El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla investiga un presunto caso prevaricación en la adjudicación a clínicas privadas de 243 millones en contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La Fiscalía Anticorrupción ha hecho propia la investigación y ha reclamado los expedientes de un caso que podría suponer un "desvío masivo e irregular a dedo de cientos de millones de euros" de la sanidad pública a la privada que "se podía haber evitado" de no haberse eliminado los controles previos por parte del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla.
La Junta de Andalucía se encuentra en el centro de la diana y los socialistas andaluces exigen explicaciones a su presidente, al que acusan directamente de haber impulsado una actuación que se ha convertido en "el epicentro y desencadenante de todo un sistema de contratación irregular con menoscabo de fondos públicos”. Así lo ha trasladado Rafael Márquez, coordinador de Presidencia del Grupo Socialista, que lamenta que el Consejo de Gobierno del 6 de octubre del 2020, presidido por Moreno Bonilla, eliminase los controles previos que hasta entonces existían para contratar por emergencia en el SAS.
"Esa fue la decisión clave y eso es precisamente lo que quiere investigar un juez", ha trasladado, y por la que la Fiscalía Anticorrupción ha exigido los expedientes de aquel Consejo de Gobierno. El procedimiento está abierto y el magistrado al cargo, Francisco Javier Santamaría, ha llamado a declarar como imputados a los tres últimos directores del SAS (Valle García, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas). Sin embargo, los socialistas exigen mirar más arriba para pedir explicaciones y reclaman que “Moreno Bonilla no puede dejar pasar ni un minuto más sin dar las explicaciones oportunas en sede parlamentaria".
Retirada del control
La retirada del control financiero que se realizaba antes de la asignación de estos contratos a dedo a clínicas privadas desapareció hace ya más de cuatro años, en medio de la pandemia de la Covid-19. El Consejo de Gobierno de Andalucía así lo decidió, aportando una memoria justificativa firmada por Amelia Martínez, entonces interventora general de ja Junta y ahora viceconsejera de Hacienda. En su interior, como ha adelantaba eldiario.es, no se encontraba argumento específico, sino una consideración.
En consecuencia, la gestión de los contratos de emergencias del SAS con la sanidad privada pasó a corresponder a uno de los imputados por el juez, Migue Ángel Guzmán, acabando con el trámite que obligaba al control previo de la Intervención de la Junta y la autorización de liberación del dinero. En vez de eso, se paso a una auditoría anual a posteriori que concluiría en un informe definitivo dos años después de realizar los contratos. Informes que han llegado años después y han destapado el escándalo.
El referido al curso 2021señala a la Junta por haber emprendido un uso "indebido" de las contrataciones de emergencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa, hasta un año después del impacto de la pandemia de coronavirus, por lo que ya deberían haber vuelto a una tramitación ordinaria. En el informe de 138 páginas aseguran que en mayo de 2021 "la pandemia ya estaba muy atemperada" dado que era más "previsible" que en 2020, y por lo tanto "ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria".
Obligado por la “gravedad” de los hechos
Conocido todo esto, la pasada semana el coordinador de presidencia del Grupo socialista ya exigió al presidente de la Junta “dar la cara” ante la “gravedad” de los acontecimientos que se están investigando. “Tiene que dar la cara ante la ciudadanía que se manifiesta en toda la comunidad en defensa de la sanidad pública frente a su modelo de deterioro y privatización”, trasladaba, ahondando en la “la gravedad” de las contrataciones “irregulares”.
Márquez trasladó en aquel momento el respaldo del PSOE-A a los “miles de andaluces” que llevan varias semanas saliendo a la calle para clamar contra el “importante deterioro de la sanidad pública por el modelo de privatización de Moreno Bonilla”, que tiene como resultado las listas de espera más altas del país, con dos millones de personas. “Los andaluces no entienden por qué con más recursos que nunca la sanidad pública funciona peor que nunca”, insistió el socialista.
