La causa judicial que se cierne sobre Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha abierto un abanico de acusaciones e investigaciones en los últimos meses que han ido a parar a una causa en el Tribunal Supremo que ha derivado en la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o la declaración en calidad de testigo de un reguero de personalidades con protagonismo absoluto del asesor de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Sin embargo, la cronología de los hechos y el bulo sobre las filtraciones han opacado el proceso y generado cierta confusión la esfera pública.
El juez instructor, Ángel Hurtado, investiga si el fiscal general del Estado cometió un presunto delito de revelación de secretos por la filtración a los medios de un correo electrónico, fechado el 2 de febrero del año pasado, donde la defensa del novio de Ayuso admitía la comisión de los dos delitos fiscales por los que está siendo investigado, proponiendo así a la Fiscalía de Madrid un pacto de conformidad por el que se aceptaba devolver los más de 350.000 euros defraudados, más una multa y los intereses de demora para eludir así ocho meses de cárcel. Esta información circuló previamente por distintos medios de comunicación, pero lo más destacado es que la confesión de culpa de González Amador fue conocida, al menos, 31 horas antes de que García Ortiz reclamase a su equipo corroborar el contenido del mensaje.
Periodistas de distintos medios -El País, Cadena Ser y El Mundo- fueron llamados a declarar ante el juez por estos motivos, admitiendo que conocieron la información sobre la oferta del pacto antes de que este correo llegase al buzón de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el magistrado no ha tenido en cuenta sus testimonios al considerar que “no aportan datos objetivos”, manteniendo así la imputación al fiscal general. Además, se ha conocido este lunes que tampoco volcará el contenido del móvil de Miguel Ángel Rodríguez para determinar esta misma cuestión de cruces de mensajes.
Por parte de El País, reconstruyen este lunes, y de manera cronológica aportando los mensajes de texto, para dar cuenta de cómo sucedió esta causa que ahora está bajo lupa judicial. De esta manera, prueban así que más de 30 horas antes de que García Ortiz reclamara el correo electrónico donde se daba cuenta del reconocimiento de culpabilidad de González Amador de haber cometido el doble delito fiscal, este medio ya tenía en su poder dicha información.
Cronología de los hechos
El 12 de marzo, a las 14:18 horas de la tarde, fuentes jurídicas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) informan a la Audiencia Provincial de Madrid de que la defensa del novio de Ayuso aceptó pagar una multa reconociendo el delito de doble fraude fiscal. El subdirector del medio, José Manuel Romero, pide a la sección de local que trabaje en el tema, y es el periodista Fernando Peinado el que se encarga de ponerse en contacto con el abogado, Carlos Neira.
Al no obtener respuesta por teléfono, el periodista citado envía un email a las 15:02 horas: “Nos ha llegado la información de que Alberto González Amador ha pagado hoy la cantidad que le reclama Hacienda ¿Puedo por favor confirmar esto contigo?”. Tampoco recibe respuesta. Media hora más tarde, el redactor jefe de la sección, Luis Gómez, pregunta al periodista “en qué fase” se encuentra la investigación, respondiendo éste que aún no ha recibido respuesta. Finalmente, a las 16:19 horas de aquella tarde, el periodista de El País se dirige al teléfono del abogado de González Amador para pedirme la misma información que ya requirió por correo electrónico. Una vez más, no hay respuesta.
Sin embargo, aquella misma mañana Neira, que no contestó al periódico mencionado, envió a las 9:00 horas de la mañana un mensaje de WhatsApp a su cliente anunciando que el fiscal Julián Salto le envió diez minutos antes la denuncia a través de email, donde se hacía alusión al “acuerdo” en cuestión. El mensaje de texto reza: “He recibido el correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima”.
Ya el 13 de marzo fue cuando la filtración comenzó a circular por el mundo mediático a raíz de la intervención del asesor de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. A las 21.29 horas de la noche de aquel día, El Mundo publicó la información falsa en la que se afirmaba que la Fiscalía ofrecía el pacto a la defensa del novio de Ayuso, cuando la realidad fue totalmente la contraria, ya que fue el abogado quien hizo esta petición en el correo del 2 de febrero.
En el último cuarto de hora antes de las 22:00 horas de la noche del 13 de marzo, el fiscal general, García Ortiz, reclama a su equipo conseguir los correos del abogado al fiscal. Estos mensajes ya eran conocidos por cuatro medios de comunicación a aquella hora, antes de que el fiscal solicitara a la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, dichos correos. Como respuesta, la fiscal llamó a Salto para recabar estos correos y en el que se constató que, a las 21.56 horas del día anterior, fue el abogado Neira el que propuso el pacto al Ministerio Público.
No fue a partir de las 22:10 horas de aquella noche cuando los medios de comunicación comienzan a desmentir lo publicado por El Mundo, que venía de la mano de una filtración directa del Ejecutivo de Sol, séase, de Miguel Ángel Rodríguez, algo de lo que éste se hizo eco a su vez en redes sociales. Como respuesta así, el asesor de Ayuso envió minutos después a un grupo de periodistas el contenido íntegro del último correo del fiscal Salto al abogado de González Amador.
Rodríguez tuvo acceso al correo gracias a González Amador, quien se lo reenvió junto a otro mensaje del abogado Neira, en el que éste indicaba que dicho pacto “seguía en pie”. A pesar de ello, el jefe de gabinete de Ayuso prosiguió con el bulo de que el novio de la presidenta no pudo responder a la propuesta de acuerdo “porque la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo”.
