal técnico en integración social? ¿Para aprender a mover la lengua delante de un espejo?”.
Con ello, la falta de profesionales con este tipo de mención y formados para atender al alumnado con necesidades especiales dibuja un escenario en el que muchas familias se han visto obligadas a mudarse a otros pueblos o ciudades, en el mejor de los casos, o a resignarse y aceptar que su hijo o hija no podrá recibir la atención que necesita, en el peor y más recurrente de los casos.
Abanderando proyectos de corrupción
Por si todo ello no fuera suficiente, con la sanidad al margen del colapso, la educación desatendida y los servicios públicos en retroceso a marchas forzadas, la Junta de Andalucía hace poco tiempo daba a conocer un nuevo proyecto, ‘Senderos del Rocío’.
A través de este, a modo de copia a la andaluza del Camino de Santiago, se pretende fomentar la peregrinación desde ocho puntos de las ocho provincias hasta la aldea de El Rocío, en Huelva. Lejos de los objetivos planteados en un principio, lo que el Ejecutivo de Moreno Bonilla no precisó es que para poder llevar a cabo el proyecto se adjudicó un contrato menor sin concurrencia en 2021 y por valor de 15.000 euros a una empresa del cantante José Manuel Soto, uno de los promotores del proyecto.
Como consecuencia, ahora la Oficina Andaluza Antifraude investiga el proyecto y este mes de febrero desde la formación de Por Andalucía presentaron una denuncia ante los juzgados de Sevilla para esclarecer la información necesaria sobre ese contrato millonario, así como sobre las subvenciones de hasta 550.000 euros que recibió Soto por parte del Gobierno andaluz.
La denuncia la presentan al entender que la Junta podría haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, malversación y aprovechamiento de funciones al no tener el contrato un informe que justifique su razón de ser. Por su parte, desde la formación señalan que “debe haber dimisiones y responsabilidades políticas” por un contrato sin garantías de transparencia.
