Tras el Consejo de Gobierno de hoy que se celebra en Sanlúcar de Barrameda, localidad natal del vicepresidente Juan Marín, habrá rueda de prensa del portavoz y consejero de Presidencia y, a tenor de lo visto en varias comparecencias anteriores, no es improbable que Elías Bendodo dé a conocer algún nuevo escándalo a cuenta de la gestión pública de los anteriores gobiernos socialistas.

Si la divertida película de José Luis García Berlanga, muy entroncada en la tradición picaresca española, se titulaba ‘Los jueves, milagro’, la película del nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos –con apoyo parlamentario de Vox– bien podría titularse algo jocosamente ‘Los martes, escándalo’.

Primeros compases

Tras los primeros Consejos de aterrizaje, de nombramientos y de primera toma de contacto con la salas de máquinas de las diferentes consejerías, en los cuales no hubo denuncias por los escándalos del pasado, la ruedas de prensa de los Consejos de Gobierno celebrados en marzo parecen haber adquirido una cierta velocidad de crucero en ese viaje al pasado al que tan aficionados son algunos –en general, más bien pocos– ministros o consejeros recién llegados al cargo.

El Gobierno denuncia y, obviamente, la oposición que antes era Gobierno desmiente, aunque el plus de credibilidad e indulgencia mediática que suele tener todo Ejecutivo opera en detrimento de la oposición, del Partido Socialista en este caso, obligado a un esfuerzo suplementario de documentación para sustentar creíblemente su defensa.  

La primera auditoría 

Tras la investidura de Juanma Moreno el 15 de enero, ya en el temprano Consejo de Gobierno del 26 de ese mes el nuevo Ejecutivo acordaba como primera medida “encargar a la Intervención General de la Junta de Andalucía que incluya en el Plan de Control Financiero de 2019 una auditoría para comprobar la correcta distribución de competencias entre las consejerías y las agencias, la vigencia de los objetivos que en su día justificaron la creación de estas entidades y si constituyen el medio más idóneo para lograr sus fines”.

Los Consejos de Gobierno de febrero fueron más bien sosos en materia de escándalos. Hubo poca cosa. Tal vez porque escarbar en las cuentas del pasado lleva su tiempo. Desde luego, el equipo de Moreno Bonilla no ha desaprovechado ese tiempo.

Esos Consejos de febrero estuvieron centrados en los nombramientos y en la aprobación de medidas como la reducción de altos cargos y puestos directivos o la ampliación de políticas del pasado como el cribado de cáncer colorrectal para extenderlo al cien por cien de la población diana en dos años. También se anunció en ellos el inicio de los trámites para suprimir lo que quedaba del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Fondos dilapidados

Tras el Consejo de Gobierno del 5 de marzo, el portavoz y hombre fuerte del Gobierno Elías Bendodo denunciaba que sus antecesores socialistas "no ejecutaban ni en tiempo ni en forma" los fondos que Andalucía recibía de la Unión Europea, algo que ya no iba a suceder porque el nuevo Gobierno estaba decidido a “agilizar los trámites para no desperdiciar ni un solo céntimo que sirva para sacar a Andalucía del vagón de cola".

Bendodo lamentaba también que Andalucía no hubiera logrado salir “de la división de las regiones más pobres de Europa", pese a haber recibido desde 1986 “una lluvia” de más de 100.000 millones de euros de Bruselas.

Aunque a ello replicaba en Twitter el exconsejero socialista Antonio Ramírez de Arellano asegurando que "el nivel de ejecución de Andalucía es correcto y similar al del Estado", lo cierto es que su protesta no logró hacerse en los medios un hueco parecido al que estos abrieron con generosidad para acoger la denuncia gubernamental. 

La traca

Ese mismo 5 de marzo, el Gobierno andaluz descargaba su traca más ruidosa acusando a su antecesor de ocultar a unos 500.000 andaluces en las listas de espera de pacientes pendientes de intervención o de acudir a consultas de especialistas. Hay en lista de espera "más del doble de personas de las que reconocía el PSOE”, en concreto un total de 843.538 andaluces, denunciaba el consejero de Salud Jesús Aguirre.

Los socialistas volvieron a defenderse en diversas comparecencias y comunicados, pero no consiguieron desacreditar eficazmente la denuncia oficial. El PSOE sostenía que “las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad sobre las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud, aportadas por el Gobierno socialista, son datos oficiales contrastados, expedidos según los criterios y parámetros dictados para todas las comunidades autónomas por el propio ministerio”.

Un descanso

En el Consejo de Gobierno del 12 de marzo, Bendodo se tomó un descanso y optó por un perfil bajo en materia de escándalos. Anunció simplemente que el Gobierno iniciaba los trámites para la extinción de la Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y Arbitraje de Andalucía (Mediara) al objeto de evitar posibles "duplicidades", lo que podría significar un ahorro de hasta 1.635.000 euros.

Tras la reunión del Consejo del 19 de marzo, el portavoz volvió a la carga en la rueda de prensa, esta vez acompañado de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos). Ambos denunciaron que los socialistas habían ocultado a 34.000 andaluces en lista de espera de la atención a la dependencia; el nuevo Gobierno corregiría la situación con un plan de choque dotado con 77 millones.

Un puñado de escándalos

En esa misma comparecencia de prensa, Bendodo desvelaba un buen puñado de escándalos más: los anteriores gobiernos socialistas dejaron sin ejecutar en los últimos diez años un total de 26.923 millones de euros, la media de inejecución anual desde 2015 fue de 2.100 millones de euros y en Andalucía “prescriben cada día 500.000 euros" de subvenciones pendientes de reintegro, lo que significa que la Junta "es embargada varias veces al día".

El PSOE contestó por boca de su exconsejero de Medio Ambiente José Fiscal, que acusó al Gobierno de mentir, de ser unos “trileros políticos” y de poner en juego el futuro económico de Andalucía.

El nivel andaluz de ejecución presupuestaria está en la media y las cuentas andaluzas, argumentó Fiscal, están saneadas: la deuda pública de Andalucía por habitante es de 4.081 euros, por debajo de los 10.400 euros de Cataluña; los 9.300 euros de Comunidad Valenciana, o los 6.286 euros de Murcia. La ministra de Hacienda María Jesús Montero también replicó a Bendodo al día siguiente.