El Tribunal Constitucional ha aceptado parcialmente el recurso del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y pasar su caso a la Audiencia de Sevilla para que reconsidere su condena de nueve años de inhabilitación por el caso de los ERE. A su vez, también ha exonerado por completo al expresidente José Antonio Griñán de toda la malversación por la que fue condenado a seis años de cárcel por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos. Durante estos años, el de los ERE ha sido uno de los frentes judiciales más manidos por la derecha para criticar a estos expresidentes socialistas, y ahora que la situación ha cambiado, conviene recordar cuál fue el destino de los 680 millones de euros de estas partidas.
La mayoría progresista del pleno, al igual que en el caso de la exministra Magdalena Álvarez, valora que los tribunales se excedieron al entender que ciertos actos políticos, como puede ser la aprobación de un anteproyecto de presupuestos, algo harto normal en cualquier Parlamento de cualquier nivel, podían constituir un delito de prevaricación. Ahora, se ha ordenado el dictado de una nueva sentencia que excluya del relato delictivo buena parte de las acusaciones para ambos dirigentes socialistas. Así, el PP y la derecha mediática pierden uno de los frentes con los que más han insistido en los últimos años.
¿Dónde se destinaron los ERE?
Con el levantamiento de estos cargos, una de las primeras preguntas que vienen a la mente es cuál fue el destino de los casi 700 millones de euros que protagonizaron este caso. Después de semanas de investigación por parte del Tribunal Constitucional sobre este sistema millonario de ayudas públicas a trabajadores y empresas, se concluye que la gran parte de ese dinero fue a parar a empleados y negocios que tenían derecho a cobrarlo. En concreto, se destinaron hasta 680 millones de euros, de los cuales 606,2 millones fueron destinados a ayudas sociolaborales y 73,8 millones a ayudas directas a empresas en crisis.
Del reparto de esas ayudas se beneficiaron hasta un total de 6.000 trabajadores. En su práctica totalidad, todos ellos lo hicieron de forma legítima. Apenas un centenar fueron intrusos, es decir, personas ajenas a las empresas en crisis que recibieron ayudas. Porcentualmente, el 80 por ciento del dinero de los ERE fue a parar a trabajadores de empresas en crisis que, efectivamente, cumplían los requisitos para recibir las ayudas.
El resto del dinero, los 73,8 millones restantes, fue a parar a sobrecomisiones o ayudas directas a empresas e instituciones. Más en concreto, el grueso de los beneficiarios fueron, mineros de la faja pirítica de Huelva, operarios de Delphi en Cádiz u obreros de Santana Motor en Jaén.
Según determinó el Tribunal Supremo, este sistema de reparto de ayudas se fundamentó en un modelo muy descontrolado bajo los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, mientras que Griñán recibió una condena de seis años y medio de cárcel por malversación de caudales públicos. Ahora, el Constitucional rectifica lo estipulado en su día por el Supremo, y determina que a pesar de la anarquía y del frenesí con el que se realizaron estas asignaciones, la gran mayoría de ellas fue correcta y correspondida.
Diversas sentencias han estimado de manera total o parcial los recursos de casi todos los condenados. En algunos casos, como el de Carmen Martínez Aguayo, las condenas han quedado completamente anuladas. En otros, como el de Magdalena Álvarez, la Audiencia de Sevilla ha recibido la consigna de repetir su sentencia pero, en la práctica, rebajando su condena al excluir buena parte de los hechos considerados delictivos.
