Nuevo capítulo en el culebrón de los ERE. El Tribunal Constitucional ha decidido pasar a la Audiencia de Sevilla el caso de Manuel Chaves para que reconsidere su condena y ha exonerado por completo al expresidente José Antonio Griñán de toda la malversación por la que fue condenado a seis años de prisión. Este procedimiento ha sido, durante años, uno de los filones más explotados por el Partido Popular para criticar la gestión de los ex dirigentes socialistas, pero lo cierto es que el actual presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, sigue abonando parte de las prejubilaciones que salieron de estos procedimientos y que, de acuerdo con la sentencia del Constitucional, fueron establecidas de pleno derecho. Se trata, en concreto, de 64,5 millones de euros desde el año 2019, momento en el que el 'popular' asumió su cargo por primera vez.
Según las estimaciones realizadas por la Consejería de Empleo en mayo de 2019, cuando Moreno Bonilla accedió por primera vez a la presidencia de la Junta, todavía había que abonar 64,5 millones de euros en ayudas sociolaborales, según ha podido saber ElPlural.com. Unos pagos que el Gobierno andaluz estaba obligado a hacer por su aprobación previa, y que fueron fuertemente criticados cuando eran ellos los que estaban en la oposición.
Con el levantamiento de los cargos de Griñán y la admisión parcial de los recursos de Chaves, una de las primeras preguntas que vienen a la mente es cuál fue el destino de los casi 700 millones de euros que protagonizaron este caso. Después de semanas de investigación por parte del Tribunal Constitucional sobre este sistema millonario de ayudas públicas a trabajadores y empresas, se concluye que la gran parte de ese dinero fue a parar a empleados y negocios que tenían derecho a recibir esa prestación. En concreto, se destinaron hasta 680 millones de euros, de los cuales 606,2 millones fueron destinados a ayudas sociolaborales y 73,8 millones a ayudas directas a empresas en crisis.
Del reparto de esas ayudas se beneficiaron hasta un total de 6.000 trabajadores, los cuales, casi en su totalidad, lo hicieron de forma legítima. Apenas un centenar fueron intrusos, es decir, personas ajenas a las empresas en crisis que recibieron ayudas. Porcentualmente, el 80 por ciento del dinero de los ERE fue a parar a trabajadores de empresas en crisis que, efectivamente, cumplían los requisitos para recibir las ayudas.
Al mismo tiempo, según determinó el Tribunal Supremo, este sistema de reparto de ayudas se fundamentó en un modelo muy descontrolado bajo los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, mientras que Griñán recibió una condena de seis años y medio de cárcel por malversación de caudales públicos. Ahora, el Constitucional rectifica lo estipulado en su día por el Supremo, y determina que a pesar del caos que se impuso como norma en estas asignaciones, la gran mayoría de ellas fue correcta y correspondida y había de ser abonada a sus beneficiarios, con independencia del Gobierno autonómico de turno que estuviera en el poder en ese momento.
Magdalena Álvarez asegura que Bonilla "miente"
Por su parte, la exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, defiende que los 'populares' han faltado a la verdad. "Hay una cosa muy importante que destacar, que lo que ha quedado meridianamente claro es que mienten, que el Partido Popular miente, y ha mentido al decir que hemos participado en una trama, miente descaradamente y desvergonzadamente cuando dice que hemos robado un dinero que en ningún sitio, en ningún momento, ningún tribunal ha dicho que nos hayamos beneficiado de las ayudas sociolaborales", ha señalado en primera persona y en primicia a ElPlural.com, en referencia a la estrategia que ha mantenido el PP históricamente alrededor de esta cuestión.
Álvarez ha asegurado que es una estrategia que ha tenido el PP desde antes, incluso, de que se aplicara en Andalucía. "Una estrategia de acoso y derribo al adversario político para llegar al poder no a través de las urnas, sino a través de un deterioro personal y partidista, podríamos decir partidario, del Partido Socialista Obrero Español", ha defendido la exconsejera de Economía.
"Estoy indignada porque llevo mucho tiempo callada. Y me he callado por respeto a los tribunales. Ellos, sin embargo, no respetan nada, y la falta de respeto del presidente de la Junta de Andalucía hacia una sentencia del Tribunal Constitucional, nada menos que del Tribunal Constitucional, es inaceptable. No se puede mantener esa postura simplemente porque han hecho una gran mentira, un gran bulo y ha explotado el globo, demostrándose a través de la sentencia del Constitucional que eso era mentira", ha sentenciado.
