La Abogacía del Estado ha vuelto a solicitar el volcado del teléfono del jefe de Gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el polémico Miguel Ángel Rodríguez. Tal y como sucediera ayer, el magistrado instructor de la causa que mantiene imputado al Fiscal General del Estado, Álvaro García, ha dicho que no, pero a diferencia de lo que sucedió el día anterior, esta vez ha dejado la puerta abierta a que sí se realice ese volcado en un futuro.

Esta petición se ha realizado porque hay una discrepancia evidente entre lo que declaró Rodríguez y lo dicho por uno de los periodistas de elDiario.es. El asesor aseguró que nadie de ese medio le llamó para contrastar, mientras que el periodista ha dicho que no solo le llamaron sino que tiene mensajes en su teléfono móvil que demuestran que se contrastó la información. De hecho, este periodista volverá mañana al Tribunal Supremo para entregar un pantallazo de lo que le envió al jefe de Gabinete de Ayuso.

Acceso a los correos antes que el FGE

Uno de los momentos que ha dejado perplejos a propios y extraños ha sido cuando el periodista de la Cadena Ser ha explicado que tuvo acceso a los correos del novio de Ayuso, Alberto González Amador, seis horas antes de que el fiscal general del Estado tuviera acceso a ese mismo correo electrónico.  Es decir, que no pudo ser García la persona que filtró el correo en el que González Amador reconocía haber cometido dos delitos fiscales y solicitaba llegar a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal.

Los periodistas, todos ellos, y como no podía ser de otra manera se han acogido a su derecho a no revelar ningún dato que afecte a una fuente de información. Así pues, y pese a la insistencias de las acusaciones, no han respondido a ninguna de las preguntas relativas a quién o quiénes fueron las personas que les facilitaron una copia de los correos electrónicos autoinculpatorio del novio de la presidenta madrileña. En este sentido, ha sido el propio magistrado Ángel Hurtado el que ha tenido que pararles los pies a las acusaciones populares, así como al letrado de Gonález Amador, por las preguntas relativas a las fuentes de información que pretendían hacerles a los periodistas citados este jueves en el Tribunal Supremo.