El decálogo fue expuesto con mucho ruido ayer en Madrid por el líder nacional del partido, Santiago Abascal, en una rueda de prensa en la que se negó a contestar a las preguntas de El Plural por tratarse, dijo, de un medio de “extrema izquierda”.

Sin embargo, un examen somero revela el alto grado de bravuconería del decálogo: de las diez sonoras exigencias que ha puesto VOX a cambio de apoyar un gobierno conservador en Andalucía, cuatro de ellas son inviables, dos son irrelevantes, dos son imprecisas y únicamente dos podrían aprobarse y aplicarse en pocos meses.

Rebajas sociales y fiscales

La supresión de ayudas sociales a los inmigrantes y la rebaja fiscal son los dos puntos del decálogo patriótico del partido ultraderechista que un futuro Gobierno del PP y Ciudadanos podría cumplir sin contratiempos: no obstante, la supresión inmediata del impuesto de sucesiones y donaciones y la rebaja del tramo autonómico del IRPF tendrían severas contraindicaciones para la hacienda pública andaluza, ya que dejaría de ingresar anualmente varios cientos de millones de euros. 

Baste recordar el coste que está teniendo para las arcas de la Junta la rebaja del impuesto de sucesiones exigida por Ciudadanos para votar la investidura de Susana Díaz en 2015: según datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la recaudación de dicho impuesto se redujo en 51,4 millones de euros en los primeros nueve meses de su reforma, en vigor el 1 de enero de 2018. Hasta septiembre de este año la recaudación acumulada en la región alcanzó un total de 213.556.475 euros frente a los 264.962.665 euros de 2017.

Medidas ruidosas pero inviables 

Cuatro de las medidas que han hecho más ruido político, entre ellas el cierre inmediato de Canal Sur, son sencillamente inviables porque requerirían la reforma del Estatuto de Autonomía y para ello hay que sumar al menos dos tercios de los 109 diputados del Parlamento, muy lejos de los 59 que reúnen Cs, PP y VOX.

Se diría que los autores del decálogo no se han leído ni siquiera por encima el Estatuto de Andalucía, que blinda la radiotelevisión pública, define en su preámbulo a la comunidad como ‘realidad nacional’ y otorga a la Junta competencias prácticamente exclusivas en educación y sanidad. Con sus 59 diputados, el bloque de derechas no podrá tocar ni una línea del Estatuto y, por tanto, no podrá dar cumplimiento a ese núcleo duro del programa de VOX.

Leyes estatales

Otras dos medidas legislativas exigidas por VOX –la derogación de las leyes de Memoria Histórica y de Violencia de Género– si podría sacarlas adelante la mayoría conservadora, pero al tratarse de extensiones autonómicas que amplían o complementan leyes matrices de ámbito estatal, su efecto sería relativamente pequeño. Más dañino sería, en cambio, hacer lo que Mariano Rajoy hizo con la Ley de Memoria Histórica: reducir a cero las partidas presupuestarias para su aplicación.

Y lo mismo cabe decir de la promesa de acabar con lo que VOX llama el Plan de Empleo Rural (PER), que en realidad hace años que dejó de llamarse así. La regulación de las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario y la dotación presupuestaria del mismo son competencia estatal en sus principales aspectos.

En cuanto al examen crítico de organismos “superfluos” para su posterior cierre y a las medidas de protección para el modo de la vida rural, la caza y la tauromaquia, se trata de compromisos lo suficientemente imprecisos como para que el nuevo Gobierno disponga de un amplio margen del discrecionalidad en su aplicación y desarrollo.