Este viernes, el rey Felipe VI presidirá el acto de apertura del año judicial, en el que intervendrá el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló. No obstante, el monarca recibirá el plantón del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se ausentará en señal de protesta para asistir a un acto junto a Isabel Díaz Ayuso. Y, además, jueces conservadores se están organizando a través de chats en WhatsApp y en reuniones privadas para boicotear al fiscal general, que será procesado por revelación de secretos al estar acusado de haber filtrado el correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, reconocía haber cometido delitos fiscales.
Según ha podido saber ElPlural.com, jueces conservadores están buscando fórmulas para boicotear a García Ortiz y en estos días hablan de la necesidad, “casi la obligación”, de que se evidencie de forma clara un rechazo mayoritario por su presencia en el acto solemne de apertura del año judicial.
Buscan formas para lograr su objetivo contra el fiscal general sin faltar el respeto al rey ni a Perelló. Entre estas fórmulas, se barajan para el plante a García Ortiz el no asistir al acto y excusar la presencia, levantarse cuando se disponga a pronunciar su discurso o no entrar al salón donde se celebra hasta que el fiscal termine su discurso.
Lo que esperaban estos conservadores era que el fiscal general del Estado hubiera declinado su asistencia al acto, algo que no ha hecho en línea con la postura que ha adoptado desde el inicio del procedimiento en su contra. Desde el inicio, García Ortiz ha reiterado su inocencia y su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa, algo que han apoyado unánimemente desde el Gobierno.
El plante de Feijóo
Pero este intento de boicot entre los jueces conservadores se suma al anuncio de este miércoles del Partido Popular informando de que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, no va a asistir al acto solemne de apertura del año judicial porque se había comprometido a acudir ese día y a esa hora a la inauguración del curso político del PP de Madrid en Arganda del Rey.
Feijóo, algo que no había hecho en sus tres años anteriores como presidente del PP, dará plante a Felipe VI en un nuevo intento de politizar la justicia e intentar tumbar al fiscal general del Estado en un caso de filtración que afecta al defraudador confeso del novio de Ayuso que hasta uno de los magistrados de la Sala de apelaciones del Supremo afirmó que no resultaba “posible” atribuirle dicha filtración.
Y aunque desde el PP han justificado la ausencia de su presidente en “el compromiso previamente adquirido” de asistir al acto del PP de Madrid, las críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y el propio fiscal general evidencian la verdadera razón por la que han decido plantar hasta al rey.
Desde el PP han acusado a Sánchez de amnistiar a “imputados como Puigdemont”, de indultar “a condenados como Junqueras, de celebrar “que se anulen las condenas a Chaves y a Griñán” y de proteger “a personas como Álvaro García Ortiz, Begoña Gómez o David Sánchez”.
Pero toda esta protesta del PP no viene a ser más que una politización del acto judicial después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso del fiscal García Ortiz y lo dejase al borde del banquillo por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso, empresario que está investigado por fraude fiscal y falsedad documental, así como administración desleal y corrupción en los negocios.
El procesamiento del fiscal general del Estado
El pasado 29 de julio la Sala de apelaciones del Tribunal Supremo tumbaba el recurso de apelación presentado por el fiscal general del Estado contra el auto de procesamiento dictado por el juez Ángel Hurtado, por lo que sentaba a García Ortiza en el banquillo como presunto autor de un delito de revelación de secretos tras la filtración del correo donde Alberto González Amador reconocía haber cometido dos delitos fiscales.
Sin embargo, el procesamiento salía adelante con un acuerdo parcial de la sala, ya que el magistrado Andrés Palomo del Arco emitía un voto particular al mostrar desacuerdo con el criterio de los otros dos magistrados. “En mi propuesta de ponencia, que restó en minoría, entendía, que para ambos investigados, -también para Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, a quien el Supremo estimó el recurso y la dejó fuera del procedimiento judicial- debió acordarse el sobreseimiento. La valoración de la mayoría ha resultado radicalmente divergente a mi borrador; absolutamente incompatible, por lo que entiendo necesario, que conste el disenso, que no es cuestión de matiz, sino sobre el alcance de la finalidad del auto de prosecución en el procedimiento judicial y la fiscalización judicial del acervo incriminatorio. Como resulta del art. 779.1.1a LECrim, debe aparecer suficientemente justificado la perpetración del hecho “delictivo” por parte del investigado”, sostuvo entonces Palomo del Arco.
En líneas similares, este magistrado insistió en que "no basta una narración trabada, verosímil, que si de una obra de ficción se tratara, posibilitase la denominada suspensión de la incredulidad, sino que exige un examen de suficiencia del acervo acusatorio sobre la perpetración del hecho por parte del investigado, donde su participación sea al menos tan posible o fuerte como la contraria". "Y precisamente en autos, entiendo que no existe un fundamento indiciario suficiente que posibilite racionalmente una condena", añadió.
El procesamiento, sin embargo, se producía después de que los dos magistrados que decidieron enviar al banquillo a García Ortiz se valieran del argumento de que "es preciso enfatizar que los periodistas que afirmaron conocer o haber visto el correo de 2/02/24 se han acogido a su derecho al secreto profesional, lo que priva a sus declaraciones de toda posibilidad de corroboración, limitando objetivamente la fuerza probatoria de las mismas". Omitían con ello, no obstante, el derecho constitucional a no revelar una fuente en entredicho por parte del periodista, y cuestionando la veracidad de las declaraciones de estos periodistas por el hecho de no revelar las fuentes, más aún, cuando no se acogieron al derecho de no declarar y optaron por ofrecer su versión a la sala, eso sí, protegiendo la autoría de sus fuentes.
Con todo ello, los magistrados concluyeron que “la información acumulada durante la instrucción, en los términos estrictamente indiciarios que corresponden a este momento procesal, es que los distintos periodistas que cubrían el caso tenían, si acaso, alguna información fragmentaria pero no tenían noticia del contenido del correo de 2/02/24 que es precisamente el que fue filtrado, dentro de los indicios en los que nos movemos, al periodista de la Cadena Ser".
En líneas similares, en el auto, el juez Hurtado defendía argumentos como: "Aunque el periodista manifestó que había hablado con el Sr. García Ortiz antes de ser Fiscal General del Estado lo cierto es que el día 13/03/24 el citado Fiscal recibió una llamada del teléfono del periodista y poco después un SMS (21:38:12 y 21:38:16) lo que evidencia que el periodista tenía posibilidad de comunicación directa con el Fiscal General". Sin embargo, con este argumento el juez del Alto Tribunal mostraba desconocer que todos los periodistas de tribunales de España tienen esta comunicación directa con el fiscal general, pues este fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y todos tienen su móvil.
