El alcalde de Leganés, Jesús Gómez, ha sido imputado por el Juzgado de instrucción número 5 de ese municipio por supuestas irregularidades en el nombramiento de cuatro directores generales, que habrían sido contratados contra el criterio de la interventora municipal a golpe de decretos de la Alcaldía. Centro de la polémica desde hace tiempo, Gómez ha sido muy criticado por acumular varios cargos: regidor, diputado autonómico, consejero de Bankia y miembro del Consejo de Administración de la gestora Bankia Fondos, que le llegaron a situar entre los políticos mejor pagados del país, con un salario superior a los 100.000 euros, mientras suprime ayudas sociales como un subsidio de 400 euros para familias con problemas. En octubre pasado, durante las fiestas de San Nicasio, la lió en Twitter al amenazar a los socialistas del municipio con enviarles a “los cabezas rapadas”.
La oposición le acusa de prevaricación y malversación
La oposición, formada por el PSOE y Unión por Leganés (ULEG), le acusa de posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por no seguir el procedimiento legal en la contratación de los cuatro cargos públicos.
La interventora municipal advirtió al alcalde de las posibles irregularidades
Según avanza El País, la interventora municipal puso en conocimiento del alcalde de las posibles irregularidades que había detectado en el nombramiento de los cargos al considerar que los puestos fueron creados fuera de la plantilla de personal, que sus sueldos no fueron fijados por acuerdo del pleno del Ayuntamiento y que, incluso, el presupuesto no contempla crédito para tales cargos.
Según han confirmado fuentes socialistas a ELPLURAL.COM, los puestos en cuestión son el director de Deportes, Antonio García de mingo; el director de Urbanismo Javier Oporto; de Artes Musicales, Vicente Fernández García; y el de Informática, Javier Sánchez Zurdo. Todos reciben un salario neto anual de unos 50.000 euros.
Santiago Llorente, secretario general del PSOE, aclara que se trata de "cargos políticos" qe se han incluido en la nómina del Ayuntamiento de manera irregular", lo que provoca problemas en el cobro de sus salarios para los funcionarios, ya que desde septiembrela interventora "paraliza" los pagos. "Le hemos exigido por activa y por pasiva al alcalde que cumpla la normativa legal, que cese esos cargos y realice la contratación como alta dirección, como personal eventual, siguiendo todos los pasos que establece la ley, pero el alcalde actúa a su antojo, como en una empresa privada, y, además, saltándose la legislación".
El alcalde no hizo caso a la interventora
El alcalde no ha hecho caso de la advertencia de la interventora y a las críticas de la oposición y ha pagado las nóminas de los directores a golpe de decretos. El juez ha llamado ya a declarar a las exinterventoras Icíar Fernández y Lucía Mora y ha imputado al alcalde, lo que éste ha reconocido. Jesús Gómez, sin embargo, ha intentado quitar hierro al asunto al afirmar que todavía no ha recibido ningún auto formal por parte del juez y cree que todo se quedará “en agua de borrajas”.
La oposición exige su dimisión
El alcalde defiende que los cargos fueron creados según el criterio de la interventora en aquel momento, 14 de diciembre de 2012, y que entonces nadie advirtió que se estuviera cometiendo ninguna ilegalidad.
Alcalde sin consenso
La oposición pide su dimisión porque “ha hecho caso omiso a los informes de intervención y a las soluciones que se le han propuesto” y le acusan de ocultar al Ayuntamiento y a los ciudadanos su imputación. El PSOE denuncia las maneras de gobernar de Jesús Gómez. "No tiene reparos en no aplicar la legalidad" y en los plenos desoye los argumentos y votos del resto de grupos políticos a pesar de gobernar en minoría (PP, 12 concejales; PSOE, 8; ULEG, 4; IU,3).
