De todas las crisis medioambientales que nos condenan a la incertidumbre la del agua es la que puede llegar a generar un mayor nivel de angustia en la población. Uno puede alcanzar a imaginarse cómo será la vida en un planeta más cálido y por lo tanto menos confortable, con una mayor dificultad para seguir conectados a la energía y por lo tanto a las telecomunicaciones, rodeados por un entorno natural menos acogedor y con su biodiversidad diezmada.
Sin embargo a nadie se le pasa por la cabeza la posibilidad de vivir sin un acceso seguro al agua potable. Entre otras cosas porque la vida sin la compañía del agua es del todo inimaginable. Por eso una de las principales tareas de las administraciones y los gobiernos debe ser alcanzar los acuerdos necesarios para garantizar ese derecho humano.
El problema es que el debate del agua en este país ha funcionado siempre a empujones. En España no hablamos del agua: nos la reprochamos. Por eso es necesario incluir el debate sobre su adecuada gestión en las negociaciones principales para alcanzar un pacto de gobierno.
El agua debe estar encima de la mesa de negociación y en el manual de instrucciones del nuevo gobierno. Hay que gobernarla con temple y valentía, realizando las inversiones necesarias para asegurar el acceso a toda la población y atender las diferentes demandas con una condición básica: la de garantizar la sostenibilidad del recurso y el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos, es decir del agua de la naturaleza.
Con una reducción en las precipitaciones que en muchas comunidades ronda ya el -25% respecto a hace tan solo una década, la amenaza sobre la disponibilidad de agua en España empieza a ser perfectamente seria. De momento nuestros ríos han perdido un 5% de su caudal en los últimos 20 años. Un decrecimiento que sigue avanzando a un ritmo imparable y que exige aplicar una política de aguas más realista, seria y sostenible.
Agua para todos, pero no para todo. Agua razonada y racionada. Agua como patrimonio común y de carácter público, pero siempre desde un uso inteligente y una gestión responsable.
Por eso es imprescindible seguir desarrollando una tecnología del agua basada en la eficiencia. Eficiencia para garantizar el mínimo impacto ambiental de las infraestructuras y equipamientos que garantizan el derecho humano de toda la población al agua. Eficiencia para que ese derecho no se imponga al deber de mantener los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad que acogen. Una eficiencia que debe estar basada en la vocación de servicio público, pero también en la experiencia.
Porque el conocimiento es la herramienta imprescindible para garantizarnos el acceso al agua. De ahí que sea preciso mantener y reforzar la actual red de equipamientos de captación, potabilización, transporte, almacenamiento, distribución, alcantarillado, depuración, reutilización y restitución al medio ambiente que hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos años.
El pacto por el agua debe atender esa responsabilidad social, que debe ser transversal y vinculante a toda acción de gobierno. Porque el próximo período de sequía está a la vuelta de la esquina y esta vez será más severo y prolongado en el tiempo, como estamos empezando a comprobar en el sureste peninsular y ambos archipiélagos.
