La entrada por el aparcamiento es un espacio reservado únicamente para personal judicial o autorizado, al igual que las escaleras interiores por las que se desplazó dentro del edificio para llegar al Juzgado, pero ambas fueron utilizadas el pasado jueves por la concejal popular de Granada imputada por prevaricación. Isabel Nieto eludió así a la prensa, una argucia ha irritado profundamente al decano de los jueces. El juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) su “malestar” con que la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital accediera el pasado jueves al edificio judicial de La Caleta, donde declaró como investigada por el ‘caso Serrallo’, desde el aparcamiento y no por los accesos habituales; “un trato de favor”, ha dicho, que se ha producido “sin intervención alguna de jueces o personal judicial”. En el escrito trasladado al Alto Tribunal andaluz, el juez decano precisa que la entrada de Nieto se produjo por un lugar “no destinado al efecto”, en tanto que “accedió al edificio judicial en el interior de un vehículo acompañada por una Policía Local directamente hasta el aparcamiento de los Juzgados”. UNA DISCOTECA BAJO SOSPECHA

El pasado día 11 de noviembre el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada citaba a declarar como imputada a la concejal de Urbanismo por los delitos de prevaricación ordinaria y prevaricación urbanística en la causa abierta en relación con la operación que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, junto al centro comercial Serrallo Plaza.

La edil, a quien su partido le abrió recientemente expediente por poner en duda el compromiso del Gobierno con el AVE, tenía que prestar declaración ante el juez el 10 de diciembre, lo que se produciría después de que la Fiscalía de Granada solicitara su imputación en esta causa por considerar que a lo largo de la instrucción han aparecido datos de los que se derivan su "participación consciente y voluntaria" en las conductas que se están investigando.

AYUDA DE LA POLICÍA LOCAL

Aunque inicialmente se previó que la edil fuera citada como testigo, finalmente lo hizo como imputada, después de que el Ministerio Público considerara que ha actuado en esta operación urbanística "con pleno conocimiento de la ilegalidad de la actuación y omitiendo los procedimientos legalmente establecidos".
El decano no oculta su enfado.“La salida se produjo de igual modo desde el aparcamiento y en el interior de un vehículo” con “la colaboración de funcionarios de la Policía Local que usualmente realizan labores en el ámbito judicial”, añade el magistrado, quien dice haber conocido esta situación al día siguiente por los medios de comunicación, lo que hace extensivo a la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde declaró Nieto; y al personal de seguridad de los juzgados. Así, y de acuerdo al Reglamento de órganos de Gobierno de los Tribunales, considera “evidente que se han vulnerado las instrucciones existentes, conocidas por todos y hasta ahora respetadas, en cuanto a que cualquier ciudadano debe acceder al edificio por las vías previstas al efecto, y no por aquellas otras sólo reservadas a personal judicial o autorizado”. CIUDADANOS DE PRIMERA Para el juez decano de Granada esto “repercute muy negativamente en la imagen de la Justicia”, pues “no se puede trasladar la idea de que existen ciudadanos de primera y de segunda en cuanto al trato que se recibe por parte de los tribunales” y quien acude a declarar como investigado –antes imputado–, sea quien sea, debe acceder por el mismo lugar salvo que razones acreditadas de seguridad aconsejen otra cosa”. Tras querer dejar “claro” que este “trato de favor se ha producido sin intervención alguna de jueces o personal judicial”, ha sostenido que “este hecho lamentable sorprende además, cuando en los últimos meses diferentes personalidades de la vida política granadina”, como el alcalde de Granada, concejales de la oposición o la delegada de Justicia de la Junta, “han accedido al edificio como un ciudadano más, sin solicitar ni recibir trato especial alguno, que obviamente no habría podido admitirse”. El juez decano advierte de que esta situación “no debe volver a producirse” y por ello ha elevado propuesta a la Sala de Gobierno del TSJA para que se traslade su “profundo malestar al Ayuntamiento de Granada y en concreto a los responsables de la Policía Local por los hechos ocurridos”. Propondrá además en su momento que esta cuestión se trate en la Comisión Provincial de Policía Judicial.