Tres años sin cometer delitos
Ahora, el indulto que aprobó el Consejo de Ministros hace más de dos semanas y que ha sido publicado este miércoles, le conmuta la pena por una única de dos años de prisión "dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto".
Tres concejales indultados
El texto de indulto es calcado también para los tres concejales condenados a penas de prisión por los delitos de prevaricación, Antonio Pérez Postigo, Fermín Muñoz Armero y María Teresa Mesa Pernia, y a todos se les advierte de que no podrán cometer "delitos dolosos" en los próximos tres años.
Corrupción perdonada
Una fórmula chocante, porque pareciese que sí puedan cometer delitos después de ese tiempo, pero que es habitual en los indultos. También aparecía en uno de los primeros indultos dictados por Mariano Rajoy. En aquel entonces, a mediados de marzo, la medida de gracia también fue aplicada a culpables de corrupción. Concretamente al exsecretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat, Josep Maria Servitje, y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña, empresario de UDC -el partido coaligado con la Convergencia de Artur Mas- y ex cuñado del dirigente Josep Sánchez Llibre, actual portavoz económico de CiU en el Congreso.
Un golpe rentable
Ambos habían sido condenados en 2009 por haber desviado 7,6 millones de pesetas (unos 46.000 euros) a empresas afines a las que contrataban falsos e inútiles informes. Las condenas a Servitje y Acuña era de cuatro años y medio y dos años y tres meses de cárcel, respectivamente. Pero el indulto de Rajoy convirtió esa condena en sendas multas de 3.600 euros, por lo que el golpe les salió bastante rentable.
Condenados del Yak-42
Aunque sin duda el indulto más sangrante de los concedidos por Mariano Rajoy fue el que otorgó a dos de los militares condenados por la desgracia del Yak-42. El comandante José Ramón Ramírez García y el capitán Miguel Ángel Sáez García habían sido sentenciados por falsificación documental a raíz del accidente aéreo en el que murieron 62 militares españoles, cuyos cadáveres fueron mezclados indiscriminadamente y entregados caóticamente a sus familiares.
Inhabilitación especial
De aquel incidente el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, salió indemne, pero Ramírez García y Sáez García fueron sancionados con una inhabilitación especial que el Gobierno les perdonó con su indulto -las multas y responsabilidades civiles ya habían sido satisfechas por los condenados-.
"Golpe de Estado de Derecho"
Aquella medida no pilló por sorpresa a la Asociación de Víctimas del Yak-42, que ya se la "esperaban" con la vuelta del PP al poder, pero indignó a su presidente, Miguel Ángel Sencianes, quien aseguró que era "inhumano y una burla”. Sencianes calificó el indulto de "golpe de Estado de Derecho", recordó que los implicados “profanaron” cadáveres y “falsearon” documentos oficiales y exigió su salida del Ejército.
