La Junta de Andalucía ha presentado el primer programa Garantía Vivienda Joven mediante el cual se avalará a menores de 35 años para que puedan comprar su primera vivienda con un préstamo bancario de hasta el 95% de la compra. El programa cuenta con 20 millones de euros destinados a avalar el 15% de la entrada de los nuevos compradores.

Las bases reguladoras no establecen criterios para conceder las ayudas referentes a rentas. Podrán pedirla tanto los que cobre el IMV como grandes asalariados. Las solicitudes se resolverán en régimen de concurrencia no competitiva, lo que viene a restablecer el orden de llegada de la solicitud a través del banco, que actúa como filtro inicial.

La medida fue anunciada en febrero y se cristaliza ahora en un decreto ley con un precio máximo de 295.240 euros por vivienda. Los solicitantes podrán pedir hipoteca a los bancos adheridos al programa. La banca analizará la solvencia y el cumplimiento de los criterios, una vez pasada esa criba la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda resolverá la concesión de la garantía.

La nueva consejera de la materia, Rocío Díaz, destacó el papel de la Federación de Promotores Inmobiliarios de Andalucía (FADECO) con quienes han elaborado la medida “codo con codo". Díaz destaca el dinamismo económico que provocará este programa con un efecto estimado de 140 millones de euros en compra venta de viviendas.

El programa alude directamente a los menores de –o con– 35 años que, siendo asalariados, no pueden pagar la entrada del 20% que exige el banco junto a los gastos fiscales de la hipoteca. La Junta calcula que la medida afectará a mil andaluces.

Sin criterio de renta y sin compromiso a largo plazo

La medida provoca rechazo por el hecho de no atender a criterios de renta y porque no tendrá un impacto relevante. Para recibir el aval del 15% de la Junta primero hay que contar con la hipoteca del banco. Sin embargo, con una tasa de desempleo juvenil que llegó en el primer trimestre al 30% y con salarios pauperizados por la inflación, parece difícil llegar a este primer paso.

Desde las filas de la oposición, el PSOE califica de “insuficiente” un programa que no se complementa con otras medidas. Los jóvenes andaluces siguen siendo los últimos en España en marcharse de casa de sus padres, pero la nueva medida “no responde a las necesidades que tienen la mayoría de los jóvenes”, apunta la portavoz Isabel Ambrosio, en alusión a la imposibilidad de obtener una hipoteca a pesar del aval.

Mas a la izquierda del arco parlamentario también señalan que solo los jóvenes con garantías económicas podrán beneficiarse de estas ayudas. Destacan el alto precio de la vivienda que avalan –casi 300 mil euros y un 20% más si tiene buena certificación energética– en comparación con la realidad del mercado.

También señalan el hecho de la concurrencia no competitiva, es decir, que las ayudas se den por orden de llegada hasta que el presupuesto de 20 millones de euros toque fondo. De nuevo, en Andalucía impera la ley del email más rápido. “Esto es un insulto, una pantomima… un favor a las entidades bancarias, ya está”, reacciona el Diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

La medida “demuestra desconocimiento de la realidad de la juventud”, dice Esperanza Gómez, de Más País Andalucía, ya que “subvenciona precisamente a los jóvenes que tienen una situación más desahogada en nuestra tierra y provoca un efecto de mantenimiento o inflación”. A la derecha, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, comparaba la medida de la Junta con la de Pedro Sánchez y señala que esta medida de la Junta viene a “equivocar a la gente".

Una medida peligrosa, inflacionista, especulativa e injusta

Lejos de la dialéctica política, expertos en la materia alertan de los riesgos de esta medida y la ausencia de un criterio de renta. El catedrático y director de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, califica de “dinero falso” este tipo de avales que desligan la retribución económica del esfuerzo y la capacidad de ahorro de las personas.

“Con el famoso 20% que exigía la banca se buscaba crear un nivel aceptable de endeudamiento, un equilibrio”, explica a ElPlural.com. Conceder el aval del 20% de manera “artificial” es “arriesgado” porque convierte al dinero en “carbón incendiario, me recuerda a las medidas previas al estallido de la crisis de 2007”.

Nasarre califica de “injusta” la ausencia de un criterio de renta en el aval de la Junta. Además, señala el hecho de que el piso se pueda revender pasados tras solo dos años de su uso como vivienda principal. “No es normal un periodo de tiempo tan breve, hablamos de ayudas públicas”. Tras análisis comparativos de otros mercados de vivienda como el de Reino Unido o Países Bajos, Nasarre alude al aumento de riesgo especulativo y de tendencia inflacionista.

Otra crítica alude a los 354 mil euros por vivienda que esta ayuda podría avalar. Un tope máximo que, para la Dra. en Geografía especializada en temas de vivienda de la Universidad de Sevilla, Estrella C. Cruz Mazo, es demasiado alto. “No es bueno dar por sentado que el mercado de vivienda libre está como está porque seguimos incrementando esas dinámicas”.

La también investigadora pide más rigor y detalle para un sistema que debería definir “situaciones de vulnerabilidad y tipologías de vivienda afectadas”. También echa en falta alusiones específicas a la banca, “hay que definir las condiciones de la hipoteca, que tipo de cuotas ofrecen, teniendo en cuenta que está recibiendo ayudas, necesitamos mecanismos de gestión control y verificación”. Nasarre también alude a la banca y a los promotores como los grandes beneficiarios de una medida que puede propiciar más actividad en un mercado infraccionado.

La sombra de una nueva burbuja hipotecaria vuelve a emerger. Ahora, las entidades financieras disponen de un plazo de 15 días para adherirse al programa de la Junta de Andalucía. Una vez firmados los convenios de colaboración los jóvenes podrán solicitar el aval a las entidades bancarias. El papeleo y el filtro correrá a cargo de los bancos que cuentan con el viento a favor de un aval seguro del 15% desde las arcas públicas. La experiencia, señalan los analistas, es que la vivienda se encarecerá.