Primero fue la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y, después, la Junta de Andalucía. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible advirtió al Ejecutivo madrileño unas semanas atrás con retirar las ayudas al transporte público en la región por “omitir” que la gratuidad del abono hasta los 14 años parte de Moncloa. Juanma Moreno Bonilla hizo lo propio, con el consiguiente aviso por parte del departamento que dirige el socialista Óscar Puente. Sin embargo, al contrario de lo ocurrido con la Puerta del Sol, el ministro esta vez ha hecho efectiva su advertencia y ha ordenado la retirada de la bonificación al transporte público en toda la región andaluza, justificándola con base a un “incumplimiento” del artículo 14 del Real Decreto-Ley 1/2025, de 28 de enero.
El articulado sobre el que pivota el Ministerio de Transportes expone que “se contempla como obligación de las administraciones posibles beneficiarias de las ayudas, el que todas las actividades de comunicación o difusión sobre la implantación de los descuentos deberán incluir de manera expresa, que reciben financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”. Y es que desde el Ejecutivo señalan directamente a la consejera de Fomento del Ejecutivo andaluz, Rocío Díaz, acusándola de haber anunciado la gratuidad del transporte público para menores de 14 años a partir del 1 de julio sin especificar que forman parte de una cobertura de subvenciones estatales.
El titular del departamento del ramo, Óscar Puente, avisó de que “esto traería cola”, al tiempo que envió una misiva a través de la Secretaría General de Movilidad Sostenible. En el escrito, el ministerio exponen que el “incumplimiento” de Díaz comporta “lamentablemente la imposibilidad de conceder las ayudas solicitadas por la administración en lo referente a la gratuidad infantil”. Y es que desde Moncloa, aducen que en ningún momento la consejera de Fomento especificó en su discurso el origen estatal de las subvenciones. “La Junta de Andalucía está omitiendo que únicamente toma esa medida gracias a que el Ministerio de Transportes y Movilidad ha puesto en marcha una serie de ayudas para rebajar el precio a viajeros habituales y promocionar su uso para el segundo semestre del año”, aseguran.
Desde el Ejecutivo insisten en que la “obligación de comunicación y visibilidad” no se ha incorporado en la información facilitada en la comparecencia de Díaz, lo que comporta una “falta a la deseable lealtad institucional entre administraciones”. El escrito concluye con la decisión retirada de las ayudas al transporte destinadas a la Junta de Andalucía.
La Junta refuta a Puente
El movimiento de Moncloa ha caído como un misil en San Telmo. Desde el Gobierno de Moreno Bonilla niegan la mayor y se aferran a unas declaraciones de la consejera del ramo en una entrevista concedida al Ideal de Granada, en la que aseguraría que las subvenciones están soportadas entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. De hecho, acusan al Ejecutivo central de tomar una decisión apresurada antes de contrastar el discurso completo de Díaz en el citado medio de comunicación, donde habría señalado que la Junta “se ha comprometido a asumir y mantener el 20% de rebaja como parte del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que según dijo, aportará el 20% restante”. Incluso esgrimen que, en el caso de no haberlo mencionado, la normativa sólo se aplica, según su punto de vista, a la cartelería física o virtual de los proyectos, así como a comunicaciones oficiales. Por lo tanto, quedaría fuera del ámbito legal una charla en un foro.
Por ello, la propia Díaz ha señalado a Puente, al que responsabiliza de “atacar a Andalucía”. “El Gobierno no conoce límites y va a privar a los jóvenes andaluces de las bonificaciones al transporte público. Es otro ataque desproporcionado más que Andalucía no consentirá”, advertía la consejera de Fomento de la Junta, que amagaba incluso con elevar el conflicto institucional a los tribunales. “No se tolerarán más agravios por parte de Pedro Sánchez”, advertía mientras acusaba al Ejecutivo de actuar de forma partidista y “arbitraria”.
