El Congreso da el primer paso para la reforma del Poder Judicial pactada por PSOE y PP

El Pleno del Congreso ha dado este jueves el primer paso para la tramitación de la propuesta de ley que reformará la Ley del Poder Judicial (LOPJ), además del Estatuto del Ministerio Fiscal que evitarán, a priori, erradicarán las “puertas giratorias” en la judicatura. Por otro lado, del acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista se desprende la intención de reforzar las mayorías al aprobar nombramientos judiciales, además de emplazar al renovado CGPJ a proponer posibles cambios en el sistema de elección de vocales. La votación se ha saldado con el previsible voto favorable de los dos grandes partidos tradicionales, tras un debate acalorado en el que la izquierda a la izquierda del PSOE ha mostrado su rechazo a la reforma. Con todo, con la suma de conservadores y socialistas, supera el primer trámite parlamentario.

Precisamente la mayoría de PP y PSOE en la Cámara Baja, por encima de los dos tercios, blinda todo el proceso parlamentario de la propuesta de ley que, tras ser tomada en consideración este jueves, afronta ahora el trámite de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, que tendrán hasta el próximo martes 9 de julio para registrarlas.

En caso de que sean a la totalidad se exigirá la presentación de un texto alternativo, dado que no basta con pedir la devolución del articulado. Dos días después, se prevé el debate de totalidad para, a la semana siguiente, debatirse en la Comisión de Justicia y, ya el 23 de este mismo mes, proceder a su aprobación definitiva en el Pleno antes de remitirla al Senado, que podría dar su visto bueno al día siguiente.

Cruce de reproches

Procesos parlamentarios aparte, Partido Popular y Partido Socialista han escenificado un duro enfrentamiento dialéctico en el pleno del Congreso, al mismo tiempo que ensalzaban las bondades del acuerdo para renovar el Poder Judicial. El PSOE ha insistido en extrapolar este pacto a otras cuestiones de Estado como la financiación autonómica, la lucha contra la violencia machista, políticas migratorias o la atención a menores migrantes no acompañados. Precisamente este asunto se ha colado en el fragor del debate, con los grupos de izquierda recriminando al portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, la petición al Gobierno de desplegar a la Armada para frenar la “inmigración ilegal”. “¿Lo siguiente será bombardearlos?”, se preguntaba su homólogo socialista, Patxi López, en los pasillos del Congreso.

Tellado ha apuntado su arsenal hacia la Moncloa durante el debate, calificando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el “máximo exponente del discurso populista” y acusándole de “colonizar” las instituciones con nombramientos politizados. De ahí se desprende, a tenor del argumentario conservador, que el Partido Popular pusiera fin a sus cinco años de bloqueo y se sentarse a la mesa de negociación para la reforma del CGPJ. Esgrimen, de hecho, que la renovación no podía limitarse a un mero pacto de nombres.

Pese al pacto, las fricciones entre los dos grupos mayoritarios no se han reducido y el PP insiste en el cambio del sistema de elección de los vocales. Tellado ha verbalizado que la aspiración de su grupo pasa por amoldarlo a los parámetros de la Unión Europea, por lo que confía en la disposición adicional de la reforma que, a la postre, mandata al nuevo órgano de gobierno de la judicatura a explorar vías en este sentido en un plazo máximo de seis meses.

Entre tanto, para defenderse del relato de la ultraderecha, que acusa al PP de ser poco menos que un cómplice de Moncloa, Tellado ha subrayado que el acuerdo con los socialistas no es un “balón de oxígeno” al Gobierno que garantiza su “supervivencia”. “No lo es”, ha enfatizado durante su intervención, precisando que el acuerdo insufla aire a la Justicia española para blindar “su independencia”. Así, el portavoz del Grupo Popular ha constatado que su formación seguirá ejerciendo oposición al Gobierno, pero desde la “lealtad” al Estado. “Es un soplo de aire fresco en una legislatura que empezó como un error y que avanza como un grave horror”, ha apostillado, al tiempo que se felicitaba por esta “noticia positiva” para el país.

"Parece que tengan vergüenza"

Su homólogo socialista también ha celebrado que por fin el PP haya desmontado su trinchera para desbloquear la situación del Poder Judicial, aunque ha afeado al portavoz conservador que haya desplegado un arsenal de “ataques al Gobierno” durante su intervención. “Parece que les da vergüenza haber llegado a un acuerdo o que siguen teniendo miedo a que haya algunos o algunas de su propio partido que están enfadados”, ha deslizado con ironía Patxi López en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o al ex jefe del Ejecutivo popular José María Aznar, entre otros.

