La empresa Villafuel, con el empresario Víctor de Aldama a la cabeza, creó, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) al que ha tenido acceso ElPlural.com, una “organización criminal obtendría un «beneficio directo» que, posteriormente y a través de distintos canales de blanqueo, pondrían a su disposición para su disfrute”, todo ello procedente de un fraude millonario de IVA en la venta de hidrocarburos que los agentes han cifrado en 182 millones de euros.
De hecho, dice el informe que, Víctor de Aldama y Claudio Rivas "poseen los conocimientos globales y la capacidad necesaria para dirigir el correcto funcionamiento de la operativa criminal a todos los niveles, siendo imprescindible su papel para dar efectividad y continuidad de la actividad de la organización criminal y lograr el perfeccionamiento de los delitos contra la Hacienda Pública y por el blanqueo de capitales", y añaden que, "son los responsables últimos del presunto fraude cometido en entre noviembre del 2022 y febrero de 2024, cuantificado por la AEAT en más de 182,5 millones de euros y que, actualmente, podrían verse incrementado al poder estar realizando la presunta operativa delictiva, a través de otras sociedades instrumentales que las expuestas a lo largo del presente atestado".
Hasta el momento, según los agentes, se han identificado siete sociedades, así como diversas cuentas bancarias establecidas en Portugal, Colombia y China, como receptoras de fondos procedentes de la operadora y de las suministradoras involucradas en la comisión del fraude, como punto intermedio o final, de canal de blanqueo que permitió, “a los miembros directivos de la organización criminal, ocultar 73.902.852,60 euros de procedencia delictiva”. Dice el informe que, los principales responsables de la organización criminal, “crearon y diseñaron operativas fiduciarias con empresas en Suiza y, posiblemente, en Luxemburgo en las que alojaron patrimonio y bienes titulados por empresas investigadas y por los propios directivos de la organización criminal”.
La investigación realizada ha permitido determinar que, respecto a este esquema, la operadora Villafuel SL “no es que se aproveche del fraude que terceros ajenos a la misma llevan a cabo a través de las suministradoras, sino que el conglomerado societario conformado por ésta operadora y las suministradoras, está creado, dirigido, implementado, controlado y administrado por Claudio Rivas, Víctor de Aldama y María Luisa Rivas, con la cooperación de Javier Cillán, Pedro Antonio Marín y Félix Aparicio, con la finalidad de llevar a efecto la actividad defraudatoria que les permitirá incrementar de manera notable sus ventas e ingresos”.
Así, los imputados, valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos, autorización sin la cual el fraude no habría tenido lugar, y tras suscribir un contrato de servicios logísticos con la compañía que actúa como depósito fiscal Exolum Corporation SA, comenzó a adquirir a otros operadores productos petrolíferos y, ficticiamente, simular su transmisión a siete empresas. Vinculados a ellas actuarían los administradores de derecho quienes, velando a los administradores de hecho y en el contexto de operaciones comerciales de compra venta de hidrocarburos, materializarían las operaciones reales que derivaron en el impago del impuesto a través de la interposición de dichas empresas, sobre las que recaería la responsabilidad.
Explican los agentes, que el fraude del IVA no solo afecta a las arcas públicas, sino que además, “la falta de ingreso del IVA permite a los defraudadores competir en el mercado con ventajas ilícitamente obtenidas, pues pueden utilizar el porcentaje de gravamen del producto como margen comercial y vender, incluso, a pérdida. De esta manera, acaparan parte del mismo, socavando la libre competencia e influyendo en la formación del precio de los productos del mercado en el que desarrollen su actividad”.
