La defensa de Santos Cerdán ha iniciado la semana trasladando dos escritos al Tribunal Supremo. En el primero se presentan una serie de cuestiones que, según los abogados del político socialista, deben ser abordadas como, por ejemplo, cuán profunda ha sido la colaboración de Koldo García con la Guardia Civil, pues sospechan una posible ocultación de esto basada en el material tachado por la UCO y que no se encuentra bajo el control del magistrado encargado de juzgar este caso. Por su parte, en el segundo, se vuelve a reclamar la puesta en libertad del ex secretario de organización del PSOE al considerar que su encarcelación se ha llevado a cabo en base a una "sospecha judicial" que, tal y como exponen, no posee otro pilar sobre el que apoyarse que la interpretación que la UCO realiza sobre las grabaciones incautadas Koldo García. En este sentido, se preguntan cómo no se ha practicado ningún registro a Cerdán y ni siquiera la Fiscalía Anticorrupción preguntó a los empresarios que prestaron declaración por la supuesta actividad corruptora del político.
El Plural ha podido tener acceso a ambos textos, pudiendo observar que, en el primero, los letrados encargados de la defensa de Santos Cerdán han reclamado se retire la consideración de "secreto" al material incautado a Koldo García y que pase a formar parte del procedimiento. No solo eso, sino que también piden que se realice una aclaración que permita conocer los motivos por los cuales el comandante imputado en la Audiencia Nacional era parte de un grupo de mensajes en una red social que se había nombrado como "K fontanería", una explicación que los abogados del ex secretario de Organización del PSOE consideran permitiría entender cuáles eran las auténticas funciones del ex asesor de José Luis Ábalos, al aludir la K a la primera letra del nombre de Koldo. La razón en la que este escrito se basa para solicitar la batería de diligencias reside en concebir que existe una intención concreta contra Cerdán debido a su papel en las negociaciones de su partido con Junts, en las que fue representante de su formación política, y que perseguía influir en la acción del Gobierno de España.
Para justificar las peticiones realizadas, la defensa del que jugara un papel de gran relevancia en el PSOE se ha basado en un atestado de la UCO que permitió proceder a la imputación del comandante Rubén Villalba, así como también ha apuntado a las conversaciones grabadas por él mismo con su jefe, el coronel al mando de UCE-2, dentro del Servicio de Información. Cruces de palabras en los que se podía escuchar al comandante relatar las cantidades que se habían empleado para la compra de teléfonos móviles para Koldo García.
Por ello, existe una mención concreta a una posible contaminación de estos dispositivos que fueron empleados para unas grabaciones que Koldo García insistía en no haber realizado, hecho al que también apuntan. También hay en el escrito una petición para incluir en esta causa la entrevista a Koldo en el programa Mañaneros 360. Sobre los superiores de Rubén Villalba y sus agentes subordinados, solicitan que sean llamados a declarar.
No es esta la única línea que ha seguido el escrito, sino que también se ha hecho mención en él a Víctor de Aldama, pues los abogados de Cerdán encuentran que desarrolló una estrategia para esquivar su responsabilidad en la causa relacionada con el fraude de los hidrocarburos y poder salir, así, de la prisión provisional al reconocer su participación en la trama de las mascarillas de Fomento y acusar a Ábalos y Cerdán de corrupción. Tal y como han expuesto en el escrito los abogados del ex secretario de Organización del PSOE, el empresario Víctor de Aldama trató de ocultar que sus ganancias venían de ese fraude de los hidrocarburos y que, utilizando una parte de los 182 millones de euros que le atribuye la Agencia Tributaria, “intentó sobornar” a José Luis Ábalos para que el Gobierno de España apoyara al líder de la oposición venezolana Juan Guaidó.
De ahí que, con la pretensión de "determinar las vías de concertación y posibles instrucciones recibidas en prisión para dirigir su declaración", los abogados de Cerdán reclaman que se ponga a disposición del juzgado el listado de visitas que recibió Aldama en la cárcel de Soto del Real previamente a realizar estas acusaciones a los políticos socialistas. En este sentido, también se señala que Aldama estuviera incluido como confidente unidad contra el terrorismo islamista de la Guardia Civil, en la que estaba enmarcado el comandante imputado, Rubén Villalba.
La tercera línea que sigue este escrito se focaliza en unas posibles irregularidades en la apertura de este procedimiento judicial, pues encuentran un patrón de “contradenuncia o renuncia reactiva” en el arranque del caso al alegar que el inicio estuvo la denuncia recibida en Anticorrupción y que presentó el Partido Popular de Madrid por el fraude de las mascarillas en Transportes, una denuncia que la Fiscalía especializada comenzaría a investigar quince días después de de que el Tribunal Supremo hubiera rechazado otras dos planteadas de manera similar.
Según la defensa de Cerdán, el Tribunal Supremo procedió a la apertura de una investigación diferente al fraude de las mascarillas sin que remitiera un oficio a la Audiencia Nacional para que sopesara si había que elevar una exposición razonada sobre la presunta implicación de Cerdán. Además, señalan que la Guardia Civil “a espaldas del juez y fuera de su control, remitió un oficio al Tribunal Supremo sin autorización” del juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional.
En lo referido a las grabaciones, los letrados vuelven a presentar dudas sobre la cadena de custodia de estos audios en los que se sustenta la acusación contra Santos Cerdán y denuncian que la Guardia Civil, llevando a cabo actuación irregular, ha “desplazado” el lugar donde se encontraban los audios originalmente, de la nube a unos dispositivos concretos. También han señalado que los números de las bolsas que contenían las pruebas no coinciden.
