Continúa el proceso judicial que sumerge en el mismo caso al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, y a la Fiscalía General del Estado. En esta vorágine, se encuentra el principal asesor de la lideresa regional, Miguel Ángel Rodríguez, sobre quien ha trascendido que el juez que instruye el caso ha vuelto a rechazar el volcado de su móvil, todo ello pese a sus contradicciones con respecto al testimonio que ofreció la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, sobre la misma causa.
Lastra reveló que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso estuvo difundiendo el bulo de la Fiscalía entre distintos periodistas y medios de comunicación. Entonces, la fiscal declaró ante el juez que aquel 13 de marzo su jefe de prensa le llamó por la noche para preguntarle sobre este supuesto pacto que el Ministerio Público habría ofrecido a la defensa de González Amador, asegurándole que un periodista iba a publicar la noticia de que el fiscal tenía la intención de llegar a este acuerdo, pero que se habría frustrado por órdenes mayores. El medio en cuestión aseguraba tener constancia de este hecho y, como fuente, citó al jefe de gabinete de la presidenta madrileña.
Esta declaración en el Tribunal Supremo fue el motivo principal por el que las defensas pidieron de nuevo el volcado del móvil de Miguel Ángel Rodríguez para la continuidad de la investigación; algo que el juez volvió a rechazar. Finalmente, el asesor de Ayuso declaró hace días atrás como testigo que no filtró a la prensa dicho correo en el que la Fiscalía habría respondido al ofrecimiento del pacto hasta casi las 22:30 horas, después de que esta información se publicara en El Mundo.
En seguimiento del testimonio de Lastra, la fiscal insistió en que supo de la existencia de estos correos electrónicos del 12 de marzo tras una reunión en la que estuvieron la viceconsejera de Justicia del Ejecutivo de Sol, Carmen Martín, el fiscal Julián Salto y la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, además de la propia Lastra. La viceconsejera se ausentó por una llamada y, en su regreso a la reunión, preguntó a los presentes quién pagó el suelo del jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, insinuando que éste pudo haber estado detrás de la filtración de la denuncia contra el novio de Ayuso.
Según el relato de Lastra, fue Salto quien contó el caso y dio cuenta del cruce de estos correos con la defensa de González Amador. Éste mismo, en su declaración posterior ante el juez, tan sólo se refirió a la existencia de estos correos en la noche del 13 de marzo, cuando estalló el escándalo del bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez de que el pacto había partido de la Fiscalía.
Negando así la veracidad de la información del medio citado, algo que también rechazó en sede judicial el fiscal de delitos económicos al considerar que ese mensaje fuera “información confidencial”, las defensas de la Fiscalía General como de la Provincial de Madrid reclamaron al juez del Supremo que instruye la causa que quedase recogida esta contradicción en las partes contando con el volcado del móvil de Rodríguez; sin embargo, el magistrado se negó apelando al paso del tiempo y la dificultad para recordar el detalle.
Cabe reiterar que la Fiscalía de Madrid no tiene constancia de la existencia del novio de Ayuso hasta el 7 de marzo, día en el que el expediente tributario llega al Ministerio Público Provincial y el Superior de Madrid, al que tienen acceso sus jefaturas y secretarias. A este correo, tuvieron acceso otros profesionales del entorno.
González Amador, imputado y llamado a declarar el 7 de febrero
En paralelo, el caso que investiga el presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado un giro en las últimas fechas con la citación en calidad de imputado del propio González Amador. El próximo mes de marzo vence el plazo de la instrucción judicial sobre la denuncia que interpuso la Fiscalía en su contra tras recibir el informe de la Agencia Tributaria que alegaba dos presuntos delitos de fraude y otro de falsedad documental, aunque sobre éste caso hay otra pieza separada relacionada con otros delitos distintos en los negocios del acusado. El Ministerio Público cifró en más de 350.000 euros el presunto fraude cometido por el novio de Ayuso entre 2020 y 2021.
