Este lunes la Fiscalía decidía apoyar que se investigue la gestión de la DANA que arrasó varias comarcas y localidades valencianas el pasado mes de octubre dejando a su paso 223 víctimas mortales y daños personales y materiales irreparables. Los damnificados llevan desde aquellos días exigiendo que se depuren responsabilidades y parece que, por fin, empiezan a encontrar respuestas, pero ¿por dónde pasa a partir de ahora el futuro de los responsables políticos?.
La vía por la que ha llegado la demanda, los delitos que se investigan y otras cuestiones son de obligado conocimiento para poder entender a qué se enfrenta desde este momento el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y su equipo de gobierno.
Así las cosas, lo primero que hay que tener en cuenta es que la actuación del Ejecutivo alcanzó los tribunales como consecuencia de la presentación de varias denuncias y querellas firmadas por Colectivos, asociaciones, sindicatos e incluso personas a título individual (particulares) pidiendo que se esgriman responsabilidades penales de los dirigentes políticos que, entre otras cosas, se encontraban al frente de los servicios de Emergencia el peor día del temporal.
Todas las denuncias en una
Esto es importante porque implica que, además de Mazón, haya otros nombres sobre la mesa -de hecho hay quienes apuntan más a otros rostros que al propio líder valenciano- como la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín Moratilla; y el secretario autonómico Emilio Argüeso.
Las siete denuncias forman parte de una especie de macroquerella después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acordara acumularlas en la misma causa. Esto es porque todas ellas tratan los mismos hechos, mientras que al menos dos siguen en los juzgados ordinarios.
¿Qué posibles delitos persiguen a Mazón?
Si bien los hechos por los que se presentan las acusaciones contra el equipo del PP -y especialmente contra el president de la Generalitat en la autonomía, son los mismos- las acusaciones consideran que los delitos que se han cometido son diferentes. De esta manera, el escrito en el que la Fiscalía respalda la investigación destaca que los “relatos fácticos son coincidencia en esencia, y asimismo lo son las infracciones omisivas, inacciones y falta de diligencias que comportan los resultados que se atribuyen a los querellados y denunciados”.
En este sentido, son varios los delitos que persiguen a Mazón en tanto en cuanto es por los que se les acusa, ya que hay quienes le señalan como autor de un delito de prevaricación, otros de un delito de omisión de socorro… y así hasta contemplar otras infracciones graves como por ejemplo el derecho de los trabajadores. Tampoco falta en la lista una posible responsabilidad por homicidio imprudente o daños imprudentes.
Condición de aforado
Si bien a juicio de la Fiscalía la actuación del Gobierno regional debería ser investigada por un juzgado de instrucción, la condición de aforado de Mazón es “incuestionable” y no permite que esto sea así.
Teniendo esto en cuenta, la Fiscalía podría haber rechazado investigar los hechos, pero lo que hizo sin embargo fue no apoyar la admisión de la causa especial en el Tribunal Superior de Justicia, que acumuló todas las acusaciones contra el presidente valenciano.
Con ello, descarta que los hechos sean investigados en el Teste órgano de la Comunidad Valenciana y de esta manera sea un juzgado de instrucción quien lidere las pesquisas para, después poder elevar la exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia en el supuesto de que existieran indicios de criminalidad.
Así lo expone la Fiscalía en su texto: “De conformidad con la doctrina jurisprudencial no resulta procedente iniciar la instrucción del procedimiento (por parte de la Sala Civil y Penal del TSJ valenciano). Ello supondría que este Tribunal asumiera una actividad investigadora desde el incipiente estado en que se encuentra la Causa Especial 55/2024, a fin de dilucidar si concurren indicios fundados de responsabilidad penal contra el único aforado cuando esta potestad corresponde a los Juzgados de Instrucción (…)”.
Hay que resaltar que dentro del entorno de Mazón solamente él es aforado, dado que Salomé Pradas perdió el fuero en el momento en el que se publicó su cese como miembro del Ejecutivo, pero podrá recuperar dicha condición en caso de volver al Consell. También despuntan como aforados diputados y senadores, pero se diferencian con el resto de nombres en que deben responden ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS).
Una decena de causas por la gestión de la DANA
Por el momento hay sobre la mesa una decena de causas por la gestión del temporal, si bien hay otras tantes en el Alto Tribunal. También se han presentado denuncias contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la exvicepresidente Teresa Ribera e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
