La instrucción del ‘caso Montoro’, sobrenombre adoptado en referencia a la investigación por la presunta corrupción cometida por el otrora ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y todo su equipo, avanza paulatinamente tanto en los tribunales como en los medios de comunicación.
Después de que se hayan publicado cientos de operaciones realizadas por Equipo Económico, bufete desde el que el exministro intercambiaba leyes favorables a cambio de pagos económicos, empieza a desembrollarse una red que operó sin oposición y con conocimiento del Gobierno de la época, liderado por Mariano Rajoy. Contratos de toda índole, tanto públicos como privados, que involucran a un sinfín de actores tanto políticos como empresariales en el modus operandi de Equipo Económico. Desde la Comunidad de Madrid hasta la Xunta de Galicia, pasando por lobbys energéticos, patronales o capos muy conocidos en el parqué empresarial español.
En lo referente al juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona, donde radica una instrucción que es fruto de más de cinco años de trabajo, las rivalidades también son palpables. Este mismo viernes, el PSOE presentó un escrito defendiendo el impecable trabajo realizado por el juez, así como por las fuerzas cuerpos de seguridad del Estado en los registros necesarios para conocer la gravedad de los hechos.
Este escrito, fechado el pasado viernes 5 de septiembre y al que ElPlural.com ha podido acceder, responde a una petición de archivo de la causa formulada por la defensa de Equipo Económico. En la misma, firmada a finales de julio, los abogados del bufete desde el que se centralizó toda la trama arguyen apenas un puñado de motivos para reclamar el fin de la investigación.
Uno de ellos, y sobre el que pivota la respuesta del PSOE, es la búsqueda de la nulidad de todas las actuaciones previas al escrito por estar sostenidas en un “hallazgo casual”. Para ello, desde la consultora de Montoro sostienen que sus representados han sido víctimas de un exceso policial en los registros practicados durante la instrucción, vulnerando de esta forma el artículo 18 CE. Una vulneración que radica en tres ejemplos de mala praxis practicados, a sus ojos, por los Mossos d’Esquadra: la no comunicación inmediata del “hallazgo casual”; la vulneración del principio de especialidad, sobrepasando el objeto de la investigación; y la realización de una investigación a su juicio prospectiva.
Instrucción “exquisita”
Tras hacer un repaso desmontando cada uno de los argumentos ofrecidos por la defensa de Equipo Económico, utilizando para ello además fragmentos de los escritos previos del juzgado para dejar sin efecto las quejas por desprotección, el PSOE ratifica en su impugnación del recurso de apelación que la instrucción practicada ha sido a su juicio “exquisita” por parte del juez e “impecable” por parte de los Mossos.
Dos adjetivos suficientes para rematar el escrito reclamando que el recurso del bufete, centro neurálgico de la red de mordidas y pagos a cambios de legislación favorable, sea desestimado: “Puesto que no se ha vulnerado ningún tipo de derecho, ni se ha producido indefensión y en consecuencia no hay nulidad, no procede la aplicación de los artículos y jurisprudencia que regulan sus consecuencias”.
