El Partido Popular, en voz de su vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, han exigido, en el marco de su personación en el caso de los ERE, la abstención de tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC), -Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido-, que preside el tribunal de garantías. En el caso de Púmpido, han señalado que quieren que este se aparte de los recursos que afecten al caso como ya sucedió cuando el magistrado pertenecía al Tribunal Supremo (TS).
A través de una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados este jueves, Bendodo ha señalado que el TC “no puede convertirse en un órgano de relectura” o “revisión de las sentencias”, resaltando así que más de 20 juzgados “confirmaron y ratificaron las sentencias a los condenados por prevaricación y malversación”.
De esta manera, el popular ha apelado a los socialistas en los siguientes términos: “Quiera o no el PSOE, el caso de los ERE es el mayor caso de corrupción de la historia de España con más de 700 millones de euros de los parados andaluces dedicados a otras cuestiones", ha aseverado Bendodo, quien ha asegurado que "hasta 70 familiares y personas vinculadas con el Partido Socialista se beneficiaron de ayudas ilegales o de falsas prejubilaciones".
Abstención de tres magistrados del TC
Con este telón de fondo, Bendodo ha avanzado que el partido de Núñez Feijóo reclamará a su vez la abstención de tres magistrados del Constitucional, solicitando así al presidente del tribunal que deje a un lado su valoración de los recursos que afecten al caso de los ERE para "garantizar la imparcialidad y velar por el correcto funcionamiento del TC", tal y como ya hizo cuando era magistrado del Tribunal Supremo porque siendo fiscal general del Estado participó en la tramitación del asunto, según ha recordado.
Bendodo ha señalado que Conde Pumpido reconoció entonces "estar afectado por una causa de incompatibilidad" y con su abstención se garantizaba la imparcialidad del Alto Tribunal. "¿Por qué se abstuvo entonces y ahora no, siendo la misma causa y los mismos condenados?", ha preguntado, añadiendo así que "la falta de congruencia es palmaria y es cuestión de números y votos".
En el caso de Inmaculada Montalbán, el dirigente del PP ha recordado que fue presidenta de la sección tercera de la Sala de Contención Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue ponente o participó en, al menos, 22 sentencias relacionadas con los ERE.
Por último, en la situación que respecta a María Luisa Balaguer, Bendodo ha indicado que la actual magistrada del TC fue consejera del Consejo Consultivo de Andalucía del 2012 al 2014, ponente en 28 dictámenes que abarcaban, prácticamente, toda la casuística de los ERE. "Revisiones de oficios, subvenciones ilegales, inclusión de prejubilados en pólizas, revisión de avales al conocido fondo de reptiles", ha detallado.
Bajo este marco, Bendodo ha indicado que, aunque por el momento, el PP va a instar a tres magistrados a apartarse de los recursos del caso, no descartan ampliarlo a los cinco miembros del TC que "tuvieron vinculación directa firmando sentencias sobre los ERE y ahora están votando a favor de exculpar a condenados".
Los casos de Campo y Segoviano, otros magistrados del TC señalados por el PP
De esta manera, el vicesecretario popular ha señalado a otro magistrado del TC, Juan Carlos Campo, que pasó de ser ministro de Justicia directamente al TC, y que fue director general de Justicia con Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía en el periodo investigado por los ERE. Además, ha subrayado que Campo fue también secretario general de Relaciones con el Parlamento de Andalucía en la Junta de Andalucía entre el año 2014 y 2015.
"Campo emitió juicios públicos que le comprometen, como cuando expresó su perplejidad por el procesamiento de Chaves y Griñán en una entrevista en el 2016 cuando era el portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso", ha resaltado, en referencia a los expresidentes de la Junta de Andalucía.
En el caso de la quinta juez, se trata de María Luisa Segoviano, quien como magistrada de la Sala de lo Social del TSJA firmó dos sentencias relacionadas con el caso de los ERE, concretamente el ERE de Nexpron y el ERE de SOS Cuétara.
