Continúa la polémica en torno a los contratos de emergencia de la pandemia en el Sistema Andaluz de Salud (SAS), valorados en 243 millones de euros y bajo investigación judicial. En este sentido, y debido al papel crucial de la Junta de Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción apunta “al mismísimo consejo de Gobierno” de Juan Manuel Moreno Bonilla, por lo que reclaman todos los informes y acuerdos por los que se eliminaron los controles previos para los contratos de emergencia en la sanidad pública autonómica.
En vista del PSOE-A, en voz del coordinador de presidencia de su grupo parlamentario, Rafael Márquez, en el informe de la intervención de la Junta de Andalucía entre 2022 y 2023 se hace mención a que “no se respetó la legislación vigente”, ahondando así en que hay hasta 19 informes “demoledores” que dan cuenta de que la cuestión es de “enorme gravedad, con un grosero menosprecio a la legalidad y un claro menoscabo a los recursos públicos”.
Los socialistas perciben así que lo sucedido en torno a los contratos en el SAS no comprenden “meras irregularidades administrativas o de expedientes aislados”, sino que es un “modus operandi” que se ha ido acometiendo durante años. Así, Márquez ha venido poniendo el acento en que se han quitado recursos a la sanidad pública para entregárselos a la privada, “que no sabemos si reúnen los requisitos de capacidad”.
Con esta casi veintena de informes en clave negativa sobre la mesa, los socialistas andaluces consideran que se ha revelado la metodología del Gobierno de Moreno Bonilla en materia sanitaria “para contratar a dedo y quitar recursos del sistema público de salud y derivarlo a la sanidad privada, a dedo, sin cobertura legal”: “Informes demoledores que nos llevan a la conclusión que absolutamente todo el sistema de contratación del SAS está viciado y contaminado de irregularidades”, lamentan en un comunicado.
No hubo “aval jurídico alguno”
Con motivo del conjunto de esta situación, ya agravada en el tiempo y con consecuencias judiciales aún por determinar, “se podía haber evitado” si la Junta de Moreno Bonilla no hubiese eliminado en octubre de 2020 los controles previos para las contrataciones de emergencia en el SAS y que “menoscabó fondos públicos”, Anticorrupción “apunta al mismísimo consejo de gobierno, y pide los expedientes, la totalidad de los informes y acuerdos que avalaron esa irresponsable decisión”.
El portavoz socialista sobre esta cuestión hace el inciso en que hay dos razones que sostienen que se avaló jurídicamente la aplicación de estas contrataciones de emergencia durante la pandemia. La primera de ellas, porque no hubo licitación ordinaria tres meses antes y tampoco se respetó el plazo de nueve meses máximo como límite ya que, siguiendo los hechos, se prolongaron hasta dos años y medio. En segundo lugar, los informes de la intervención “tumban y desmontan de forma clara y precisa los argumentos esbozados en esos informes jurídicos”.
Debido a estas razones, no existe “aval jurídico alguno” para que se hubiesen aplicado y mantenido dichos contratos de emergencia en el SAS durante tanto tiempo: “Será una prueba más de que todo lo realizado se ha hecho con claro menosprecio al ordenamiento jurídico”, ahonda Márquez, haciendo hincapié en que este escenario no terminó en mayo de 2023, ya que las contrataciones irregulares llegaron a extenderse “a través de la firma de adendas entre enero y julio de 2024” que fueron a parar a clínicas privadas.
Presunta prevaricación en el SAS con el foco en Moreno Bonilla
La adjudicación de contratos de emergencia en el SAS por valor de 243 millones de euros continúa bajo la lupa del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla y que sitúa el foco directamente en el Ejecutivo autonómico de Moreno Bonilla; así, Anticorrupción se está encargando de estudiar los expedientes que podrían suponer “un desvío masivo e irregular a dedo de cientos de millones de euros”.
En concreto, el magistrado Francisco Javier Santamaría estudia los 79 contratos con clínicas privadas que firmó en enero e 2021 el entonces director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán y que, según iba pasando el tiempo, la Junta iba añadiendo apéndices y prórrogas sobre estas mismas adjudicaciones. Así las cosas, los 70 millones de euros iniciales fueron viéndose aumentados con otros de 55,7 millones en 2021 y 100,9 millones en 2022, alcanzando la cifra final en marzo de 2023 a los conocidos 243 millones de euros de cómputo que engloba esta causa.
El escenario actual se cierne sobre la imputación que se dio a conocer a mediados de este mes de noviembre de hasta tres directores del SAS: la actual jefa del organismo, Valle García; y sus dos antecesores: Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, quienes deberán rendir cuentas ante la justicia.
