De momento, Andalucía guarda silencio. No silencio político, pero sí silencio territorial. En el encendido debate desencadenado por la crisis catalana, los andaluces se mantienen expectantes, mientras que los partidos optan por un lenguaje más bien templado, no demasiado patriótico para no envenenar todavía más el clima político nacional. A lo más que han llegado esos partidos es a decir que Andalucía no quiere ser más que nadie pero tampoco menos que nadie. Decir eso es bastante pero, desde luego, no inquieta a nadie.

La invención del café (para todos)

Si la palabra ‘plurinacionalidad’ levanta ronchas en el socialismo andaluz es porque sus dirigentes temen que tras ella se oculte el propósito de liquidar el ‘café para todos’ que las masivas manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 introdujeron en el modelo autonómico de dos velocidades inicialmente previsto.

Fruto de aquella presión popular, nunca vista antes ni después en Andalucía, fue el artículo 151 de la Constitución que, frente al 143, abría el camino de la autonomía plena a los territorios sin pedigrí histórico pero capaces de ganársela en las urnas. O en las calles.

La ley y la calle

Andalucía se ganó el derecho a esa vía rápida en las calles abarrotadas del 4 de diciembre de 1977 y en las urnas del referéndum de 1980, donde el voto popular fue abrumadoramente favorable a la equiparación competencial con Cataluña, el País Vasco y Galicia.

Aun así, los partidos de entonces se vieron abocados a hacer la vista gorda con la letra constitucional, según la cual el 151 solo podía aplicarse si en todas las provincias del territorio consultado se superaba el 50 por ciento de síes con respecto no a los votantes, sino al censo. Almería fue la única provincia que no superó la leonina condición, pero todos los partidos estuvieron de acuerdo en buscar un apaño para esquivar la Constitución y soslayar la excepción almeriense. Ciertamente, el regate al texto constitucional fue posible porque todos los partidos estuvieron de acuerdo.

Poder y dinero

Aquella victoria es sin duda el más preciado tesoro del patrimonio democrático andaluz, y nadie está hoy dispuesto a gastarlo alegremente y mucho menos a renunciar a él. La mayoría de los partidos temen que aquella puerta hacia la igualación territorial –el café para todos– que abrió entonces Andalucía quieran cerrarla ahora las fuerzas soberanistas catalanas, pues nadie desconoce que los únicos desenlaces posibles de la actual crisis territorial serán o bien más dinero o bien más poder para Cataluña: o mejor financiación o más autogobierno.

Salvo el PP y Ciudadanos, el resto de las fuerzas políticas catalanas están de acuerdo en ello, si bien a estas alturas no prefieren más dinero sino más poder, en el convencimiento que dicho poder acarreará antes que después una financiación significativamente más favorable para Cataluña.

Los ‘otros trenes’

Ahí es donde vendría seguramente el choque de trenes con Andalucía. Una asimetría política o financiera favorable a Cataluña sería ‘casus belli’ en Andalucía: lo más probable es que la gente se echara de nuevo a las calles como hace 40 años para no dejarse arrebatar el tesoro de la igualdad conquistado entonces.

Ciertamente, estamos adelantando un debate que no tendrá lugar hasta que se despeje el actual escenario catalán, marcado por el desafío de sus instituciones al Estado de derecho y la Constitución. Precisamente por eso, porque el debate territorial debidamente encauzado institucionalmente aún no ha comenzado es por lo que Andalucía guarda silencio.

Andalucismo sobrevenido

Aunque el andalucismo del PP y de Ciudadanos sea en buena medida sobrevenido y en todo caso mucho más templado que el de la izquierda, ni siquiera el centro derecha podría quedarse fuera de un virtual ‘consenso nacional’ en defensa de que Andalucía no sea ‘menos que nadie’. Ya lo hizo hace 40 años, cuando sus siglas eran AP y UCD, y tardó décadas en recuperarse electoralmente de aquel ignominioso ‘Andaluz, este no es tu referéndum’ con el que intentó desactivar el 28F.

Puesto que IU y Podemos llevan en su programa el derecho de autodeterminación de todos los pueblos de España, para ellos no sería orgánicamente traumático aceptar esa exigencia del soberanismo catalán, aunque ello pueda acabar teniendo para ambos costes electorales hoy imposibles de cuantificar.

Tres frentes (por lo menos)

No le sucedería lo mismo al Partido Socialista de Susana Díaz, al que se le abrirían varios frentes al mismo tiempo: el frente con el PSC de Iceta, desde primera hora favorable a un referéndum pactado aunque hoy replegado en las filas constitucionalistas por responsabilidad y por razones tácticas; el frente con el PSOE de Pedro Sánchez, cuya apuesta por una España plurinacionalidad despierta algo más que recelos y sospechas en el PSOE andaluz; y el frente local, con Unidos Podemos intentando arrinconarlo en la derecha al identificarlo con PP y Cs.

Posición numantina

Cuando Susana Díaz le decía a Pedro Sánchez en el congreso regional del partido “Pedro, no me hagas elegir entre la lealtad a Andalucía y la lealtad al PSOE” hablaba muy en serio: no hablaba, como tantos interpretaron erróneamente, en clave orgánica, ni su apelación tenía nada que ver con un supuesto resentimiento por la derrota de las primarias. Estaba advirtiendo a su secretario federal que el doble tesoro del 4D y el 28F es intocable y que ella como presidenta andaluza ni podía dilapidarlo personalmente ni permitir a nadie que lo hiciera, ni siquiera aunque ese alguien se llamara Partido Socialista.

A la defensiva, Díaz piensa con inquietud que abrir el melón del derecho de autodeterminación sería un error irreparable para la convivencia. Y piensa también que si eso ocurre, Andalucía saldría perjudicada. ¿Pero tiene el Gobierno andaluz alguna propuesta para romper el bucle catalán? Por ahora no: de hecho, su posición es puramente numantina, de gran utilidad para el cierre de filas pero de escasa operatividad para salir de este embrollo.