Desde que afloraron las acusaciones de “el mayor caso de corrupción sanitaria”, la Junta de Andalucía ha dado pasos que la delatan. Su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, huye sistemáticamente, a base de ceses, de todo lo que rodea a la gestión de sus presupuestos sanitarios. Este miércoles, el Gobierno del PP andaluz destituyó a José Antonio Miranda, gerente de las cuentas del Sistema Andaluz de Salud (SAS), un cese en el contexto del caso de los contratos fraccionados y adjudicados a dedo que investiga la Justicia.
Los socialistas andaluces han exigido a Moreno Bonilla que explique "la verdad" sobre el cese del que denominan "el arquitecto del desvío de millones a dedo y sin control". Miranda es el último de una lista que incluye a dos consejeros, dos gerentes del SAS y una docena de altos cargos, que ya han abandonado las filas de la Junta de Andalucía por una colección de motivos. Entre ellos, se incluye el cese en enero de la interventora general, María Antonia González Pavón, quien emitió un informe en 2023 advirtiendo del fraccionamiento de contratos millonarios en el SAS, práctica que se haría para concederlos a dedo a empresas privadas.
El ya exdirector general de Gestión Económica y Servicios del SAS ha abandonado el cargo, que ostentaba desde 2019, alegando “un descanso” por la proximidad de su jubilación, según Rocío Hernández, consejera de Salud. Miranda era el encargado de la política presupuestaria del organismo sanitario andaluz, planificando y ejecutando los contratos de miles de millones de euros que se encuentran actualmente bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y dos juzgados, uno en Sevilla y otro en Cádiz.
Los tribunales investigan la posible prevaricación en los contratos firmados por el SAS entre 2020 y 2024. La Junta los adjudicó por la vía de emergencia amparándose en un Real Decreto aprobado a raíz de la pandemia, pero lo habría hecho cuando este ya estaba derogado. El ministerio público y los juzgados investigan a tres altos cargos del SAS: Valle García, actual gerente, y Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, sus predecesores.
Moreno Bonilla cesó a la interventora que señaló sus contratos troceados
A principios de este año, la interventora general de la Junta de Andalucía fue destituida. Menos de seis meses después de su nombramiento como fiscal de las cuentas de la región, González Pavón presentó un informe donde daba cuenta del troceamiento “indebido y masivo” de contratos del SAS que se estaban adjudicando a dedo y sorteaban la Ley de Contratos del Sector Público. Dos años después de ello, la Junta de Andalucía acordó su cese.
Esta práctica se habría implantado para descongestionar las desbordadas listas de espera del sistema sanitario andaluz, desviando fondos a la sanidad privada a base de contratos a dedo. El informe de la interventora autonómica actuó de motor para que el resto de interventores provinciales del SAS siguieran su estela y presentaran también informes de fiscalización donde manifestaban abusos, “contratos menores en fraude de ley”, así como el cuestionamiento de un sistema de adjudicación de contratos a dedo fraccionados por una cantidad que sobrepasaba los 1.225 millones de euros.
El cese de Miranda, el "epicentro" de las prórrogas de los contratos a dedo
Una docena de cargos después, esta semana ha sido el turno del director general de Gestión Económica del SAS. Miranda es un veterano diputado del PP andaluz, que ocupó su puesto en el organismo desde el primer Ejecutivo formado por Moreno Bonilla en 2019. Su gestión ha estado marcada por la pandemia de Covid-19, en la que, según la consejera, Miranda realizó un “ingente trabajo”. Rocío Hernández ha explicado que él mismo ha pedido “un descanso” porque “tiene la jubilación muy cerca”. Su sustituta será Amparo Simón.
La denuncia que abrió la investigación al SAS, impuesta ante los tribunales por el PSOE andaluz, no mencionaba directamente a Miranda, pero sí que señalaba a su departamento como el “epicentro” de “la definición de las estructuras integradas para la contratación de obras, bienes y servicios, para todos los centros sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía de cada provincia”.
Entre 2021 y 2024, se prorrogó hasta en cuatro ocasiones la excepción creada por la pandemia en el sistema de contratos públicos. Esto triplicó el presupuesto inicial del SAS, de 70 a 243 millones de euros. Los informes de los auditores ya resaltaban entonces el abuso de la contratación de emergencia excusada en la pandemia. Los auditores coincidían en que la legislación estatal ya había derogado este marco, que a partir de 2021 la situación con el Covid estaba “atemperada” y era conocida y “previsible”, y que la prórroga de estos contratos incumplía las directrices de la Consejería de Hacienda.
El área que dirige Carolina España dictó a Miranda en mayo de 2021 que las adjudicaciones de emergencia se hicieran en situaciones de carácter “excepcional y residual”. El ahora exdirector de cuentas del SAS defendió estos contratos en sus alegaciones a los informes de la intervención general. Los argumentos fueron siempre los mismos: los efectos de la pandemia eran visibles aún tres años después de su inicio, y la presión asistencial y las listas de espera obligaban a prolongar la deriva de pacientes a la sanidad privada mediante estos contratos.