López ha defendido que no se trata de un “acuerdo cualquiera”, lamentando al mismo tiempo que la dirección del PP vaya al Congreso “a disimular” y escenificando que como “no se fía” de los socialistas “nunca más” pactará. En cualquier caso, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja entiende que los conservadores son “un partido esencial en la estructura política” de España. Sin embargo, ha incumplido la Constitución durante cinco años al tener “secuestrado” al Poder Judicial en un “largo y tortuoso camino plagado fundamentalmente de excusas”.

Un acuerdo que “no regenera nada”

El paco de Estado no es tal a la izquierda del Partido Socialista. Tampoco en los grupos de izquierda soberanistas. El bloque de la investidura se ha desmarcado por completo, a excepción de la abstención de Sumar, que ha reivindicado su músculo parlamentario para meter la cuchara en los nombramientos de los vocales. Podemos y las fuerzas independentistas se han pronunciado con total contundencia contra la reforma del Poder Judicial bajo la premisa de que un pacto entre los dos grandes partidos no es síntoma de regeneración.

Con estos términos se pronunciaba en primer término la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que manifestaba su oposición al acuerdo y a la propuesta registrada conjuntamente por las dos fuerzas del bipartidismo. “No lo consideramos positivo”, verbalizaba la dirigente abertzale, que entiende que el pacto PP-PSOE no afronta el problema de la judicatura desde “la base”, que ha identificado con la “instrumentalización de la Justicia”. Aizpurua ha denunciado que el “aparato judicial” ha servido para “criminalizar” a independentistas vascos y catalanes, además de como arma arrojadiza “contra la izquierda y el presidente”. De hecho, ha expuesto que no es bueno para la democracia porque “puede perpetuar esta estrategia e impunidad”.

En términos similares se ha movido el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, que ha precisado que en los poderes del Estado deben estar sujetos a la soberanía popular en una democracia. “Los jueces no se pueden elegir entre ellos. Para que se entienda, el CGPJ no es un cónclave papal”, ha defendido el dirigente republicano, que califica de “trampa” el argumentario que blande la derecha para “despolitizar la Justicia”. “La gente lo celebra porque piensa que así los políticos no meten mano”, ha advertido, al tiempo que se dirigía a la bancada conservadora para exponer que el principal problema de la derecha llega “cuando los jueces no son suyos”.

Por su parte, Junts también ha cargado duramente contra el acuerdo, argumentando que “no regenera nada” porque “perpetúa las puertas giratorias entre la judicatura y la política”. De este modo, a juicio de la portavoz neoconvergente, Miriam Nogueras, se mantiene la “putrefacción de la justicia española” con unos “jueces justicieros constituidos en mafia que, por mucho que prevariquen, acaban protegidos por los capos y por los partidos españoles”. Entienden, por tanto, que este pacto facilita que la cúpula judicial siga “haciendo y deshaciendo al margen de la ley”. “Sigue la farsa”, ha lamentado mientras trufaba su intervención con ataques a las altas instancias judiciales al calificarlos como “la toga nostra”.

Amén de las pertinentes críticas al acuerdo, desde Podemos han urgido al PSOE a “reflexionar” para romper el acuerdo con el Partido Popular y trabajar para recomponer el bloque de la “mayoría democrática” que aupó a Sánchez a la reelección frente a la derecha judicial. La portavoz parlamentaria de los morados, Ione Belarra, sospecha que este acuerdo augura una “gran coalición” entre socialistas y populares similar a la que han cerrado en Europa, dando paso a una legislatura marcada “por el belicismo, el aumento del gasto militar y la austeridad”.

PSOE y PP suman a Ábalos y a Coalición Canaria

En consecuencia, conservadores y socialistas han sumado a su mayoría los votos favorables del que fuera ministros de Transportes, José Luis Ábalos, así como la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. En cambio, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se ha subido al tren de la abstención junto a Sumar, frente al voto negativo del resto de grupos, incluido Vox. La portavoz ultraderechista, Pepa Millán, ha afeado a los conservadores que hayan entregado el Poder Judicial al “gobernante más totalitario de nuestra historia”. “Pactan nombres, 10 para cada uno, y así se suscribe la premisa de que la justicia te tratará de una forma u otra en función del carnet del partido que lleves. ¿El pacto es bueno para el PP? Sí. ¿Para el PSOE? Sí. ¿Para la Justicia? No”, ha concluido.

PP y PSOE se enfrentan en el Congreso pese a su pacto por el CGPJ