El verbo custodiar tiene estas dos acepciones en el diccionario de la Academia: 1) guardar algo con cuidado y vigilancia; 2) vigilar a alguien, generalmente a un detenido, para evitar que escape. Entendiendo ‘detenido’ en sentido metafórico, esta segunda acepción es la que describe con mayor precisión las ambiguas relaciones mantenidas por el partido ultraderechista Vox con sus socios de investidura e integrantes del Gobierno andaluz de coalición.

Mientras el PP y Ciudadanos se esfuerzan en identificar a Vox como un grupo más de la oposición, como lo son el PSOE y Adelante Andalucía, estos dos no dejan de recordar cada día a los primeros que son gobierno gracias a los votos ultras.

El partido invisible

Preguntado este martes el presidente por la negociación de los Presupuestos, que oportunamente entrarán en el Parlamento después de las elecciones del 26 de mayo, Juanma Moreno intentó convencer a los periodistas que cubrían la rueda de prensa en el Palacio de San Telmo de que podían sacar adelante la que sin duda es la ley más importante para cualquier Gobierno negociando indistintamente con PSOE, Adelante Andalucía o Vox.

En sus discursos públicos, Vox prácticamente no existe para Ciudadanos, empeñado en hacer olvidar que está gobernando la Junta de Andalucía porque los 12 diputados de extrema derecha hicieron presidente a Juanma Moreno.

Una cierta tregua

Y lo cierto es que en estos primeros cien días de mandato Vox no ha querido aguarles la fiesta a sus socios. Se ha limitado a ‘vigilarlos para evitar que se escapen’, pero sin prisa alguna en cobrarse la ‘libra de carne’ que en buena ley le corresponde por haber hecho posible el cambio político en Andalucía tras 36 años de hegemonía socialista.

En realidad, los tres partidos de la mayoría parlamentaria tienen buenos motivos para hacer lo que han hecho: PP y Ciudadanos para simular que Vox no existe (o existe muy poco) y Vox para dejarles creer que es así.

El partido ultra es consciente de que no podía presentarse a la doble cita electoral de abril y mayo habiendo puesto en jaque al primer Gobierno conservador de la historia democrática andaluza. De ahí que haya apretado muy poco al Ejecutivo y, por supuesto, ni se le haya pasado por la cabeza ahogarlo. Tiempo habrá para ello después del 26 de mayo.

A su vez, el PP y Ciudadanos, pero principalmente el primero, están seguros de que Vox tiene las manos atadas porque su electorado no entendería un escenario de inestabilidad cuyos beneficiarios directos serían ‘socialistas y comunistas’.

Los vaivenes del listón

La negociación de la Ley de Presupuestos será, pues, el momento de la verdad. Vox ya ha advertido que no la votará si incluye partidas para financiar a los ‘buscadores de huesos’ que pretenden “reabrir las heridas” de la guerra civil recuperando los restos de sus familiares asesinados. Es, por ahora, la única línea roja que ha puesto Vox. Otra cosa es que sea consecuente con ella.

El PP guarda un grato recuerdo de su negociación de investidura con los ultras, que habían puesto extraordinariamente alto el listón de sus exigencias para hacer presidente a Moreno, pero que se apresuraron a bajarlo casi a ras de pista firmando un documento plagado de puntos bastante ladradores pero muy poco mordedores.

Los martes, escándalo

En cuanto al balance gubernamental propiamente dicho, los Consejos de Gobierno presididos por Juanma Moreno han estado marcados más por la denuncia de la gestión de sus antecesores que por la aprobación efectiva de medidas.

‘Los martes, escándalo’ parece haber sido la divisa de un nuevo Ejecutivo que le está sacando gran rendimiento político a los ‘errores, olvidos y mentiras’ de los gobiernos de Susana Díaz, José Antonio Griñán y hasta Manuel Chaves, aunque sin remontarse –todavía– a los de José Rodríguez de la Borbolla y Rafael Escuredo.

Un PSOE poco engrasado

Los socialistas, por su parte, no vienen estando a la altura de sus credenciales históricas como partido siempre bien engrasado para afrontar adversidades como la pérdida del poder.

La coincidencia de la entrada en acción del nuevo Gobierno y la convocatoria de elecciones generales sin duda ha favorecido a populares y naranjas, que han tenido enfrente a un PSOE, por un lado, todavía conmocionado por la pérdida de la Junta y, por otro, inevitablemente obsesionado por el desenlace final de la pugna personal y política entre Pedro Sánchez y Susana Díaz.

Un ejemplo de esa indolencia –o al menos ineficacia– socialista a la hora de combatir los ‘escándalos del pasado’ puntualmente aireados por la Junta son las listas de espera sanitaria, en las que se habría escamoteado nada menos que a medio millón de pacientes.

Los titulares de la anterior administración apenas han hecho poco más que proclamar que las cifras del nuevo Gobierno eran mentira, pero sin llegar a demostrar documentalmente –aportando datos comparativos oficiales de otras comunidades autónomas– que el nuevo Ejecutivo trampea con la estadística.

Las cuentas del Gran Capitán

Mientras tanto, Juanma Moreno y Juan Marín hacían sosegadamente el pasado martes su balance de los cien días, adelantado en realidad en cinco jornadas para visibilizar en plena campaña electoral que el cambio político es posible en España como lo ha sido en Andalucía y que sus buenos resultados están a la vista.

Presidente y vicepresidente sacaron pecho afirmando haber aprobado las 21 medidas acordadas por PP y Ciudadanos para los primeros 100 días de mandato.

En realidad, el generoso cómputo gubernamental tenía mucho de las ‘cuentas del Gran Capitán’, pues muchos de los compromisos supuestamente cumplidos son bien una mera iniciación de trámites –supresión de aforamientos, limitación de mandatos, Ley de FP o Ley de Familias–, bien un simple anuncio de lo que se hará –plan estratégico para el sector agroganadero, simplificación normativa, oficina contra el fraude o coordinación de políticas migratorias–.

Sanidad y fiscalidad

Junto a medidas efectivas, aunque todavía por desarrollar en detalle, como el plan de choque para rebajar las listas de espera sanitaria o el plan de refuerzo educativo, la medida estrella del Ejecutivo conservador ha sido la rebaja fiscal, ya en vigor, del impuesto de sucesiones y donaciones y la reducción de la tarifa autonómica del IRPF a partir de 2020.

Los beneficiarios directos de lo que el Gobierno llama su ‘revolución fiscal’ serán, en el caso del IRPF, los contribuyentes que perciben rentas más altas y, en el caso del impuesto de sucesiones, los herederos que reciban más de un millón de euros por cabeza, ya que quienes heredaban hasta esa cantidad ya estaban exentos gracias a las rebajas aprobadas por el Ejecutivo de Susana Díaz a instancias de su socio naranja.

Al contrario que otras medidas, la rebaja fiscal sí ha sido, en cambio, bien rebatida argumentalmente tanto por el Partido Socialista como por Adelante Andalucía.