Pedro Sánchez ha mandado una carta a la ciudadanía en la que anuncia que se está planteando su dimisión como presidente del Gobierno tras las diligencias abiertas por un juzgado de Madrid contra su mujer por el caso Koldo. “Necesito parar y reflexionar”, ha expresado, a la vez que ha anunciado que cancela su agenda hasta el próximo lunes 29 de abril, día en el que comparecerá ante los medios de comunicación para anunciar su decisión. Pero, ¿qué pasaría si renunciara a la presidencia del Gobierno? Hay tres posibles opciones ante la decisión que le queda a Sánchez por despejar.

La estructura política de España está diseñada para mantener la continuidad de un Gobierno en casos como este, en el que un presidente del Gobierno pueda dimitir de sus cargos. Según la legislación española, concretamente la Constitución de 1978, hay un proceso claro que se seguiría en el caso de que el presidente del Gobierno decidiera dimitir.

Es en el artículo 101 de la Constitución donde se trata este aspecto. “El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su presidente”, se expone en la Carta Magna.

Pero, ¿esto quiere decir que ante la dimisión de un presidente tiene que dimitir todo el Gobierno? A continuación, la respuesta.

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Aquí entraría en juego el papel del rey de España, Felipe VI, que, tras consultar a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y mediante el presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. En el caso de Pedro Sánchez el caso más esperado sería María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.

Sería esta persona elegida por el rey la que tendría que obtener el apoyo de la cámara baja para ser investida.

No obstante, mientras se lleva a cabo este proceso de designación e investidura del nuevo candidato a presidente, el Gobierno actual continuaría en funciones. Así, el Gobierno continuaría desempeñando sus tareas con normalidad, aunque con ciertas limitaciones.

Gobierno en funciones y candidato a la investidura

El artículo 21.4 de la Constitución establece que un Gobierno en funciones no puede convocar elecciones. De este modo, en caso de que Sánchez decida abandonar el cargo, se abriría una nueva ronda de consultas para la investidura, tal y como recoge el artículo 99 de la Constitución.

Con esto se aseguraría la administración ordinaria del Estado y la gestión de los asuntos públicos.

El nuevo candidato se sometería a una sesión de investidura ante el Congreso de los Diputados, y para ser investido tendría que obtener la mayoría absoluta de los votos de la cámara en primera votación o una mayoría simple en una segunda votación.

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En el caso de que no consiga el apoyo del Congreso esta persona, se disolvería la Cámara y se convocaría elecciones.

Posible moción de confianza

Otra opción es que Pedro Sánchez quiera someterse a una moción de confianza, que rige el artículo 112 de la Constitución. Este artículo indica “el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general”.

Sánchez, ante el dilema planteado, de "si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", podría solicitar a la Cámara Baja si cree adecuado proseguir su mandato.

Nuevas elecciones

Una última opción sería la de convocar elecciones directamente. Con esta vía se tendría que comprometer a adelantar las elecciones en las próximas fechas, ya que hasta mayo no se cumple el periodo mínimo que exige la ley entre unas elecciones y la convocatoria de las anteriores, que está en un año.

“El Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, el Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey”, establece la ley.

En este caso, la fecha podría ser aproximadamente en el mes de julio, como el año pasado, que se convocaron el 23 de julio.

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