La Federación de Asociaciones de Periodista de España (FAPE) ha acordado conceder a Xabier Fortes el amparo solicitado después de que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, presentara una querella contra el informador.

La FAPE lo ha hecho oficial este martes a través de un comunicado en el que recordaba que la querella se ampliaba a los periodistas también de RTVE Enric Juliana y Luis Arroyo, que participaron en el mismo programa por el que Fortes fue demandado por llamar a la pareja de Ayuso “defraudador confeso”.

Así lo ha dado a conocer este martes la entidad, que ha recordado que la querella se extiende también a los periodistas Enric Juliana y Luis Arroyo, participantes en el programa emitido el 26 de noviembre, y se basa en que durante el mismo se calificó a González Amador con el término señalado.

El propio Fortes, en su recurso de amparo emitía, previo comienzo del programa: "El pasado jueves 5 de diciembre, pocos minutos antes de empezar a presentar el programa 'La Noche en 24 horas', recibí un burofax del abogado de Alberto González Amador en el que se me comunica un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias a su patrocinado. En la misma se amplía esa querella a los periodistas Enric Juliana y Luis Arroyo. El abogado de González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, justifica esa querella en el hecho de que en el programa que presento y dirijo nos hayamos referido a su defendido como 'autor confeso de un fraude fiscal'. En la misma, además de exigirme una rectificación y una declaración expresa de que no volveré a utilizar esa expresión, me exige la cantidad de 5.000 euros como indemnización".

La demanda indica que, además de “atentar” contra unos derechos que considera fundamentales como son la libertad de expresión y de información”. Además, acentúa que el documento consta de un carácter total y “directamente intimidatorio” y “de presión contra el director del programa”, así como “contra los periodistas que participaron en el mismo”. En este sentido, opina que va “en la dirección contraria a la legislación europea en materia de SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation)”. Esto es, lo relativo a las acciones judiciales abusivas que se llevan a cabo con el objetivo de silenciar a profesionales con capacidad y derecho de crítica pública y que establece garantías entre ellas atendiendo a la directiva 2024/1069 del Parlamento Europeo.

Así las cosas, la FAPE reprueba "taxativamente la actitud de quienes no respetan el trabajo de los profesionales de la información al tiempo que condena los intentos de amedrentar con actuaciones de este tipo. La FAPE ha condenado reiteradamente estas conductas y no va a dejar de denunciarlas porque suponen un atentado contra las libertades recogidas en el artículo 20 de la Constitución Española".

"Desde la FAPE consideramos que la justicia debe salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información. La legislación europea contempla mecanismos para archivar de manera acelerada este tipo de demandas y sancionar a los que las utilizan. El periodismo consiste en garantizar con honestidad el derecho ciudadano a recibir una información veraz", ha concluido.